El Ministerio de Justicia de Corea del Sur impuso este lunes una prohibición de viaje al presidente Yoon Suk Yeol, tras una solicitud presentada por la oficina encargada de investigar a altos funcionarios públicos. La medida coincide con una investigación en curso por cargos de traición y otras acusaciones vinculadas a la polémica declaración de ley marcial que Yoon implementó brevemente la semana pasada.
La declaración, que duró solo seis horas antes de ser revocada, ha generado una amplia condena tanto dentro como fuera del país. Según la Constitución surcoreana, el presidente tiene la facultad de declarar ley marcial en caso de guerra o emergencia grave. Sin embargo, líderes opositores, sectores del público e incluso miembros del propio partido de Yoon han calificado su decisión como inconstitucional y antidemocrática.
Aunque los partidos de oposición presentaron una moción para destituir a Yoon, esta fue desechada el sábado al no alcanzar los votos necesarios en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el opositor Partido Democrático, que ostenta la mayoría parlamentaria, anunció que volverá a presentar la moción esta semana, con la intención de someterla a votación el próximo sábado.
En el marco de esta crisis, los fiscales detuvieron el domingo al exministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien habría sugerido al presidente la controvertida declaración. Kim enfrenta cargos de traición y otros delitos, y los fiscales buscan obtener una orden judicial para formalizar su arresto.
La situación política en Corea del Sur sigue siendo tensa, con crecientes llamados a la destitución de Yoon mientras la oposición y las autoridades judiciales investigan el trasfondo de su decisión. El desenlace de este caso podría marcar un hito en la democracia surcoreana y definir el futuro del liderazgo político del país.
