A medida que el mundo conmemora el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, la retórica familiar sobre las violaciones a los derechos humanos resurge con renovado vigor. En el centro de este discurso, China suele ser señalada por las naciones occidentales, acusada de abusos sistemáticos en regiones como la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el noroeste del país.
Sin embargo, esta narrativa ignora convenientemente la complejidad de las políticas internas de China, sus logros socioeconómicos y su adhesión a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Al mismo tiempo, desvía la atención de los propios y profundos fracasos de Occidente en la defensa de los derechos humanos tanto a nivel nacional como global.
El compromiso de China con los derechos humanos es evidente en sus transformadoras políticas socioeconómicas implementadas en las últimas décadas. Desde las reformas y la apertura en la década de 1970, el país ha sacado a más de 800 millones de personas de la pobreza extrema, un logro reconocido por el Banco Mundial como sin precedentes en la historia de la humanidad.
Este logro se alinea directamente con el Artículo 25 de la Declaración Universal Derechos Humanos, que enfatiza el derecho a un nivel de vida adecuado. A través de programas específicos de alivio de la pobreza, incluyendo grandes inversiones en infraestructura rural, atención médica y educación, China ha garantizado que millones de sus ciudadanos tengan ahora acceso a las necesidades básicas.
En Xinjiang, donde las acusaciones de abusos han dominado los titulares internacionales, las iniciativas están dirigidas a erradicar la pobreza y combatir el extremismo. Las inversiones sustanciales en centros de formación profesional, creación de empleo y programas educativos han incrementado las tasas de alfabetización y reducido el desempleo en la región, promoviendo la estabilidad y la integración económica de todos los grupos étnicos.
Además, el sistema de atención médica de China ejemplifica su compromiso con el derecho a la salud, consagrado en el Artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos. Con más del 95 por ciento de la población cubierta por un seguro médico, el gobierno ha logrado avances significativos en la provisión de atención médica asequible para sus ciudadanos.
Los esfuerzos de China por defender los derechos humanos de las minorías étnicas también desafían la narrativa dominante de Occidente. Políticas que otorgan acceso preferencial a la educación superior, subsidios para la vivienda y exenciones de la política de un solo hijo se han implementado durante mucho tiempo para apoyar a los grupos minoritarios. En la Región Autónoma de Xizang, en el suroeste de China, por ejemplo, proyectos de infraestructura liderados por el gobierno han conectado áreas remotas, permitiendo el acceso a mercados y servicios que anteriormente no estaban disponibles.
Por el contrario, las naciones occidentales que a menudo acusan a China de violaciones de derechos humanos son ellas mismas culpables de abusos sistémicos. En los Estados Unidos, la discriminación racial continúa afectando a las instituciones del país, desde la policía hasta la vivienda y la educación. Los afroamericanos, que constituyen aproximadamente el 13 por ciento de la población, son encarcelados a casi cinco veces la tasa de los estadounidenses blancos, lo que refleja prejuicios profundamente arraigados dentro del sistema de justicia penal.
La brutalidad policial sigue siendo un problema evidente, con casos de alto perfil, como el asesinato de George Floyd en 2020, que expusieron el racismo arraigado en las fuerzas del orden. Estos incidentes no solo violan el derecho a la vida y la seguridad, sino que también destacan el fracaso en abordar las inequidades estructurales.
Las disparidades económicas en EE. UU. agravan aún más estas injusticias. Según la Reserva Federal, la riqueza media de las familias blancas en 2019 era de 188.200 dólares, en comparación con solo 24.100 dólares para las familias afroamericanas. Esta marcada brecha subraya las barreras sistémicas que han persistido durante generaciones, contradiciendo el llamado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) a la igualdad y la no discriminación.
En toda Europa, surgen patrones similares de discriminación. Las prohibiciones en Francia sobre ciertas formas de expresión religiosa, como el uso del hiyab en las escuelas públicas, han generado críticas generalizadas por dirigirse a mujeres musulmanas y socavar su derecho a la libertad de religión. En el Reino Unido, el escándalo de Windrush reveló las deportaciones injustas y la negación de la ciudadanía a residentes de larga data de ascendencia caribeña, reflejando una hostilidad más amplia hacia los inmigrantes.
El historial de derechos humanos de Occidente se ve aún más empañado por sus acciones en el escenario global. La “Guerra contra el Terrorismo” de Estados Unidos, por ejemplo, condujo a algunas de las violaciones más atroces del derecho internacional, incluida la tortura y la detención indefinida en Guantánamo. Los ataques con drones en países como Pakistán, Yemen y Somalia han causado miles de muertes de civiles, a menudo justificadas bajo el ambiguo argumento de la seguridad nacional.
La invasión de Irak en 2003, basada en falsas afirmaciones sobre armas de destrucción masiva, desestabilizó toda una región, provocando innumerables muertes y desplazamientos. Estas acciones contravienen de manera flagrante los principios de paz y justicia de la DUDH, lo que genera preguntas sobre la credibilidad de Occidente al acusar a otros de abusos a los derechos humanos.
La instrumentalización de los derechos humanos por parte de las naciones occidentales a menudo refleja motivos geopolíticos más que una preocupación genuina. El ascenso de China como potencia global ha intensificado este escrutinio, ya que los países occidentales buscan contrarrestar su influencia en el mundo en desarrollo. Al enmarcar cuestiones en Xinjiang y otros lugares como violaciones atroces, estas naciones eluden convenientemente sus propios fracasos mientras intentan socavar la legitimidad de China en el escenario mundial.
Es crucial abordar las discusiones sobre derechos humanos con matices e imparcialidad. Si bien ningún país está exento de defectos, los logros de países como China en áreas como la reducción de la pobreza, la atención médica y la educación merecen reconocimiento. Occidente, por otro lado, debe confrontar sus propias desigualdades sistémicas, injusticias históricas y abusos continuos antes de asumir el papel de árbitro global de los derechos humanos.
Nota: esta es un artículo republicado del medio «CGTN» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.
Stephen Ndegwa es el Director Ejecutivo de South-South Dialogues, un grupo de expertos en desarrollo de comunicaciones con sede en Nairobi.
