El rol de los Derechos Humanos en las elecciones de Indonesia

Derechos Humanos

Se insta a los candidatos indonesios a abordar las preocupaciones sobre derechos humanos antes de las elecciones del 14 de febrero.

Unos 205 millones de personas son elegibles para votar y elegirán al próximo presidente, vicepresidente, miembros de la Cámara de Representantes y parlamentarios locales. El presidente actual, Joko «Jokowi» Widodo, está constitucionalmente impedido de buscar un tercer mandato.

La campaña electoral ha puesto en foco el desempeño de Jokowi en el fortalecimiento de los compromisos de derechos humanos del país. Parte de su promesa electoral en 2014, repetida durante su campaña de reelección en 2019, fue la promesa de investigar las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad, especialmente durante el mandato del exgeneral Suharto, quien gobernó el país durante tres décadas hasta que una revuelta masiva lo obligó a renunciar en 1998.

Amnistía Internacional señaló que, en 2023, Jokowi finalmente reconoció que las fuerzas gubernamentales cometieron violaciones de derechos humanos en el pasado, pero no logró perseguir la rendición de cuentas.

«A pesar de estas mejoras, hasta ahora no hay un plan concreto para buscar responsabilidad y proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas de estas 12 graves violaciones de derechos humanos.»

El grupo también resumió el legado de derechos humanos de Jokowi:

«Indonesia sigue sin garantizar los derechos de las personas para expresar sus opiniones de manera pacífica en medio de un espacio cívico en constante reducción. También incumple su compromiso de poner fin a la impunidad de las fuerzas de seguridad sospechosas de ser responsables de violaciones de derechos humanos, y de proporcionar acceso a la justicia y remedios efectivos a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional.»

Derechos Humanos

Human Rights Watch señaló en su último informe que el próximo gobierno ‘enfrentará una serie de problemas de derechos, incluido un nuevo código penal altamente problemático, continuo hostigamiento y discriminación contra minorías religiosas y otros grupos marginados, y abusos arraigados contra las mujeres.

El nuevo código penal mencionado por Human Rights Watch entrará en vigor en 2026. La ley estaba destinada a ‘descolonizar’ el código penal introducido por los colonizadores holandeses, pero conservó disposiciones que podrían usarse para reprimir derechos. Por ejemplo, el nuevo código continúa facultando a las autoridades para presentar cargos contra individuos que insulten el honor y la dignidad del presidente, vicepresidente e instituciones estatales. Adnan Yazar Zulfikar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Padjadjaran advirtió sobre sus graves implicaciones para la libertad de expresión:

«En lugar de garantizar la libertad en internet, estas cláusulas han convertido cada rincón del ámbito digital en un lugar inseguro para expresar aspiraciones o críticas hacia el gobierno, ya que cualquiera podría ser acusado abruptamente de un delito en cualquier momento.»

Shaleh Al Ghifari, un abogado de interés público, destacó que varios artículos podrían convertir la ley en una ‘herramienta de represión’. El autor advirtió en particular sobre los artículos relacionados con las ‘noticias falsas’, que criminalizan la difusión de narrativas falsas que provocan disturbios o alteraciones.

«¿Quién decide si la noticia es falsa o verdadera? ¿Quién va a medir si una noticia podría incitar a disturbios? ¿Sería posible una condena con un testimonio unilateral de un alborotador?»

Relacionado con la politización de los procesos judiciales, la Ley de Transacciones Electrónicas e Información (EIT) del país fue modificada en diciembre de 2023, pero se mantuvieron disposiciones penales sobre difamación. Las autoridades han estado utilizando la Ley EIT para acosar a críticos y detener a activistas. Por ejemplo, los activistas Fatia Maulidiyanti y Haris Azhar fueron acusados de difamación por un video que mencionaba el papel de funcionarios en la minería a gran escala. Ambos fueron absueltos el 8 de enero, pero los fiscales dijeron que apelarán la decisión. En un editorial, el medio TEMPO cuestionó la decisión de apelar el caso:

«No había urgencia ni interés nacional en llevar este caso a juicio, y mucho menos a la etapa de apelación. La decisión de los fiscales de apelar solo servirá para reforzar la impresión de que están actuando en interés personal de quienes están en el poder.»

Reporteros Sin Fronteras también instó a los candidatos a poner fin a los procedimientos abusivos contra el personal de los medios de comunicación, incluido el uso de la ley de difamación. Además, solicitó al gobierno levantar las restricciones de información impuestas a la provincia de Papúa. Papúa está bajo un fuerte control militar, y a los periodistas no se les permite cubrir la provincia donde un movimiento separatista ha estado luchando por la autodeterminación.

Mientras tanto, grupos de la sociedad civil han emitido un comunicado conjunto pidiendo a las autoridades que dejen de alejar a los refugiados rohingya en barco. El 27 de diciembre, los refugiados rohingya fueron atacados violentamente por lugareños en la provincia de Aceh. Los rohingyas son minorías perseguidas en Myanmar y han huido a países vecinos como Bangladesh y a países donde las comunidades locales les han ofrecido refugio, como Malasia e Indonesia. Sin embargo, durante la campaña electoral, la comunidad rohingya fue blanco de una campaña de desinformación. Los grupos de la sociedad civil han pedido a las autoridades y a los candidatos que investiguen este asunto:

«La difusión deliberada de narrativas falsas dirigidas a grupos vulnerables, como los refugiados rohingya, ha agregado una nueva capa de complejidad. Si bien estos esfuerzos de desinformación no se limitan al ámbito electoral, se cruzan con el problema más amplio de proteger los derechos y la dignidad de los refugiados dentro de Indonesia.»

Por su parte, la Fundación para Normas Internacionales de Informes sobre Derechos Humanos dijo que el nuevo gobierno debería centrarse en ‘combatir la violencia contra las mujeres, dar prioridad a las comunidades indígenas y garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad’ durante sus primeros 100 días en el poder.

Nota: este es un artículo republicado de Global Voices por licencia Creative Commons Attribution 3.0. Link al artículo original.

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Activista y ex miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas durante dos mandatos. Blogger desde 2004 en mongster's nest. Se unió a Global Voices en 2006.

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