Pasar de las palabras a la acción en la “Franja y Ruta verde”

Las directrices de protección ambiental de China para proyectos en el extranjero necesitan un mayor apoyo. Hace tres años, China emitió sus recomendaciones más progresistas que vinculan la conducta de las empresas en el extranjero con sus responsabilidades ambientales y sociales, la llamada «Franja y Ruta verde»

Las Directrices para la Protección Ecológica y Ambiental en Proyectos de Inversión y Cooperación en el Extranjero fueron más allá que las políticas ecológicas exteriores de 2013 y 2021. Requieren, en lugar de simplemente sugerir, transparencia ecológica y ambiental (en los artículos 16, 22 y 24) y una participación comunitaria significativa (artículo 23).

Estas directrices fueron bien recibidas por los centros de estudio académicos y la sociedad civil como una señal del renovado compromiso de China para guiar a las empresas a cumplir con sus responsabilidades ambientales en el extranjero. Se esperaba que respaldaran la promesa de China de 2021 de promover el desarrollo de energía verde en países en desarrollo.

Sin embargo, persisten obstáculos para traducir ese lenguaje progresista en prácticas empresariales significativas.

Directrices progresistas, alcance limitado

Las directrices, emitidas conjuntamente por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente (MEE) y el Ministerio de Comercio (MOFCOM), tienen un alcance amplio pero poco detallado. Esbozan principios, no procedimientos: carecen de herramientas de aplicación, mecanismos de rendición de cuentas o indicadores claros. En la práctica, esto deja que las empresas definan por sí mismas el cumplimiento. Al mismo tiempo, el antiguo principio chino de no injerencia en la gobernanza de otros países limita su disposición a supervisar el comportamiento empresarial más allá de sus fronteras. Mientras que la regulación ambiental interna se ha vuelto más robusta, esta rara vez se extiende a las operaciones en el extranjero.

A esto se suma un débil respaldo institucional. Los ministerios han dado poco seguimiento, y las embajadas chinas a menudo carecen de autoridad o capacidad para monitorear el cumplimiento ambiental o social en el extranjero.

Finalmente, las directrices no ofrecen incentivos claros. No están vinculadas al acceso a financiamiento, ventajas de licencias ni beneficios reputacionales que puedan alentar una adopción más amplia. Para muchas empresas, siguen siendo más simbólicas que operativas: una expresión de intención en lugar de un motor de cambio.

Las buenas prácticas que surgen entre empresas chinas en el extranjero suelen estar impulsadas más por presiones externas del mercado o el liderazgo proactivo de algunas compañías, que por el cumplimiento directo de las directrices. Sin mecanismos sistémicos más sólidos (que se explorarán a continuación), los ejemplos positivos seguirán siendo la excepción y no la norma.

Por qué la implementación sigue siendo importante

A pesar de las limitaciones, las directrices siguen siendo relevantes.

Las empresas chinas no son las únicas que enfrentan riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Pero a menudo operan en países donde la regulación local es débil o mal aplicada, como se ha visto en Indonesia, Zimbabue, la República Democrática del Congo y Argentina. En tales contextos, depender únicamente de las regulaciones del país anfitrión deja vacíos peligrosos. Por eso las directrices recomiendan adoptar estándares internacionales o estándares chinos más altos cuando los locales sean insuficientes (artículos 3 y 7).

Marcos internacionales como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos o el Marco de Sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional tienen peso moral pero poca fuerza vinculante, a menos que estén asociados al financiamiento externo. Tienen poco efecto si las empresas se autofinancian o operan fuera de marcos multilaterales. Sin mecanismos de cumplimiento concretos, las empresas pueden ignorar fácilmente estas normas sin consecuencias. La presión pública a través de los medios o protestas puede provocar respuestas temporales, pero rara vez sistemáticas. La ambición interna o los incentivos del mercado pueden motivar a algunas empresas a mejorar, pero siguen siendo la excepción. Para la mayoría, el enfoque ASG es secundario frente a prioridades comerciales o geopolíticas, salvo que haya expectativas exigibles.

En ese vacío, las directrices ofrecen algo distinto. Representan un compromiso político de alto nivel con la inversión verde en el extranjero. Funcionan como señal política, referencia compartida y autoridad moral que puede ser utilizada por reguladores, inversionistas, sociedad civil y empresas. Aunque no sean exigibles directamente en los países anfitriones, son la manifestación más clara del compromiso chino con una inversión responsable.

Pero para alcanzar su potencial, estas ambiciones deben traducirse en supervisión concreta y herramientas prácticas. Solo con apoyo y monitoreo activo del gobierno chino puede la aspiración volverse realidad, a través de un modelo que respete la soberanía del país anfitrión sin dejar un vacío regulatorio.

Cómo lograr transparencia

Una primera área donde la implementación podría fortalecerse significativamente es la transparencia. A pesar de la creciente exigencia internacional de divulgación corporativa, muchos proyectos chinos en el extranjero operan hoy sin obligaciones de reporte significativas. Esto es especialmente cierto en empresas no cotizadas, como Tsingshan, un gran productor de metales activo en Indonesia. También aplica a muchos actores privados cuyas actividades exteriores quedan fuera de los marcos nacionales de divulgación ASG.

Las bolsas de valores, la Comisión Reguladora de Valores de China y Sasac (organismo que supervisa empresas estatales) juegan un rol clave en empresas listadas y estatales. Pero rara vez cubren el cumplimiento ambiental de proyectos no listados o en el extranjero. Aquí, el MEE, en cooperación con embajadas chinas, puede desempeñar un rol complementario crucial. Su participación puede cerrar vacíos regulatorios a nivel de proyecto, apoyar la implementación de las directrices y reforzar la credibilidad de China en inversión responsable, sin interferir con la supervisión financiera.

Por ejemplo, el MEE podría exigir a las empresas que presenten informes anuales de cumplimiento ASG específicos por proyecto, detallando el cumplimiento de leyes locales y la aplicación de normas internacionales o chinas. Estos informes podrían publicarse en el sitio web del ministerio para permitir el escrutinio público e informar políticas. Así se operativizaría el artículo 22 de las directrices.

En cooperación con embajadas, el MEE también podría crear canales de retroalimentación accesibles para comunidades afectadas –como líneas directas, correos electrónicos o jornadas abiertas– para reportar violaciones o riesgos ASG. Las denuncias deberían investigarse con rapidez, dando respuesta y alertando a las empresas. Esto daría vida a los artículos 16 y 22, ya que las comunidades cercanas a los sitios mineros suelen ser las primeras en detectar desviaciones del proyecto.

Además, se podría exigir a las empresas reportar incidentes ambientales o de seguridad graves a autoridades chinas, embajadas y organismos reguladores locales de forma oportuna. También deberían publicar resúmenes verificados con los impactos, medidas correctivas y acciones preventivas. Estos reportes también deberían ser públicos. Esto pondría en práctica el artículo 16 sobre emergencias.

De este modo, estos métodos tienen el potencial de llenar vacíos regulatorios sin alterar la división institucional de responsabilidades dentro de China.

De cumplir el trámite a participación genuina

La participación comunitaria requiere una atención igualmente cuidadosa. El artículo 23 llama a las empresas a “tomar la iniciativa de fortalecer la comunicación con comunidades potencialmente afectadas, grupos sociales y ciudadanos relevantes; y escuchar opiniones sobre el impacto ambiental de sus proyectos mediante audiencias y seminarios”.

Sin embargo, en demasiados proyectos en el extranjero –como los de minería en los que me enfoco– las consultas se tratan como formalidades, no como diálogo real. En entornos regulatorios débiles, las voces locales suelen ignorarse, generando resentimiento e incluso conflictos violentos.

Promover esta participación está dentro del mandato del MEE, MOFCOM y las embajadas. No entra en conflicto con otras funciones regulatorias. A diferencia de la supervisión financiera, la participación comunitaria es parte esencial de la gobernanza ambiental, especialmente donde la aplicación local es débil y los procesos son opacos.

Las embajadas están bien posicionadas para ayudar a los ministerios a estandarizar expectativas, dar orientación y abrir canales para que las comunidades sean escuchadas. Su implicación puede prevenir conflictos y garantizar que las empresas chinas respeten los derechos comunitarios en el extranjero, paso clave para construir confianza y licencia operativa a largo plazo.

Algunas formas de implementar una participación genuina:

• Emitir guías que obliguen a mantener un diálogo directo y constante con las comunidades a lo largo de todo el ciclo del proyecto, documentando cada actividad.

• Exigir la publicación de los estudios de impacto ambiental (EIA) en idiomas accesibles por medios diversos: carteleras locales, webs del gobierno anfitrión, embajadas.

• Garantizar plazos adecuados para que las comunidades revisen y comenten los EIA, y que cada comentario sea respondido y documentado.

• Desarrollar guías y herramientas prácticas de toma de decisiones participativas, en colaboración con la ONU, la IFC, gobiernos locales y otros actores, aprovechando la experiencia china en participación pública.

• En minería, las embajadas podrían fomentar el uso del mecanismo de mediación y consulta de la Cámara China de Comercio de Minerales, facilitando el contacto y seguimiento de planes de acción.

Respetar la soberanía, cumplir con la responsabilidad

Las directrices de 2022 ofrecen un punto de partida sólido para que China fortalezca su rol en una transición global verde y justa. Pero sin una implementación más sólida, corren el riesgo de seguir siendo simbólicas y no transformadoras.

Ponerlas en práctica permite a China pasar de compromisos retóricos a construir confianza con comunidades, inversores y socios internacionales, y demostrar liderazgo genuino en definir qué significa un desarrollo global responsable y verde.

Respetar la soberanía del país anfitrión no significa ausencia regulatoria. Supervisión proactiva, transparencia significativa y participación comunitaria auténtica pueden coexistir con la soberanía —e incluso ser esenciales para construir la licencia operativa global de China a largo plazo.

Nota: esta es un artículo republicado del medio «Dialogue Earth» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.