Desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021 , Myanmar se ha embarcado en un colapso a cámara lenta, un desmoronamiento que no se produce con la teatralidad de un colapso estatal inmediato, sino con la lenta y aplastante derrota de la legitimidad política, la coherencia institucional y la solidez socioeconómica. La asunción del control total por parte del Tatmadaw no ha conducido a la reimposición del orden, sino a una crisis que se propaga con implicaciones regionales y una dramática indiferencia internacional.
Soberanía fragmentada
Myanmar está políticamente fragmentado y presenta pocas similitudes con una autocracia militar tradicional. El mando de la junta desde arriba es extremadamente coercitivo, pero geográficamente desigual. La población civil, representada por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), ha mantenido cierta legitimidad en el exilio y ha establecido coaliciones de facto con numerosas organizaciones armadas étnicas (OAET). Sin embargo, a pesar de toda la influencia simbólica que ha acumulado en el extranjero, el GUN carece del poder coercitivo e institucional necesarios para funcionar como un auténtico gobierno en espera. Esto nos ha dejado ante una paradoja: un régimen en decadencia que gobierna un Estado en desintegración y una oposición con apoyo popular, pero carente de presencia territorial o una estrategia coherente. Lo que surge de esta configuración no es una contienda por el poder estatal en el sentido tradicional, sino la descentralización de Myanmar en zonas de autoridad disputada, especialmente en las zonas fronterizas.
Las regiones históricamente gobernadas por las OAE, como los estados de Kachin, Shan, Chin y Karen, han experimentado una intensificación del conflicto, con las fuerzas insurgentes organizando una de sus resistencias más efectivas desde la década de 1980. En gran parte de estas regiones, el gobierno local se encuentra en una zona gris, técnicamente fuera del alcance de la junta, financiado en parte por el NUG, pero en la práctica independiente. Mientras tanto, el ejército persiste en realizar incursiones punitivas y ataques aéreos indiscriminados, privando aún más de sus derechos a las comunidades civiles y consolidando la idea de que el centro de Myanmar no puede resistir. El rostro económico de la crisis de Myanmar no es menos dramático. Entre 2011 y 2019, el país tuvo una de las trayectorias de crecimiento más brillantes del Sudeste Asiático. Esta situación se ha revertido drásticamente. El PIB cayó casi un 18 % en 2021, y la recuperación desde entonces ha sido superficial y desigual. La inflación sigue descontrolada, con el kyat depreciándose en más de la mitad de su valor desde el golpe. Los bienes básicos están ahora fuera del alcance de amplios sectores de la población, mientras que las empresas estatales y los conglomerados militares han afianzado su control sobre los recursos naturales y la infraestructura del país. El sector privado, ya debilitado por décadas de regulación opaca, se ha visto diezmado por la confluencia de las sanciones internacionales y la inestabilidad interna. Solo queda una economía política donde se extraen rentas no para construir el país, sino para financiar la represión y comprar lealtad en las filas militares.
Las métricas humanitarias ponen de relieve una crisis que no solo persiste, sino que se intensifica. El Programa Mundial de Alimentos y el resto de las agencias de la ONU han documentado que la inseguridad alimentaria aguda se ha duplicado desde el golpe de Estado, con más de 14 millones de personas que actualmente requieren asistencia sostenida. Cerca de un millón de civiles se han visto desplazados internamente. El acceso a la asistencia sigue estando muy restringido, especialmente donde los grupos de resistencia han tomado el poder desde que la junta ve a los actores humanitarios con recelo y, en ocasiones, como colaboradores. En el estado de Rakáin, la reanudación de las operaciones militares ha avivado las tensiones comunitarias y ha alertado sobre una posible repetición del éxodo rohinyá de 2017. La infraestructura sanitaria está saturada; los sistemas educativos han colapsado; y generaciones enteras de niños crecen sin acceso a la educación formal ni a los servicios de salud.
Apatía estratégica y dilemas regionales
Este colapso interno tiene repercusiones mucho más allá de las fronteras nacionales de Myanmar. El fracaso de la autoridad central amenaza con convertir a la nación en un agujero negro para la seguridad y la gobernanza regional. Para la ASEAN, esto representa un desafío existencial a su propósito institucional. El Consenso de Cinco Puntos del bloque, negociado en 2021, fue inicialmente recibido como un logro diplomático. Pero el incumplimiento por parte de la junta incluso de sus disposiciones más básicas, como el cese de la violencia o el diálogo, ha hecho fracasar la estrategia de la ASEAN. La doctrina de no injerencia, originalmente una norma vinculante, es ahora el principal obstáculo para una acción significativa. A medida que los países miembros de la ASEAN se dividen en facciones —algunos mantienen relaciones clandestinas con la junta, otros se adhieren más abiertamente al NUG—, la tan cacareada cohesión de la organización se ve cada vez más tensa.
La intervención de China es más matizada. Si bien Pekín mantiene una relación pragmática con el régimen de la junta —especialmente a través del desarrollo de infraestructuras en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta—, al mismo tiempo está cubriendo sus apuestas. Se dice que las autoridades chinas han mantenido conversaciones extraoficiales con líderes del NUG y grupos étnicos armados, especialmente con los de la frontera de Yunnan. Para Pekín, las matemáticas no son ideológicas, sino tácticas: su objetivo es mantener la estabilidad en su periferia cercana, salvaguardar los intereses chinos y garantizar flujos comerciales sin trabas. Esta política de doble vía es tanto un ejercicio de realpolitik como un reconocimiento cauteloso de que es improbable que la junta perdure eternamente.
India, por otro lado , ha seguido una política de equidistancia estratégica. Ante las persistentes amenazas a la seguridad en su noreste y una frontera común de 1.600 kilómetros, Nueva Delhi no está dispuesta a provocar al Tatmadaw. Las autoridades indias solo han brindado ayuda humanitaria limitada y expresado su apoyo a la democracia, pero se han abstenido de respaldar sanciones o el reconocimiento del NUG. En cambio, India continúa impulsando iniciativas de conectividad con Myanmar bajo la política «Act East», iniciativas que ahora están plagadas de amenazas a la seguridad y ambigüedad política.
La respuesta de Australia ha sido ética, pero cautelosa. Canberra ha canalizado fondos hacia la ayuda humanitaria y ha impuesto sanciones específicas a figuras de la junta, pero ha dudado en intensificar la presión o reconocer al NUG. El gobierno australiano, al igual que otros en Occidente, parece limitado por el temor a perder por completo el acceso diplomático y por las dudas sobre la capacidad de la oposición para gobernar eficazmente. La consecuencia es una política de contención, no de transformación, que tolera el declive de Myanmar siempre y cuando no se extienda al exterior.
Conclusión
La situación de Myanmar no es, por lo tanto, un fenómeno aislado, sino una enfermedad crónica. El debilitamiento del poder estatal, la solvencia económica y la confianza social ha generado un torbellino del que será difícil salir incluso si mañana la junta colapsa. Sin embargo, lo singular de este momento no es solo la tragedia interna, sino también la indiferencia internacional que ha recibido. Sin esfuerzos diplomáticos firmes, cohesión regional ni presión internacional, Myanmar probablemente seguirá suspendido entre la represión y la resistencia, dejando que la región en su conjunto sufra las consecuencias.
Mohammad Taha Ali es posgraduado en Análisis de Conflictos y Construcción de Paz por el Centro Nelson Mandela para la Paz y la Resolución de Conflictos, Jamia Millia Islamia. Es licenciado en Historia (con honores) por la Universidad de Delhi, donde se originó su fascinación por las complejidades de la historia humana. Su actividad académica e intelectual se basa en un profundo interés por la resolución de conflictos, la construcción de la paz y las intersecciones cambiantes de la geoeconomía, la geopolítica y la dinámica política nacional.
