¿Cómo se mantiene la democracia más grande del mundo?

Es un honor singular impartir esta conferencia bajo la Cátedra Sukhomoy Chakravarti, auspiciada por el Centro de Estudios Económicos y Planificación. Agradezco profundamente al profesor Praveen Jha, titular de la Cátedra Sukhomoy Chakravarti, por esta amable invitación.

¿Qué tan bien se mantiene la democracia más grande del mundo? En resumen: con dificultades. El marco democrático de la India se mantiene formalmente intacto. En cuanto a los procedimientos, la democracia india sigue funcionando; las elecciones se celebran con una regularidad impecable, la participación electoral se mantiene alta, a menudo superando la de muchas democracias occidentales, y las elecciones en todos los estados se mantienen competitivas. Sin embargo, bajo este vigor participativo, la integridad de las instituciones clave se ha erosionado constantemente. Esta erosión está impulsada por un proyecto político deliberado de la derecha hindú, que busca transformar la democracia liberal en un orden mayoritario, una dinámica ampliamente documentada por datos empíricos y análisis políticos recientes, como se explora en esta conferencia. 

Contexto histórico

El surgimiento de la India como república democrática en 1947 marcó un momento decisivo en la historia mundial. Consolidada por la Constitución de 1950, la democracia india construyó instituciones sólidas, una prensa vibrante, un sistema multipartidista y protección de los derechos de las minorías. Este audaz experimento fue excepcional en el mundo poscolonial, donde los nuevos estados independientes a menudo se inclinaban hacia el autoritarismo o el régimen de partido único. India, en cambio, mantuvo la gobernanza democrática durante décadas, institucionalizando la competencia electoral, la libertad de expresión y el Estado de derecho, interrumpido solo brevemente durante el Estado de Emergencia (1975-1977).

Una fortaleza fundamental de la democracia india ha sido su negativa a definir la unidad nacional en términos de una sola identidad, ya sea religiosa, lingüística o étnica. El orden constitucional acogió explícitamente la diversidad, protegiendo los derechos de las minorías y promoviendo el federalismo en una sociedad donde la diferencia era la norma. Sin embargo, en las últimas décadas, estos fundamentos pluralistas se han visto sometidos a tensiones. El equilibrio imaginado por los fundadores ha cambiado. Este cambio sienta las bases para el surgimiento de un sistema político cada vez más definido por el dominio mayoritario.

El giro posterior a 2014

El equilibrio democrático pluralista de la India comenzó a cambiar con el auge del nacionalismo hindú y el Partido Bharatiya Janata (BJP) en 2014. Ese año, el BJP desplazó al Partido del Congreso en el centro, asegurando una mayoría decisiva en la Lok Sabha con 282 de los 543 escaños y llevando a Narendra Modi al poder como primer ministro. El partido consolidó su dominio en 2019, ampliando su mayoría a 303 escaños. Su liderazgo interpretó este mandato como una licencia para impulsar una ambiciosa agenda ideológica, que ha impulsado una reconfiguración fundamental de las instituciones estatales según líneas mayoritarias. Ideas que antes se consideraban de extrema derecha, anteriormente confinadas a los márgenes, ahora se han generalizado, configurando la política gubernamental y el discurso público y señalando un cambio significativo en la orientación ideológica más amplia del país.

El gobierno no tardó en traducir su visión de una India mayoritaria en políticas públicas. Una de las medidas más importantes fue la derogación de los Artículos 370 y 35A en agosto de 2019, que despojó al antiguo estado de Jammu y Cachemira de su estatus constitucional especial y lo degradó a dos Territorios de la Unión. A esto le siguió el veredicto del Tribunal Supremo en Ayodhya, que legitimó la demolición de la mezquita Babri y alineó al poder judicial con las narrativas políticas dominantes. Este cambio se profundizó con la Ley de Enmienda de la Ciudadanía y la propuesta de la NRC, que introdujo la religión como criterio para la ciudadanía. Estas medidas pusieron de manifiesto un cambio ideológico hacia una visión nacional hinduista, que se apartaba radicalmente de los fundamentos seculares e inclusivos de la república.

El nuevo orden político que surgió a través de estas políticas y procesos se sustenta en tres pilares interrelacionados: el mayoritarismo, que privilegia a la mayoría étnica; un ejercicio de poder cada vez más centralizado; y una estrecha alianza entre el partido gobernante, el gran capital y el capital internacional. Juntos, crean un panorama donde la desigualdad, la centralización y el antiliberalismo se refuerzan mutuamente para consolidar la dominación. 

Retroceso democrático

A diferencia del Estado de Emergencia de 1975-77, cuando se suspendieron formalmente los procedimientos democráticos, la profunda transformación desde 2014 se ha llevado a cabo a través de vías legales y administrativas, en lugar de la suspensión formal de la democracia. El poder se ha concentrado cada vez más en el ejecutivo, con la Oficina del Primer Ministro (OPM) ejerciendo una influencia desproporcionada y reduciendo el papel del Parlamento y los gobiernos estatales. Esto refleja un cambio más amplio hacia una gobernanza personalizada, donde decisiones clave como la desmonetización de 2016, las huelgas quirúrgicas transfronterizas de 2019 y el confinamiento por la COVID-19 de 2020 se tomaron unilateralmente, a menudo eludiendo los procedimientos institucionales y los mecanismos de coordinación federal. Simultáneamente, los principales organismos de supervisión, como el Banco de la Reserva de la India (RBI), la Oficina Central de Investigación (CBI), la Comisión Central de Vigilancia (CVC), la Agencia Nacional de Investigación (NIA), la Comisión Central de Información (CIC) y la Comisión Electoral de la India (ECI), han enfrentado una importante erosión de su autonomía, lo que ha debilitado el sistema de pesos y contrapesos del país.

Al mismo tiempo, el espacio para la oposición política se ha reducido. Esta tendencia es evidente en la búsqueda del BJP de una «India sin Congreso», que va más allá de la rivalidad electoral y abarca un esfuerzo más amplio por marginar a los rivales políticos. El objetivo parece ser la construcción de un sistema de partidos hegemónico en el que la disidencia se debilita institucional y discursivamente, tanto en foros formales (como el Parlamento) como en la esfera pública. Esto refleja un patrón observado en muchos países, donde a los partidos de oposición se les permite una existencia formal, pero se les excluye funcionalmente de una participación significativa en la democracia.

Aunque este régimen ostenta un poder sin precedentes, es notablemente más intolerante a la crítica, impulsado por la sensación de que su proyecto de control del pensamiento sigue incompleto. Busca vigilar y disciplinar a cualquiera que piense de forma independiente, tildando a la disidencia de «antinacional» y coaccionando a los grupos sociales que protestan o se resisten. Esta deslegitimación sistemática de la disidencia, sumada a los ataques contra los defensores de los derechos humanos y la erosión de la autonomía institucional, constituye la base del nuevo orden político.

El espacio de la sociedad civil se ha reducido drásticamente a medida que el Estado restringe la actividad de las ONG mediante enmiendas cada vez más restrictivas a la FCRA, que han obstaculizado la financiación extranjera y provocado la cancelación de miles de registros de ONG desde 2020, más de 20.000 solo en 2021. Los críticos son sistemáticamente tildados de «antinacionales», una táctica que equipara la disidencia con la deslealtad y refleja una retórica similar en países como Estados Unidos, Turquía y Filipinas. La represión de las protestas y otras formas de disidencia se ha convertido en un rasgo distintivo de esta estrategia.

Las instituciones académicas, antaño centros de investigación crítica, se enfrentan ahora a una creciente presión. La UGC ha impuesto controles más estrictos a las colaboraciones extranjeras, ha dictado el contenido de los programas de estudio y ha promovido la «educación patriótica», mientras que los campus han sido escenario de reiterados esfuerzos para frenar las protestas. El profesorado crítico con el gobierno se enfrenta a acoso o acciones legales. Estas intervenciones buscan limitar el alcance del discurso permisible y alinear el trabajo académico con una agenda mayoritaria, en consonancia con acontecimientos como la expulsión de la Universidad Centroeuropea de Budapest por parte de Hungría y una serie de despidos y suspensiones en Turquía contra personal universitario y docentes acusados ​​de vínculos con un intento de golpe de Estado en 2016, en particular con el movimiento Gülen.

El panorama mediático ha experimentado una transformación similar. El control gubernamental sobre los ingresos publicitarios, el uso de agencias reguladoras para penalizar a medios críticos y la consolidación de la propiedad entre grupos empresariales afines al partido gobernante han generado un entorno mediático homogeneizado donde predominan los medios afines al Estado y las voces críticas son marginadas. Los periodistas de investigación se enfrentan a acoso legal e intimidación, mientras que el endurecimiento de las normas en redes sociales y la eliminación de contenido restringen aún más los espacios digitales para la disidencia, garantizando que las narrativas favorables al gobierno prevalezcan en la esfera pública y reduciendo la visibilidad de las perspectivas de la oposición. 

Desigualdad económica sin precedentes

Estas transformaciones políticas se han producido junto con un drástico aumento de la desigualdad económica, que a menudo lo ha reforzado. India se enfrenta ahora a una marcada escalada de la desigualdad económica. Según el Laboratorio Mundial de Desigualdad, con sede en París, la participación del 1% más rico de la población en la renta nacional, que rondaba el 12% en el momento de la independencia, tras haber descendido a cerca del 6% en 1982, ha aumentado a aproximadamente el 23% en 2023, su nivel más alto en un siglo. La concentración de la riqueza, sin precedentes incluso en la época colonial, marca una de las brechas más graves entre ricos y pobres en la historia moderna de India.  

Esta desigualdad extrema está profundamente vinculada a un nexo intensificado entre el Estado y las corporaciones, definido por la creciente proximidad de las élites empresariales al poder político. Las corporaciones más grandes de la India ahora lideran no solo en ingresos y activos, sino también en su capacidad para influir en las políticas y los resultados políticos. Su alcance abarca sectores críticos, como aeropuertos, generación de energía e infraestructura, y se extiende al financiamiento político a través de instrumentos como los bonos electorales y el Fondo PM CARES. Esta concentración de poder corporativo ha dependido de un apoyo político sostenido, lo que refuerza un patrón en el que los intereses empresariales aprovechan los vínculos políticos para asegurar ventajas regulatorias y oportunidades lucrativas, a menudo opacas. Magnates corporativos como Mukesh Ambani se han beneficiado históricamente de las conexiones políticas, mientras que en los últimos años el nexo se ha profundizado aún más, más visiblemente en la rápida expansión de Gautam Adani, impulsada por cambios regulatorios y grandes acuerdos de privatización con frecuencia concluidos al margen de procesos de licitación transparentes.

Los ricos de la India ejercen ahora una influencia descomunal sobre los partidos políticos, la financiación de campañas y los medios de comunicación, lo que refleja una convergencia cada vez más profunda entre el capital corporativo, la derecha hindú y el Estado. Esta alianza, que se refuerza mutuamente, consolida el poder corporativo a la vez que consolida la política mayoritaria, un acuerdo fundamentalmente incompatible con la democracia. Mientras millones de personas se enfrentan al desempleo, la precariedad laboral y la insuficiencia de servicios básicos, la atención política se ha desplazado hacia la identidad, la seguridad nacional y los conflictos simbólicos, redirigiendo la frustración pública hacia amenazas imaginarias de las minorías, sin afectar las condiciones económicas subyacentes.

Inquietante desigualdad política

Las desigualdades económicas se han visto agravadas por la creciente desigualdad política. La desigualdad política en la India ahora se basa en tres palancas de control: la Comisión Electoral de la India (ECI), las normas electorales y la financiación de las campañas, todas ellas inclinadas a favor del partido gobernante. Una Comisión Electoral dócil ha otorgado al gobierno una influencia indebida sobre una institución que antes se alababa por su neutralidad, incluso cuando ahora enfrenta crecientes acusaciones de partidismo en la aplicación del Código Modelo de Conducta (MCC), la regulación de las campañas y la revisión de los censos electorales. La erosión de la confianza en la ECI subraya la importancia de la independencia institucional, la transparencia y la rendición de cuentas por encima de los intereses partidistas.  

La introducción de bonos electorales en 2018 acentuó aún más la desigualdad de condiciones y la competencia política. Presentado como una medida hacia una financiación más limpia y transparente, el plan permitió donaciones corporativas anónimas ilimitadas, principalmente al BJP. Análisis de la Asociación para las Reformas Democráticas (ADR) e investigadores independientes demuestran además que el partido obtuvo la gran mayoría de las donaciones vinculadas a bonos. Esta ventaja financiera permitió campañas publicitarias sin precedentes, amplias operaciones digitales y un alcance organizativo muy superior al de sus rivales. La asimetría se ve agravada por el uso de recursos estatales para publicidad gubernamental, anuncios de políticas programados antes de las elecciones y desembolsos durante las mismas, y planes de bienestar dirigidos a electores clave.

La preocupación por la desigualdad política se ha profundizado con los cambios recientes que amenazan la inclusividad del propio proceso electoral. La nueva iniciativa de Revisión Investigativa Especial (SIR) de la ECI, puesta a prueba en Bihar en junio y ahora extendida a doce estados, marca un cambio preocupante en el registro de votantes. Al transferir la responsabilidad del empadronamiento del estado a los ciudadanos individuales, la SIR altera los fundamentos del sufragio universal de los adultos. La evidencia global muestra que estos sistemas autoiniciados conducen a fuertes caídas en el registro, especialmente entre los grupos marginados. Mantener censos electorales completos no es meramente una cuestión administrativa; es una obligación constitucional y una medida de inclusividad democrática. La democracia depende no solo del acto de votar, sino también de la confianza de los ciudadanos en que cada voto se cuenta y en que las instituciones electorales se mantienen imparciales. Si se erosiona la confianza en la integridad del voto, también lo hace la legitimidad del gobierno elegido mediante este proceso.

Erosión democrática

Las preocupaciones internas sobre el declive democrático se reflejan en las evaluaciones globales que documentan el retroceso democrático de la India desde 2014. En conjunto, estos hallazgos indican que, si bien las elecciones continúan, los fundamentos liberales e institucionales de la democracia india se han debilitado notablemente en el período posterior a 2014.

Para comprender por qué la mayor democracia del mundo se encuentra bajo presión, debemos situarla en el contexto de un resurgimiento más amplio de la derecha y una recesión democrática global. En todos los continentes, los sistemas democráticos liberales muestran signos de declive estructural. En lugar de basarse en golpes de Estado drásticos, el retroceso actual se desarrolla progresivamente a través de mecanismos legales e institucionales, debilitando los controles y contrapesos, centralizando la autoridad y recortando las libertades civiles, al tiempo que se mantiene la retórica democrática.

Entre 2016 y 2021, partidos de derecha alcanzaron el poder en Europa, Norteamérica, Latinoamérica y partes de Asia. Para 2024, el centro de gravedad político global se había desplazado marcadamente hacia la derecha. Grandes democracias como India y Estados Unidos están ahora lideradas por figuras asociadas con la política de extrema derecha. Las tendencias políticas en Hungría, Austria, Italia, Países Bajos, Israel, Turquía, Brasil, Argentina y otros lugares indican un realineamiento transnacional más amplio, en el que las ideologías de derecha han obtenido éxito electoral, legitimidad política e influencia sostenida en el gobierno.

Este patrón global refleja una fusión de políticas económicas neoliberales con ideologías mayoritarias. La convergencia del gran capital con fuerzas nacionalistas y socialmente conservadoras ha profundizado la desigualdad y la inseguridad, en particular desde la crisis financiera de 2008, y ha puesto de manifiesto los límites del neoliberalismo, haciendo cada vez más insostenible su lógica sistémica. Una consecuencia clave ha sido el marcado aumento de la desigualdad dentro de los países, una tendencia al alza especialmente pronunciada en las mayores economías del mundo. Este cambio tiene consecuencias reales y preocupantes: las políticas de odio, exclusión y deshumanización configuran cada vez más tanto las políticas públicas como el sentimiento público. La indiferencia generalizada mostrada ante catástrofes humanitarias como el genocidio y la hambruna masiva en Gaza ilustra cómo esta violencia brutal se ha normalizado bajo el predominio global de la derecha. 

India ejemplifica esta tendencia global. A diferencia de muchos casos occidentales, lo que está en juego en el contexto indio es una tradición profundamente arraigada de pluralismo y una heterogeneidad social excepcional. Estas características fundamentales se ven cada vez más afectadas por el auge del nacionalismo religioso, que simboliza una potente dinámica que socava las mismas normas y principios institucionales que históricamente han sustentado el modelo pluralista de gobernanza democrática. Por lo tanto, el retroceso institucional de India es mucho más preocupante, ya que señala no solo un retroceso democrático, sino también la ruptura de un equilibrio político que permitía la coexistencia en una profunda diversidad. 

Esto no es una deriva involuntaria, sino parte de un proyecto político deliberado y sostenido que busca reformular sistemáticamente la democracia india sobre bases mayoritarias, reescribiendo los fundamentos filosóficos e ideológicos de la propia república, a la vez que recalibra la relación entre el poder estatal, la ciudadanía y la identidad colectiva y, fundamentalmente, utilizando las victorias electorales para legitimar la continua expansión del poder ejecutivo. La estrategia es clara: consolidar el poder reestructurando las reglas de la competencia política, reduciendo la disidencia y aprovechando estratégicamente las divisiones sociales y económicas para cultivar la dependencia política y asegurar una lealtad duradera. Su lógica operativa es igualmente explícita: diseñar y reforzar activamente la concentración económica, promover el dominio de un solo partido y transformar las divisiones sociales existentes en instrumentos políticos que premian la lealtad y penalizan la disidencia.

La reciente experiencia política de la India subraya una lección crucial para el mundo. Las elecciones por sí solas no pueden salvaguardar una democracia pluralista sin sólidos controles institucionales; cuando la política mayoritaria se entrelaza con el poder corporativo, puede erosionar el pluralismo desde dentro. La consecuencia política no es solo el aumento de la desigualdad, sino también quién logra movilizarla. La frustración económica se puede captar con mayor facilidad mediante llamamientos mayoritarios que mediante movimientos redistributivos inclusivos cuando las instituciones carecen de confianza pública y las fuerzas de oposición luchan por mantener la cohesión organizativa. Las agendas económicas progresistas pueden competir con las narrativas mayoritarias, pero solo cuando las instituciones gozan de la confianza pública y los movimientos logran convertirse en formaciones políticas duraderas. Dicha confianza institucional y la alineación entre movimientos y partidos siguen siendo mucho más difíciles de alcanzar en el ecosistema democrático de la India.

A lo largo de su trayectoria democrática, India ha atravesado ciclos de regresión y renovación. Desde la resistencia al Estado de Emergencia hasta las movilizaciones masivas en torno a la Ley de Acción Ciudadana (CAA) y las sostenidas protestas campesinas, India ha demostrado reiteradamente una capacidad de autocorrección democrática impulsada por tribunales, movimientos sociales y la acción cívica. Estos contrapesos permanecen activos, pero operan hoy en día en un entorno estructuralmente mucho más restringido, donde las asimetrías financieras en la política, las restricciones a la disidencia y el dominio del ejecutivo ponen a prueba la durabilidad de las garantías constitucionales. Revertir estas tendencias requerirá acciones tanto dentro como fuera del Estado para recuperar la visión fundacional de la república, una tarea que se vuelve urgente y compleja bajo un gobierno de derecha. 

Entonces, ¿cómo se mantiene la democracia más grande del mundo? El veredicto es mixto y desigual. El ámbito electoral de la India sigue mostrando una resiliencia notable, reflejada en la participación masiva y la transferencia regular del poder mediante el voto. Si bien el acto de votar aún genera un entusiasmo público extraordinario, las instituciones diseñadas para garantizar la igualdad de derechos, la rendición de cuentas, la transparencia y la paridad política se enfrentan a presiones sin precedentes. El futuro de la democracia de la India dependerá de restaurar y fortalecer las barreras que la rodean, no solo el derecho al voto en sí, sino también los refuerzos que mantienen el poder electoral sujeto a las instituciones y regido por las normas, en lugar de distorsionado por desequilibrios estructurales. 

Nota: esta es un artículo republicado del medio «The Wire» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.