En marzo de 2023, el edificio de la ONU en Nueva York estalló en aplausos. Tras casi 20 años de negociaciones, el Tratado de Alta Mar finalmente fue adoptado.
También conocido como Tratado sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), el acuerdo busca proteger y compartir los beneficios de la biodiversidad, los recursos marinos y las especies únicas de la alta mar, esa parte del océano que representa dos tercios de su superficie y que no está bajo el control de ningún país. Sin embargo, solo entrará en vigor 120 días después de que 60 países lo ratifiquen.
Los activistas esperaban que la Conferencia Oceánica de la ONU en Niza en junio alcanzara esa cifra, pero no ocurrió. Varios países sí ratificaron durante el evento, elevando el total a 50. Políticos y organizaciones insisten en que pronto se llegará al número clave de 60.
¿Qué es la alta mar?
La alta mar es la porción del océano que se encuentra fuera de la jurisdicción de los países. Aunque a veces se le llama «sin ley», existen cerca de 20 organismos internacionales que regulan diferentes aspectos, cada uno con su propio mandato.
Pero aún así, gran parte de la alta mar sigue desregulada y poco protegida. Alberga una biodiversidad impresionante —desde corales de aguas profundas hasta gusanos tubícolas gigantes— y desempeña un papel esencial en el sistema climático al absorber dióxido de carbono. Sin embargo, enfrenta amenazas crecientes: cambio climático, pesca industrial, contaminación, aumento del tráfico marítimo y, potencialmente, minería submarina.
¿Por qué es necesario el tratado?
Para proteger mejor la alta mar, el tratado propone un enfoque coordinado y herramientas de conservación que van más allá de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Según el economista oceánico Rashid Sumaila, el mundo reconoció que debía actuar porque las actividades humanas ya no se limitan a las costas. Robert Blasiak, del Centro de Resiliencia de Estocolmo, señala que sin este tratado no hay mecanismo para establecer áreas marinas protegidas (AMP) en la alta mar, ni reglas para compartir beneficios genéticos marinos, ni procedimientos de evaluación ambiental, ni mecanismos sólidos de transferencia tecnológica.
¿Qué pasa cuando 60 países lo ratifiquen?
El tratado entrará en vigor 120 días después de la ratificación número 60. Se deberá realizar una primera Conferencia de las Partes (COP) dentro del año siguiente. Algunos grupos presionan para que las COP se celebren anualmente al comienzo.
También se elegirá la sede de la secretaría del tratado. Chile y Bélgica han expresado interés en albergarla. Mientras tanto, reuniones preparatorias de la ONU ya están en curso.
¿Cómo se crearán las áreas protegidas?
Se formará un cuerpo técnico-científico para evaluar propuestas de AMP presentadas por los países. Este cuerpo analizará las propuestas con aportes de gobiernos, científicos y ONG, y emitirá recomendaciones a la COP, donde se votará. Con tres cuartas partes a favor, se podrá crear un área protegida.
Algunas ONG ya impulsan AMP, como la de las Cordilleras de Nazca en el Pacífico Sur. Se desconoce si habrá un ente único de gestión o estructuras regionales, aunque los países cercanos tendrán un papel clave.
¿Quién protegerá estas áreas?
El tratado no prevé sanciones, pero sí compromisos. Al firmarlo, los países acuerdan no actuar contra sus objetivos. Si un país firmó pero no ratificó, no está legalmente obligado. Puede objetar una AMP si demuestra que es inconsistente con el tratado, lo discrimina injustificadamente o no puede cumplirla pese a esfuerzos razonables.
¿Cómo se compartirán los recursos?
El tratado exige compartir los recursos genéticos marinos (RGM) de la alta mar. Cualquiera que recolecte debe reportarlo mediante una plataforma pública. Si una especie lleva a un desarrollo rentable, los países ricos deben aportar a un fondo común que apoye a naciones con menos recursos.
La COP definirá cómo se distribuirá el dinero. Las naciones desarrolladas también deberán financiar el funcionamiento del tratado y un fondo voluntario para capacitar a países en desarrollo.
¿Qué pasa con la minería submarina?
Una de las incógnitas es cómo el tratado interactuará con organismos como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), que regula la minería de aguas profundas. Se necesitará coordinación para que las evaluaciones de impacto ambiental sean coherentes entre tratados.
Aunque EE.UU. no es parte de la ISA, muchos países sí lo son, y las diferencias entre reglas podrían generar vacíos de protección.
¿Y si un país no firma?
Para proteger dos tercios del océano se necesita voluntad política. Aunque 136 países han firmado, solo 50 han ratificado. Entre los firmantes están China, Reino Unido, India y muchos países europeos. EE.UU. firmó pero no ratificará; Rusia ni siquiera ha firmado.
Esto puede reducir la efectividad del tratado, especialmente en zonas como el Mar de China Meridional, donde hay disputas territoriales.
¿Cuánto tardará en tener impacto?
Todavía queda mucho por hacer. Tener las primeras AMP activas antes de 2030 sería un gran logro. Como bromea Sumaila: “El día que cerremos la alta mar a la pesca, me retiro”.
Nota: esta es un artículo republicado del medio «Dialogue Earth» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.
Louise Krüger es periodista independiente y antropóloga. Cubre temas como el cambio climático, los océanos, las voces locales y el Ártico. Su sitio web es louisekruger.no
