La industria tabacalera argentina está inmersa en un escándalo de acusaciones y demandas reveladas por Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí SA. Apodado el Señor del Tabaco, Otero ha lanzado una demanda judicial sin precedentes contra directivos de Massalin Particulares, subsidiaria de Philip Morris International en Argentina, acusándolos de intentar «eliminar la competencia» en el mercado local.
Las acusaciones, especificadas en un documento legal, incluyen varios delitos serios como asociación ilícita y fraude a la administración pública. También apuntan a una supuesta complicidad de altos cargos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y directivos del Grupo Clarín, quienes han sido incorporados en la demanda.
Otero afirma que su acción legal es una respuesta a una supuesta campaña de desacreditación y coerción iniciada por Philip Morris International, por medio de su filial Massalin Particulares, con la colaboración de ciertos medios de comunicación y funcionarios gubernamentales. El propósito de esta campaña sería desplazar a competidores menores, como Tabacalera Sarandí, del mercado tabacalero argentino.
El núcleo de la disputa legal radica en una serie de eventos y maniobras que, según la demanda, fueron orquestadas por Philip Morris International junto con sus colaboradores locales. La denuncia alega que los ejecutivos de Massalin Particulares recurrieron a diversas «tácticas ilícitas», como la «creación de acusaciones falsas, presiones sobre legisladores y campañas mediáticas en colaboración con los principales periódicos del país», con el objetivo de lograr ventajas competitivas y expulsar a sus rivales del mercado.
Otero también menciona la supuesta complicidad de algunos funcionarios de la AFIP, quienes, presionados, habrían evitado actuar legalmente contra Tabacalera Sarandí, pese a que la empresa cumple con todas sus obligaciones fiscales.
Tabacalera Sarandí SA, que comercializa marcas como Red Point, West, Master y Kiel, ha estado disputando en los tribunales una reforma a la ley 24.674 de impuestos internos implementada durante la administración de Mauricio Macri, que incrementó estos impuestos en un 70%. La empresa sostiene que esta medida elevó considerablemente los precios al consumidor de sus productos, poniéndola en desventaja frente a las corporaciones internacionales.
Según Tabacalera Sarandí, la Ley 27.430 instauró un impuesto mínimo para los cigarrillos, el cual está en vigor y está diseñado para elevar significativamente el precio de los cigarrillos de bajo costo producidos por pequeñas y medianas empresas (una porción menor del mercado tabacalero), dificultando así su capacidad para competir en precio con los cigarrillos producidos por las grandes corporaciones multinacionales que dominan el mercado. Al mismo tiempo, esta ley redujo la tasa ad valorem del impuesto interno a los cigarrillos del 75% al 70%, beneficio que principalmente favorece a las grandes empresas multinacionales, ya que estas mayoritariamente comercializan cigarrillos premium (una porción mayoritaria del mercado tabacalero) que no están sujetos al impuesto mínimo.
La compañía argumenta que ninguna pequeña o mediana empresa tabacalera abona el llamado impuesto mínimo, ya sea porque la mayoría ha conseguido alguna exención judicial que les libera de este pago, o porque, aunque no dispongan de resoluciones judiciales, el abono de dicho impuesto resultaría en la extinción de la empresa. Por lo tanto, Tabacalera Sarandí no es ni ha sido la única empresa del sector que no paga el impuesto mínimo.
pagar el impuesto interno al tabaco, su presidente, Pablo Otero, denunció que medios de comunicación, legisladores y Philip Morris estaban hostigando y acosando a su empresa mediante una campaña mediática.
El tema del impuesto a Tabacalera Sarandí generó un intenso debate en la última sesión de la Cámara de Diputados durante la discusión de la Ley Bases. En esa sesión, se reintrodujo el artículo relacionado con el apoyo de la oposición, logrando 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones.
El diputado nacional por Salta, Carlos Zapata, expresó su preocupación en un punto de privilegio ante sus pares en la Cámara baja al denunciar a Darío Pulenta, CEO de Massalin Particulares, y desde entonces, se ha visto envuelto en una «campaña de desprestigio».
Tabacalera Sarandí denuncia una persecución mediática, específicamente señala a Clarín, judicial y legislativa. Para la empresa, la dominante y poderosa presencia de las multinacionales se percibe como un obstáculo en la divulgación de la verdad de varias maneras. Históricamente, durante las crisis, los productos nacionales de empresas considerablemente menores en estructura y alcance tienden a ser más asequibles y se consolidan como marcas alternativas, logrando un crecimiento notable. Curiosamente, esta dinámica del mercado es frecuentemente ignorada por los formadores de opinión, quienes parecen favorecer intereses ocultos distorsionando la realidad de la industria. Mediante este comunicado, se intenta proporcionar claridad a los clientes y al público en general. A pesar de que el bloqueo mediático pueda parecer infranqueable, la empresa no desistirá en su empeño por mantenerse, apoyando a 400 familias que dependen de ella y cuya construcción ha demandado un gran esfuerzo.
Colaboradora en ReporteAsia.
