Con el inicio de la pandemia de COVID-19, el gobierno de Singapur impulsó con fuerza el uso de la tecnología de vigilancia.
El gobierno promovió las aplicaciones de rastreo y otras herramientas de control como solución principal a la crisis sanitaria. Este artículo sostiene que el gobierno utilizó el COVID-19 para legitimar la ampliación de la infraestructura de vigilancia. Utilizando la preocupación por el riesgo para la salud, el gobierno pudo –sin enfrentarse a ninguna resistencia- poner a sus ciudadanos bajo el ámbito del autoritarismo digital.
La consolidación de la vigilancia estatal
Incluso antes de la pandemia, Singapur se estaba convirtiendo en un Estado de vigilancia, dedicando una cantidad significativa de sus recursos a mejorar su capacidad de control. En mayo de 2023, había algo más de 109.000 cámaras de vídeovigilancia en la ciudad-estado, lo que equivale a casi 18 cámaras por cada 1.000 habitantes. La isla también cuenta con al menos 20.000 puntos de acceso público Wireless@SG. Wireless@SG está gestionado por proveedores de servicios de Internet (ISP), en su mayoría propiedad del gobierno. Se ha denunciado que estos ISP facilitan información personal de sus usuarios al gobierno.
Aparte de estas herramientas, que proporcionan mecanismos legales para obtener información y datos de las personas que viven en el país, el gobierno de Singapur ha adquirido y utilizado programas espía de última generación contra los críticos de la administración gobernante del Partido de Acción Popular. Las fuerzas de seguridad del país disponen de «amplias redes para recabar información y llevar a cabo tareas de vigilancia y capacidades muy sofisticadas para controlar […] las comunicaciones digitales destinadas a permanecer privadas». Estas capacidades se utilizaron contra críticos del gobierno y activistas políticos, como revelan informes y documentos filtrados. Por ejemplo, en 2021, el gobierno intentó supuestamente utilizar programas espía para piratear las cuentas de Facebook de dos periodistas singapurenses cuyas piezas suelen ser críticas con el gobierno.
El uso de herramientas de vigilancia, sea legal o no, se permite o facilita a través de disposiciones y lagunas legales. El gobierno dispone de la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Protección contra la Falsedad y la Manipulación en Línea y la Ley de Enfermedades Infecciosas. Contienen definiciones vagas y subjetivas de términos clave. Por citar un ejemplo, el Tribunal Superior, en el caso Chee Siok Chin y otros contra el Ministro del Interior y otro, estableció el contexto de «orden público» en el que pueden restringirse los derechos. Sin embargo, la interpretación del Tribunal Superior se basa en lo que se considera el «interés» del interés público y no en el mantenimiento del orden público. Esto da margen al gobierno para aplicar medidas intrusivas contra los individuos aunque tales medidas no contribuyan al mantenimiento del orden público.
Vigilancia estatal en línea
A lo largo de la pandemia, la tecnología de vigilancia desempeñó un papel crucial en las medidas COVID-19 de Singapur. El gobierno se concentró en reducir la tasa de infección al mínimo restringiendo y controlando los movimientos de las personas. Esto fue posible gracias a las aplicaciones de seguimiento. Las aplicaciones desarrolladas por el gobierno, SafeEntry y TraceTogether, se fusionaron posteriormente en una sola bajo el nombre de TraceTogether.
Al principio de la pandemia, el uso de aplicaciones de seguimiento suscitó dudas entre la población, especialmente preocupada por la violación de su intimidad. Muchos temían que las aplicaciones revelaran su geolocalización y sus movimientos, lo que permitiría al gobierno evaluar sus hábitos y actividades. Algunos temían que el gobierno pudiera escuchar conversaciones telefónicas a través de estas aplicaciones. Se temía que las aplicaciones fueran el caballo de Troya del gobierno para incrustar programas espía en sus dispositivos. Estas preocupaciones no eran infundadas, dado el historial de vigilancia estatal de Singapur, combinado con leyes cibernéticas vagas y excesivas y lagunas legales.
Sin embargo, el gobierno se apresuró a descartar tales preocupaciones, argumentando que TraceTogether funciona con tecnología Bluetooth y utiliza un «apretón de manos digital» para recopilar datos sólo cuando un dispositivo se acerca a otros. No utiliza tecnología GPS, que puede determinar la ubicación real de los dispositivos, ni recoge movimientos en tiempo real.
Estas explicaciones son problemáticas porque se basan en el supuesto de que la tecnología Bluetooth es respetuosa con la privacidad. Esto se ha demostrado erróneo, ya que un estudio demostró que TraceTogether puede identificar y localizar a su usuario. La propia tecnología Bluetooth, aunque menos intrusiva, ofrece pocas posibilidades de impedir que el gobierno acceda a los datos o piratee el terminal. Al restar importancia al carácter intrusivo de la aplicación, el gobierno pudo establecer un nuevo estándar de lo que se acepta públicamente cuando se trata de vigilancia. Además, omitió del debate público las preocupaciones relativas a las lagunas jurídicas y las leyes excesivamente amplias que legalizan la vigilancia masiva en primer lugar.
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Normalización de la vigilancia como parte de la vida
El gobierno de Singapur utilizó la retórica del bien común para transigir con el derecho a la intimidad, aduciendo la salud y la seguridad como razones para imponer la aplicación del rastreo. El argumento es que es deber de los buenos civiles sacrificar algunos de sus derechos por el bien colectivo de sus conciudadanos. El gobierno utilizó incluso a trabajadores sanitarios para apoyar esta afirmación, diciendo que la aplicación aligerará la carga de los trabajadores sanitarios que arriesgan su vida por los demás.
El gobierno promovió las aplicaciones de rastreo y otras herramientas de control como solución principal a la crisis sanitaria
A medida que se prolongaba la pandemia, las encuestas mostraban que los singapurenses estaban cada vez más a favor de TraceTogether como solución a la crisis sanitaria. Esto demuestra que se ha conseguido que muchos singapurenses crean en el uso que hace el gobierno de la seguridad como justificación de una vigilancia extensiva. La aplicación de TraceTogether normalizó el estado de estar bajo vigilancia y lo convirtió en una parte aceptable de la vida en Singapur.
El gobierno se aprovechó de la indiferencia y la confianza de los singapurenses y amplió sus redes de vigilancia física y en línea, tanto legales como ilícitas. En febrero de 2022, salió a la luz que el gobierno de Singapur compró software espía a QuaDream, un desarrollador israelí. Poco después, también en febrero de 2022, la presidenta del opositor Partido de los Trabajadores afirmó en el Parlamento que había recibido una notificación de Apple en la que se le informaba de que el gobierno había intentado instalar un programa espía en su teléfono móvil.
Tras la pandemia, el gobierno de Singapur ha aprovechado continuamente este impulso y la aceptación del público para ampliar su vigilancia. Recientemente se ha introducido el reconocimiento facial en los servicios públicos, incluido el uso de SingPass, una aplicación que todos los ciudadanos y residentes pueden utilizar para acceder a los servicios gubernamentales. La aplicación SingPass incorpora ahora tecnologías de reconocimiento facial, lo que, según el razonamiento oficial, facilitará el acceso tanto a los servicios gubernamentales como a los privados.
En general, la vigilancia ha reforzado una cultura de autocensura y miedo en Singapur que silencia aún más las críticas públicas al gobierno. Los ciudadanos y residentes de Singapur que viven bajo una vigilancia intensiva tienen cada vez más miedo subconsciente a hablar y son más conscientes de sus acciones tanto dentro como fuera de Internet.
La vigilancia constante en Singapur también crea malestar entre sus residentes. La gente puede temer que cualquier mala acción o elección de palabras pueda ser denunciada al gobierno. Este malestar puede verse exacerbado por la vigilancia lateral, una forma de vigilancia llevada a cabo por miembros individuales de la sociedad.
Tras la pandemia, el gobierno de Singapur ha aprovechado continuamente este impulso y la aceptación del público para ampliar su vigilancia
La pandemia normalizó el autoritarismo digital en Singapur. A medida que la pandemia se prolongaba, los singapurenses fueron aceptando cada vez más el hecho de que ser vigilados por el gobierno a través de sus dispositivos electrónicos y otras formas de vigilancia redundaba en su propio beneficio. Tal aceptación se produjo por el uso por parte del gobierno de la retórica del bien común, que obliga a los singapurenses y residentes en Singapur a renunciar voluntariamente a sus derechos a la intimidad como una forma de patriotismo. Como resultado, la pandemia moldeó la actitud y la mentalidad favorables de la ciudad-estado hacia la vigilancia estatal.
Artículo republicado de Global Voices por licencia Creative Commons Attribution 3.0. Link al artículo original:https://globalvoices.org/2023/07/12/singapore-under-the-pandemic-the-normalisation-of-digital-authoritarianism/
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