Tailandia volvió a quedar conmocionada este lunes tras un nuevo ataque armado, esta vez contra un edificio de gobierno en las afueras de Bangkok. Un hombre armado mató a un funcionario provincial en su propia oficina, apenas tres días después de que un adolescente protagonizara una masacre en un colegio de la misma región que había reabierto el debate sobre el control de armas en el país.
Según la policía, el ataque se originó en una disputa personal por una deuda de dinero. El presunto atacante, Chalong Riewrang, ex político y ex miembro del partido del primer ministro Anutin Charnvirakul, disparó contra Thongchai Yenprasert, presidente de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi, provincia que limita con Bangkok.
El teniente general de policía Wattana Yijin confirmó que el motivo del ataque fue personal y que el chofer del funcionario también resultó herido, aunque no se encuentra en estado crítico.
Thongchai, de 71 años, recibió un disparo en el cuello y murió horas más tarde en el Hospital Phra Nang Klao de Nonthaburi, según confirmó el director del centro médico, Sakol Sookprome. El hombre había ingresado a la fuerza policial tailandesa en 1984 y con los años se había convertido en una figura relevante de la política local.
Ya bajo custodia policial, Chalong declaró ante la prensa que había ido a confrontar a la víctima por un conflicto de larga data, pero que este se negó a dialogar. Afirmó que, cuando Thongchai se retiraba del lugar en su vehículo, sacó un arma, y que fue entonces cuando disparó. La policía no brindó precisiones sobre si el funcionario asesinado portaba efectivamente un arma. El chofer resultó herido en el brazo y la mano.
Poco después del ataque, Chalong había participado telefónicamente de una transmisión en vivo por YouTube conducida por un comentarista político para hablar del episodio. El primer ministro Anutin anunció que se tomarán acciones legales contra el atacante «sin excepciones», según medios locales.
Este nuevo hecho de violencia se suma a la matanza ocurrida el viernes pasado, cuando un adolescente abrió fuego primero en su casa y luego en la escuela Debsirin Nonthaburi, dejando nueve muertos —incluido el propio atacante— y más de veinte heridos, en el ataque armado más letal que sufre el país en casi cuatro años. No se ha establecido ningún vínculo entre ambos episodios.
Tailandia redefine su ley de armas tras la matanza escolar de Bang Bua Thong
Este lunes, los alumnos volvieron a clases en la escuela atacada, algunos de ellos pasando por detectores de metales y otros controles de seguridad, mientras el primer ministro reiteraba su intención de endurecer la legislación sobre armas de fuego. El director del establecimiento, Withan Promsintusak, señaló que las autoridades escolares actuaron de inmediato tras el ataque, incorporando control de armas para tranquilizar a las familias y proteger a los estudiantes.
El Ministerio de Educación tailandés anunció que en los próximos tres meses desarrollará nuevos protocolos de seguridad escolar, que incluirán evaluaciones de salud mental, simulacros de respuesta a emergencias, medidas contra el bullying y mejores mecanismos de detección de armas y otros elementos prohibidos. El primer ministro también ordenó un endurecimiento de los controles sobre el porte de armas en la vía pública y anunció la instalación de puestos de control policial como parte de un operativo más amplio.
De acuerdo con una estimación de 2017 del Small Arms Survey, Tailandia cuenta con unos 10,3 millones de armas de fuego en manos civiles, lo que equivale a cerca de 15 armas cada 100 habitantes, la tasa más alta de todo el sudeste asiático por amplio margen.
La seguidilla de hechos armados pone a prueba la gestión de Anutin Charnvirakul en un momento en que su gobierno ya enfrentaba presiones políticas internas, y reabre en Tailandia un debate estructural que la región del sudeste asiático viene esquivando hace años: la relación entre la proliferación de armas civiles, la debilidad de los controles estatales y la creciente sensación de inseguridad urbana.
A diferencia de otros países del bloque ASEAN con legislaciones más restrictivas, como Singapur o Malasia, Tailandia mantiene un mercado de armas relativamente permisivo que convive con una cultura política donde las disputas personales —incluso entre ex funcionarios y ex uniformados— pueden derivar en violencia armada dentro de edificios públicos. Para el gobierno de Anutin, que ya prometió una nueva ley de control de armas tras la masacre escolar, este segundo episodio en menos de una semana funciona como un test político: si las reformas anunciadas se traducen en cambios reales o quedan, una vez más, en el plano discursivo.
Colaborador en ReporteAsia.
