Durante décadas, hablar de seguridad significaba pensar principalmente en calles, barrios, fronteras y espacios públicos. El concepto de control territorial estaba asociado a la presencia policial, la prevención del delito, el patrullaje y la capacidad del Estado para intervenir rápidamente allí donde una organización criminal intentaba establecer su influencia.
Esa lógica continúa vigente, pero el escenario cambió. La expansión de internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, las plataformas digitales y los sistemas de comunicación cifrada generaron un segundo territorio en el que también se disputa poder. Y la seguridad del siglo XXI comienza a depender cada vez más de la capacidad de comprender ambos espacios de manera simultánea.
La discusión fue planteada recientemente por Diego Kravetz, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y especialista en seguridad, quien sostuvo que la tradicional noción de dominio territorial debe ampliarse para incorporar el universo digital. El funcionario desarrolló esa perspectiva en una columna publicada por Infobae en julio, donde analizó cómo las nuevas tecnologías transformaron el funcionamiento de organizaciones criminales y otras amenazas para los Estados.
El cambio es profundo porque muchas actividades que anteriormente requerían presencia física ahora pueden organizarse a distancia. Una estructura criminal puede coordinar movimientos mediante aplicaciones de mensajería, realizar operaciones financieras utilizando activos digitales o buscar nuevos integrantes a través de plataformas sociales. Del mismo modo, determinados ataques pueden dirigirse contra sistemas informáticos o infraestructura estratégica sin que quienes los ejecutan se encuentren siquiera en el mismo país.
En ese nuevo escenario, la frontera entre seguridad física y seguridad digital se vuelve cada vez más difícil de establecer.
Un territorio que sigue siendo físico
La aparición de nuevas amenazas tecnológicas no significa que la presencia estatal en las calles haya perdido importancia.
El control del espacio físico continúa siendo uno de los componentes centrales de cualquier política de seguridad. La posibilidad de patrullar una zona, obtener información sobre lo que sucede en un barrio, proteger infraestructura estratégica o intervenir frente a organizaciones delictivas sigue dependiendo de fuerzas capaces de actuar sobre el terreno.
La experiencia internacional muestra además que cuando una organización criminal consigue desplazar o condicionar la presencia estatal en determinados espacios comienza a construir sus propias reglas. Por eso, recuperar el control de una zona implica algo más que desplegar recursos policiales: supone restablecer la capacidad efectiva del Estado para hacer cumplir la ley.
Pero ese dominio territorial ya no puede analizarse únicamente observando lo que sucede en las calles.
Detrás de muchas actividades criminales existe actualmente una dimensión tecnológica. Las comunicaciones, los movimientos financieros, la obtención de información, la planificación logística y hasta la selección de objetivos pueden desarrollarse dentro de plataformas digitales.
El delito, en otras palabras, también se digitalizó.
Datos, celulares y redes: el nuevo escenario
Los ciudadanos viven una parte creciente de su vida en internet. Allí trabajan, realizan operaciones bancarias, almacenan documentación, compran productos, mantienen conversaciones privadas y administran buena parte de sus relaciones personales y profesionales.
Ese enorme volumen de información convirtió al espacio digital en un territorio estratégico, según analiza Diego Kravetz.
Un teléfono celular concentra hoy datos que décadas atrás estaban distribuidos entre documentos, agendas, cuentas bancarias, archivos fotográficos y comunicaciones privadas. Al mismo tiempo, empresas, organismos públicos y servicios esenciales dependen de sistemas conectados permanentemente.
La seguridad de esos sistemas dejó, por lo tanto, de ser exclusivamente un problema tecnológico.
Un ataque digital puede tener consecuencias concretas sobre la vida cotidiana. La interrupción de un servicio esencial, el robo masivo de información o la vulneración de sistemas críticos pueden trasladar rápidamente un conflicto del mundo virtual al espacio físico.
También ocurre el proceso inverso. Una investigación iniciada a partir de un delito cometido en una calle puede continuar mediante el análisis de cámaras, dispositivos electrónicos, comunicaciones y movimientos digitales.
Las dos dimensiones comienzan así a formar parte de una misma realidad operativa.
El desafío de integrar información
Uno de los principales desafíos para los Estados consiste precisamente en superar estructuras que durante años funcionaron de manera separada.
Tradicionalmente, las áreas dedicadas al despliegue territorial, la investigación criminal, la inteligencia, el análisis de datos y la seguridad informática desarrollaron capacidades específicas. La transformación tecnológica obliga ahora a establecer mecanismos capaces de conectar esa información.
Una cámara ubicada en una ciudad, una operación financiera sospechosa, un intercambio de mensajes o un movimiento registrado en una frontera pueden representar piezas diferentes de un mismo fenómeno, plantea Diego Kravetz.
El valor estratégico aparece cuando esos datos pueden ser interpretados conjuntamente.
La tecnología ofrece herramientas cada vez más poderosas para realizar ese análisis, pero también plantea un desafío institucional: encontrar un equilibrio entre las capacidades necesarias para prevenir amenazas y la preservación de las libertades y garantías individuales.
Ese punto será probablemente uno de los grandes debates sobre seguridad de los próximos años.
Una nueva concepción de seguridad
La transformación también modifica el perfil de quienes trabajan en seguridad. La experiencia operativa tradicional comienza a convivir con especialistas en análisis de información, ciberseguridad, inteligencia digital, infraestructura crítica y procesamiento de grandes cantidades de datos.
Para Diego Kravetz, la evolución del escenario obliga precisamente a abandonar la idea de que ambos mundos pueden gestionarse de manera independiente: disponer de tecnología sin presencia territorial resulta insuficiente, pero también lo es controlar físicamente un espacio sin comprender las redes digitales sobre las cuales se organizan las nuevas amenazas.
El desafío, entonces, no consiste en elegir entre policías o tecnología, patrulleros o sistemas informáticos, calles o redes.
Consiste en integrarlos.
La seguridad contemporánea se desarrolla simultáneamente en barrios, rutas y fronteras, pero también en servidores, teléfonos, plataformas y redes de información. Las organizaciones que buscan desafiar al Estado comprendieron hace tiempo esa transformación.
Para los gobiernos, la cuestión central será desarrollar instituciones capaces de hacerlo con la misma velocidad.
Porque en el siglo XXI el territorio no desapareció. Simplemente se volvió más grande.
