El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado este martes tras un pedido de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con su polémica “guerra contra las drogas”. Duterte, de 79 años, fue detenido en el aeropuerto de Manila a su regreso de Hong Kong, donde había estado haciendo campaña política en vísperas de las elecciones municipales del 12 de mayo.
El gobierno filipino confirmó que la Interpol entregó oficialmente la notificación de arresto emitida por la CPI, y que el exmandatario quedó bajo custodia de las autoridades nacionales. “Al arribar a Manila, el fiscal general presentó la notificación de orden de arresto contra el expresidente Duterte por crímenes de lesa humanidad”, detalló un comunicado de la Oficina de Comunicaciones Presidenciales.
Duterte reaccionó a su detención con indignación. “¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?”, preguntó en un video publicado en redes sociales por su hija, Veronica Duterte. El exmandatario ha insistido en que su estrategia de seguridad fue clave para combatir el narcotráfico y garantizar el orden en el país.
El caso ante la CPI
Desde 2018, la CPI ha investigado la campaña antidrogas que Duterte lanzó durante su presidencia (2016-2022), la cual dejó más de 6,000 muertos según cifras oficiales, aunque grupos de derechos humanos aseguran que la cifra real supera los 30,000. Muchas de las víctimas fueron jóvenes de barrios marginales, ejecutados en operaciones policiales o por sicarios vinculados con las fuerzas de seguridad.
En 2019, Duterte retiró a Filipinas de la CPI en un intento de evadir su jurisdicción. Sin embargo, la Corte sostiene que conserva autoridad sobre los crímenes cometidos entre 2016 y 2019, cuando el país aún era miembro del Estatuto de Roma. Ahora, la posibilidad de su extradición a La Haya dependerá del gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., quien hasta hace poco había mostrado reticencia a colaborar con la investigación.
La detención de Duterte ha generado una fuerte división en Filipinas. Su exvocero, Salvador Panelo, calificó el arresto como “ilegal” y aseguró que el país ya no está obligado a cooperar con la CPI. “Esto es una afrenta a nuestra soberanía”, denunció.
Por otro lado, grupos defensores de derechos humanos celebraron el arresto como un avance hacia la justicia. “El arco de la historia se inclina hacia la justicia. La detención de Duterte marca el inicio de la rendición de cuentas para las víctimas de su brutal régimen”, afirmó Peter Murphy, presidente de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP).
La detención de Duterte ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre su familia y el gobierno de Marcos Jr. En las elecciones de 2022, Duterte y Marcos formaron una alianza estratégica que llevó a la hija del expresidente, Sara Duterte, a la vicepresidencia. Sin embargo, en los últimos meses la relación entre ambas facciones se ha deteriorado, con acusaciones mutuas de corrupción y traición.
Expertos señalan que la detención de Duterte podría ser utilizada por Marcos Jr. para consolidar su poder y debilitar la influencia del clan Duterte en la política nacional. “La relación entre ambos grupos se ha deteriorado gravemente. La detención de Duterte podría ser parte de una estrategia para eliminar cualquier desafío a la autoridad de Marcos Jr.”, opinó el analista político Richard Heydarian.
El futuro de Duterte y la posibilidad de extradición
Aún no está claro si Duterte será extraditado a La Haya para ser juzgado por la CPI. Si el gobierno de Marcos Jr. decide entregarlo, Duterte se convertiría en el primer exjefe de Estado asiático en ser juzgado en el tribunal internacional.
Mientras tanto, su defensa ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo de Filipinas para bloquear cualquier cooperación con la CPI. “Solicitamos una orden para impedir cualquier acción de las autoridades filipinas en relación con la orden de arresto”, declaró Israelito Torreon, abogado de Duterte.
Por ahora, el exmandatario permanece bajo custodia en la Base Aérea Villamor de Manila, donde se le ha permitido recibir visitas de familiares y abogados. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si enfrentará la justicia internacional o si las autoridades filipinas optan por un proceso judicial local.
Lo que es innegable es que el arresto de Rodrigo Duterte marca un hito en la historia de Filipinas. Para sus seguidores, es una persecución injusta; para sus críticos, es el primer paso hacia la rendición de cuentas por una de las campañas de represión más sangrientas en la historia reciente del país.
