La industria tabacalera argentina se encuentra en el ojo de una tormenta de acusaciones y denuncias reveladas por Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí SA. El Señor del Tabaco, como se lo conoce, ha emprendido una batalla legal sin precedentes contra ejecutivos de Massalin Particulares, la filial de Philip Morris International en el país, por supuestos intentos de «eliminar a la competencia» en la industria local.
Las acusaciones, detalladas en una presentación judicial, abarcan una serie de delitos graves, incluyendo asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Además, implican la supuesta complicidad de altos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y directivos del Grupo Clarín, quienes también fueron incluidos en la demanda.
Según Otero, esta acción legal es una respuesta directa a una presunta campaña de desprestigio y presión iniciada por Philip Morris International a través de su filial Massalin Particulares S.A., en colaboración con ciertos sectores de los medios de comunicación y funcionarios públicos. El objetivo de esta campaña, según el denunciante, es eliminar a competidores más pequeños, como Tabacalera Sarandí, del mercado tabacalero argentino.
La batalla legal de Otero se centra en una serie de eventos y acciones que, según se alega, fueron orquestadas por Philip Morris International y sus aliados locales. La denuncia sostiene que ejecutivos de Massalin Particulares emplearon diversas «maniobras ilícitas», tales como la «fabricación de causas falsas, presiones sobre legisladores, y operaciones de prensa en colaboración con los principales medios periodísticos del país», con el fin de obtener ventajas competitivas y eliminar a sus rivales del mercado.
Otero también señaló la supuesta complicidad de ciertos funcionarios de la AFIP, quienes, bajo estas presiones, se habrían abstenido de tomar medidas legales contra Tabacalera Sarandí, a pesar de que la empresa cumple con todas sus obligaciones fiscales.
Tabacalera Sarandí SA, propietaria de marcas como Red Point, West, Master y Kiel, lleva años cuestionando en los tribunales una reforma a la ley 24.674 de impuestos internos implementada durante el gobierno de Mauricio Macri, que aumentó esos tributos en un 70%. La compañía argumentó que esta medida resultaba en un incremento significativo en el precio al público de sus productos, situándola en desventaja frente a las empresas internacionales.
Después de que la Corte Suprema suspendiera la ejecución de la sentencia que permitía a Tabacalera Sarandí no pagar el impuesto interno al tabaco, su presidente, Pablo Otero, acusó a medios, legisladores y a Philip Morris de hostigar y acosar a su empresa a través de una campaña mediática.
La cuestión de la aplicación de impuestos a Tabacalera Sarandí causó revuelo en la última sesión de la Cámara de Diputados durante el debate de la Ley Bases. En esta sesión, se reincorporó el artículo pertinente con el apoyo de la oposición, obteniendo 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones.
El diputado nacional por Salta, Carlos Zapata, tomó la palabra en la cuestión de privilegio ante sus colegas en la Cámara baja para denunciar al CEO de la empresa Massalin Particulares, y a partir de ese momento, se ha convertido en objeto de una «campaña de desprestigio».
Fuentes del sector tabacalero han denunciado un incremento en las actividades de lobby de la empresa Philip Morris a favor de su filial argentina, Massalin Particulares, mediante la promoción de una ley diseñada para sofocar a la competencia nacional.
El objetivo es la aprobación de la llamada «Ley Massalin», que impondría un impuesto mínimo al tabaco para reducir los precios y así asfixiar a la competencia. Además, la ley permitiría la comercialización de IQOS y vapeadores con un arancel muy bajo, de solo el 20%. De acuerdo con estas fuentes, los representantes de Massalin están realizando gestiones constantes en las oficinas de la Presidencia y del Congreso.
En ese sentido, Tabacalera Sarandí publicó un descargo público donde realiza serias acusaciones:
«Entendemos que la presencia omnipotente y poderosa de las multinacionales obstaculiza por diversas maneras que se escuche la verdad. Históricamente en medio de las crisis los productos nacionales de empresas infinitamente más chicas en estructura y despliegue resultan ser siempre más económicos y se posicionan como segundas marcas con importante crecimiento. Esta ley de mercado parece ser llamativamente ignorada por los formadores de opinión que solo apuntan a beneficiar intereses espurios tergiversando la realidad de la industria. Por la presente apuntamos a llevar claridad a nuestros clientes y a la opinión pública en general y aunque el cerco mediático sea imposible de franquear, no claudicaremos en nuestro afán de sostener esta empresa de 400 familias que tanto esfuerzo nos ha costado construir».
Colaboradora en ReporteAsia.
