El primer ministro japonés Shigeru Ishiba no tiene intención de reducir el impuesto al consumo como medida para aliviar el impacto de la inflación y los recientes aranceles impuestos por Estados Unidos, según confirmaron este viernes fuentes cercanas al gobierno. La decisión del mandatario se produce en medio de crecientes llamados a favor de un alivio fiscal por parte de la oposición y de algunos legisladores de su propio partido, de cara a las elecciones de la Cámara Alta previstas para este verano.
La negativa fue respaldada públicamente por el secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, quien sostuvo que el impuesto al consumo —establecido en un 8 por ciento para alimentos y bebidas, y en un 10 por ciento para el resto de los bienes— es una fuente clave de ingresos para Japón. “Reducirlo no sería apropiado”, afirmó Hayashi en rueda de prensa, al tiempo que subrayó su papel en el sostenimiento del sistema de seguridad social.
Aunque el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) se muestra reticente a modificar la política impositiva actual, su socio minoritario en la coalición, el partido Komeito, ha sugerido recortar el impuesto en productos alimenticios como forma de aliviar la carga sobre los hogares. Sin embargo, cualquier cambio requeriría un consenso interno en el bloque oficialista y una gestión política compleja en plena campaña electoral.
Ishiba ya ha comunicado a los altos funcionarios del gobierno su posición, argumentando que una baja impositiva limitaría el margen fiscal en un contexto en que Japón destina cerca de un tercio de su presupuesto anual al gasto en salud, pensiones y otras partidas sociales. El compromiso de destinar los ingresos del impuesto al consumo a cubrir esos costos fue uno de los pilares de la reforma que llevó la tasa al 10 por ciento en 2019.
En el plano político, la decisión representa un riesgo. La principal fuerza opositora, el Partido Democrático Constitucional, exige suspender el impuesto sobre los alimentos durante un año como medida de emergencia. Su líder, Yoshihiko Noda —ex primer ministro y defensor histórico de la disciplina fiscal— ha declarado que la situación actual justifica una excepción temporal para proteger a las familias más afectadas.
Incluso dentro del PLD, varios legisladores presionan a la dirigencia para aplicar una exención permanente del impuesto sobre alimentos y bebidas, apelando al creciente malestar ciudadano ante el encarecimiento del costo de vida.
La combinación de inflación persistente, una economía centrada en las exportaciones y la presión externa por las medidas proteccionistas de Estados Unidos ha generado un escenario tenso para el gobierno. La elaboración de un nuevo paquete económico antes de las elecciones está en marcha, pero por ahora, ni recortes de impuestos ni ayudas directas parecen formar parte del menú del oficialismo.
