Ecuador vuelve a las urnas

Este domingo 16 de noviembre de 2025 Ecuador regresa a las urnas para decidir en función de las preguntas formuladas por el presidente Daniel Noboa, tanto en la esfera de referéndum como de consulta popular:

Reformar parcialmente la Constitución de 2008 en lo referente a:

1.- Permitir bases militares
extranjeras;

2.- Reducir el número de asambleístas; 3- Eliminar el financiamiento estatal a
los partidos políticos.

En cuanto a la pregunta de la Consulta Popular, esta se enfoca en la posibilidad de instalar
una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política.

Objetivo principal

De acuerdo al análisis que desarrollo estimo que, el presidente Noboa aprovecha su reciente reelección presidencial para anotarse una nueva victoria electoral a través de la cual busca “descorreizar” al país y erradicar ese clima de impunidad que ha azotado al Ecuador, en gran medida bajo el actual marco constitucional.

Balance

Si vamos a revisar las causas de la convocatoria a las urnas es necesario analizar el contexto en el cual se hace urgente reformar la Constitución vigente y luego pasar a debatir en una Asamblea Constituyente una nueva. Por lo tanto, es pertinente realizar un breve y puntual balance de los 17 años de la Constitución vigente (Montecristi 2008).

Sobre la seguridad

En la actualidad Ecuador es uno de los cinco países más violentos del mundo; se registran 50 muertes violentas por cada 100.000 mil habitantes, un claro síntoma de inseguridad ciudadana atribuido a los Grupos de Delincuencia Organizada Transfronterizo GDO. Pese a que el epicentro de esta problemática se concentra en la región costa, principalmente, los efectos colaterales de la represión a estas organizaciones delictivas se desplazan a otras zonas del país generando, por lo tanto, un problema no sólo a escala nacional sino internacional.

Ante esta situación Ecuador se ha volcado al auxilio de la cooperación internacional para mitigar y pensar, en un futuro no muy lejano, erradicar los problemas sociales que giran en torno al comercio de las sustancias sujetas a fiscalización. Estados Unidos e Italia, principalmente, se encuentran apoyando esta causa.

Cabe mencionar que la administración estadounidense ya se encuentra ejecutando los términos de la cooperación militar con base al Acuerdo de Cooperación Marítima suscrito entre Ecuador y Estados Unidos años atrás.

Reducción de asambleístas y eliminación del financiamiento estatal a partidos
políticos

La abundancia de asambleístas se ha convertido en un gasto oneroso toda vez que demuestran una baja productividad tanto en la fiscalización así como en su deber legislativo. De ahí la necesidad en su notable reducción de 151 a 73.

Por otra parte, es razonable eliminar el financiamiento a los partidos políticos, los cuales han usufructuado del dinero público para sus campañas políticas que, en nada favorecen y contribuyen al desarrollo en el Ecuador. Me pregunto, ¿En Estados Unidos, primera potencia del mundo, demócratas y republicanos reciben financiamiento de sus contribuyentes? La respuesta es NO. Aquello debe provenir de su propia gestión y así debe suceder en Ecuador. Además, ¿Por qué el dinero de los ecuatorianos debe financiar partidos políticos que no los representan?

¿Por qué el presidente Noboa convoca a elecciones?

Es su mejor momento político luego de su reelección como presidente de la República con lo cual podría tener una victoria asegurada: reformas parciales a la Constitución vigente y una nueva Carta Magna, ante el evento de instalarse una Asamblea Constituyente y su aprobación mediante otro Referéndum por el pueblo ecuatoriano.

De otra parte, Ecuador se ha acostumbrado a ser parte de experimentos sociales a gran escala en cuanto a diseñar complejos entramados jurídicos, hoy por hoy es una fábrica de constituciones: lleva una veintena a su haber y contando mientras que, Estados Unidos solo tiene una. He ahí la diferencia entre un país en vías de desarrollo frente a una potencia mundial. En la región, países como Uruguay y Costa Rica tienen constituciones más sencillas y por lo tanto son más duraderas debido a su elevado espíritu democrático y respeto a la institucionalidad del Estado.

En cuanto a la percepción internacional sobre la consulta popular puede ser entendida como la demostración de inseguridad jurídica debido a la permanente incertidumbre política y frágil democracia e institucionalidad.

Por otra parte, estimaciones señalan que, la Corte Constitucional no fue del agrado del presidente Noboa y se piensa en reducir sus facultades, incluso convertirla en una Sala de la Corte Nacional de Justicia que puede estar sujeta al control disciplinario del Consejo de la Judicatura. También se señala que, la Corte Constitucional no debió acumular tanto poder “político” y no rendir cuentas de sus decisiones. Ante el problema de la inseguridad debido a los GDO no apoyó las iniciativas del gobierno ante los frecuentes y urgentes estados de excepción decretados por el presidente de la República.

Debate constituyente

De entrada, en el debate constituyente debe tratarse el hecho que, sólo existen tres funciones del Estado y no cinco. La inclusión en su momento de la electoral y de participación ciudadana – control social, es honestamente un chiste. El Consejo Electoral es un órgano administrativo enfocado en convocar a elecciones y nada más. El hecho de haberlo elevado a poder del Estado es una aberración jurídica; al igual que el invento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS cuyos integrantes no gozan de legitimidad y pese a ello, se otorgan cargos públicos de alta responsabilidad con su
venia.

¿Cuáles fueron los porcentajes para su elección? Mínimos, votos nulos y en blanco. ¿En qué cabeza se concibe al CPCSS como función del Estado luego de los fiascos de sus miembros encausados penalmente? ¿Qué hacen? ¿Que no hacen? Harían bien los constituyentes en su desaparición ya que no le hace falta al país esa institución. La labor de la Contraloría General del Estado se debe enfocar en auditar todo lo gastado en dicho ente.

En cuanto al perfil de los constituyentes no se lo asegura con títulos universitarios, aunque eso sí ayudaría a que se alcance un producto profesional. Está bien que, el requisito de un título universitario debe ser mínimo, aunque no garantiza el éxito. En razón de la realidad nacional es común escuchar que inclusive títulos de maestrías se los obtiene fácilmente.

¿Metodología – modus operandi?: Se realiza el pago, se registra la inscripción, se enciende la cámara y el micrófono del celular o computador para registrar la asistencia y luego se recibe el título sin el mínimo esfuerzo.

¿Qué ha fallado en la Constitución de Montecristi de 2008?

Muchas cosas. Ecuador parece tener una Constitución reglamentaria con un esquema de toma de decisiones más parlamentaria que presidencialista. Entre 17-18 vetos presidenciales así lo revelan y una pugna de poderes entre la Función Ejecutiva, Legislativa y el rol controlador por los poderes extraordinarios de la Corte Constitucional.

Comúnmente se escucha que, la Constitución vigente es hiperpresidencialista, sin embargo, dicho mito se desvanece cuando toda iniciativa gubernamental se estanca en el poder legislativo y la pugna visceral de la partidocracia que no velan por los intereses nacionales.

Por lo tanto, esto más parece un régimen parlamentario con sus diferentes mayorías móviles, simples y/o absolutas.

Avancemos, en esta corta campaña electoral se escucha la propuesta del cambio a un régimen federalista pero ninguna provincia en el Ecuador puede sostenerse sin el apoyo del poder central de Quito. Un país que no ha superado el centralismo y la concentración de poder ¿cómo puede hacer frente al hecho que se deje a cada circunscripción territorial el gobierno y la gestión pública? Es claro que, el exceso de burocracia detiene el progreso y desarrollo hasta en el rincón más apartado del Ecuador. Para su asombro, un alcalde de facto debe someterse a las aprobaciones de agencias estatales para construir una
carretera.

Entre otros vaivenes de la política ecuatoriana es necesario observar algunas de las flagrantes contradicciones de su Constitución y su indebida aplicación por los órganos de justicia.

De acuerdo a la Constitución de 2008 los indígenas tienen su propia justicia. Parece increíble, pero así es. ¿Ante el cometimiento de delitos comunes “en dicha justicia” se autodepuran – purifican ancestralmente con baños fríos y ortiga? ¿Acaso tienen un estigma especial? Eso no refleja igualdad para todos los ecuatorianos de acuerdo al artículo 11 #2 de la Constitución: Todos son iguales ante la Ley. Sin embargo, el artículo 171 de la Constitución contempla la justicia indígena, esto es, ¿hay diferentes “justicias” en virtud de las razas o grupos étnicos? Pero bueno, en Ecuador los indígenas solo aceptan la justicia ordinaria y reconocen el poder del Estado cuando les otorgan la amnistía y firman acuerdos
para cerrar casos judiciales en los que son procesados penalmente.

Asimismo, ¿desde cuándo se acepta su interpretación del derecho a la resistencia para vulnerar y trasgredir derechos ajenos, como la vida, la propiedad y a los bienes públicos? En cuanto al servicio militar, es un deber -obligación de acuerdo al artículo 83 #3 ibidem defender la integridad territorial y los recursos naturales, pero en el artículo 161 indica que el servicio militar es voluntario y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso. ¿Es o no es obligatorio defender la integridad territorial y los recursos naturales?

Continuamos, en el artículo 66 #7 literal G ibidem, se requiere el patrocinio de un abogado, pero para las acciones de protección según el artículo 88, no. Pensemos, en Ecuador, ante una eventualidad o emergencia médica un paciente que requiere atención puede decir salomónicamente que puede automedicarse, esto es, curarse sólo. Un razonamiento que no se alcanza a comprender.

Desafíos ante una nueva Asamblea Constituyente

En el Ecuador el ciudadano común y corriente poco o nada sabe de las leyes y la Constitución sencillamente porque no confía en el sistema de justicia. El porcentaje de credibilidad del tercer poder del Estado (Judicial) no llega ni al 15%. A raíz de conocidos casos de corrupción se probó que, las sentencias judiciales tienen precio y dedicatorias políticas. Por lo tanto, si no se depura el sistema de justicia se continuará viendo:

1. Politización de la justicia;

2. Judicialización de la política.

Aquí nos encontramos ante otro problema que deberá sortear el aparato estatal para salir de la corrupción y subdesarrollo: El problema de la impunidad.

A ello debemos sumar el retardo en la administración de justicia. Cuando se implementó el mecanismo constitucional de protección de derechos de Colombia a Ecuador, se generó sobrecarga procesal y abuso del derecho. Si previo a la Constitución de 2008, una acción de amparo constitucional tenía en promedio una duración de cuatro meses, en la actualidad una acción de protección puede durar en promedio dos años tanto en primera como en segunda instancia.

Y sí a eso le sumamos el promedio del plazo de la acción extraordinaria de protección e incumplimiento de sentencia tranquilamente pueden superar los 5 años de litigio. Pregunto: ¿la Constitución de 2008 es plenamente garantista? La respuesta es NO.

¿Dónde está la celeridad y el respeto a las garantías básicas del debido proceso? Justicia que tarda no es justicia, reza un adagio popular.

Perspectivas y propuestas

Ante la problemática social en torno a la elaboración de una nueva Constitución en Ecuador
se deben plantear propuestas.

Primero: Debe ser debatida y elaborada por ecuatorianos y no por extranjeros que ni siquiera los conocen y respetan en sus propios países y, que como en efecto sucedió en Ecuador vinieron a realizar experimentos sociales con la Constitución de Montecristi en 2008.

Segundo: El debate debe dejar por fuera agendas partidistas, revanchistas, populistas, demagógicas y progresistas woke. La nueva Constitución no debe ser concebida como un simple programa de gobierno.

Tercero: La nueva Carta Magna debe propender a erradicar la impunidad, el desorden y la inseguridad jurídica.

Cuarto: La nueva Constitución debe solventar nuestras más urgentes necesidades sociales y económicas, regular un verdadero Estado de Derecho donde se determine sin ambigüedades o contradicciones el ejercicio del poder, donde se sirva al ciudadano y al bien común. A través de la Carta Magna debemos sentirnos legítimamente representados y por lo cual nos sintamos ampliamente identificados.

Espero y aspiro que ante la decisión soberana del pueblo ecuatoriano que se incline por una nueva Constitución Política, los candidatos que llegasen a integrar la Asamblea Constituyente sepan, asimilen y asuman la enorme y delicada responsabilidad de establecer un nuevo pacto social coherente y real a nuestras necesidades.

Desde ya, es cierto que la nueva Constitución no va a cambiar mágicamente la vida de los ecuatorianos, pero sí puede definir el camino para mejorar y prosperar como sociedad y alcanzar el bien común – felicidad.

Esperemos no gastar recursos y tiempo en una nueva Carta Magna, así como sucedió en Chile que si vieron como su soberanía y futuro hubiera estado en grave riesgo de haber aprobado este proyecto progresista.

En fin, si se vota a favor de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución debe ser aprobada por dos tercios y luego sometida a referéndum aprobatorio en las urnas por los ciudadanos.

No cabe duda que, sí gana el SÍ o el NO en lo referente a la Consulta Popular se lo tomará como una victoria política para “Noboistas” o “Correistas”. Será una contienda partidista – política sobre una agenda nacional que, aunque por raro que parezca no tiene el Ecuador.

¡¡¡A ver cómo nos va con esta!!! El cambio es necesario, urgente.