Como parte del desarrollo de una fuerte disputa en la industria tabacalera argentina, Tabacalera Sarandí SA ha lanzado una acusación formal contra la gigante multinacional Philip Morris, así como contra los influyentes grupos mediáticos Clarín y La Nación. Según un comunicado emitido por Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí, se ha presentado una denuncia penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, alegando una «coordinación sistemática para sabotear la operatividad de Tabacalera Sarandí y eliminar la competencia en favor de las multinacionales».
La denuncia, identificada con el número de causa CFP 1901/2024, alega que Philip Morris Internacional, a través de su subsidiaria local Massalin Particulares SA, ha emprendido acciones delictivas que incluyen la fabricación de causas judiciales, presiones a legisladores y manipulaciones mediáticas, trabajando en conjunto con los grupos La Nación y Clarín. Estas acciones tienen el propósito explícito de coaccionar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que actúe en contra de los intereses de Tabacalera Sarandí, limitando injustamente su acceso a estampillas fiscales y violando la confidencialidad fiscal al divulgar detalles financieros a periodistas.
El comunicado detalla que estas maniobras han afectado gravemente la operación normal de la empresa, mencionando incidentes específicos donde la AFIP ha compartido información confidencial con el periodista Hugo Alconada Mon y el Diario Clarín, quienes supuestamente utilizaron estos datos para publicar notas sesgadas contra Tabacalera Sarandí.
«Estos hechos no son solo ataques contra Tabacalera Sarandí sino contra todo el sector tabacalero nacional y representan una amenaza para la libre competencia en nuestro mercado», afirmó Pablo Otero. La denuncia ha sido ampliada para incluir a personal de la AFIP, alegando la existencia de una asociación ilícita entre Massalin Particulares, los mencionados medios de comunicación y funcionarios del organismo fiscal.
En respuesta a estos ataques, Tabacalera Sarandí también ha solicitado la intervención del Presidente de la Nación, pidiendo la creación de una mesa de diálogo que incluya a todas las PYMEs del sector tabacalero para discutir soluciones a los problemas causados por las acciones de las multinacionales Philip Morris y British American Tobacco entre los años 2015 y 2024.
Este caso destaca las tensiones existentes en la industria tabacalera argentina, donde las estrategias de las grandes multinacionales a menudo chocan con los intereses de los productores nacionales, poniendo en juego no solo cuestiones económicas sino también principios de equidad y justicia corporativa.
Tabacalera Sarandí inicia acción legal contra diputados de la Coalición Cívica
La controversia ha escalado hasta el Congreso durante el debate de la Ley Bases, con acusaciones cruzadas: Massalin acusa a Sarandí de evadir impuestos, mientras que Sarandí argumenta estar siendo excluida del mercado. La presentación de Otero al gobierno nacional pide la intervención del ministro Luis Caputo, tras un fallo reciente de la Corte Suprema que desestimó una medida cautelar de 2021 que eximía a Sarandí de pagar impuestos internos durante un litigio con AFIP.
Según Otero, las presiones mediáticas sobre la AFIP inicialmente impidieron que su empresa recibiera la cantidad adecuada de estampillas fiscales, afectando el normal funcionamiento de Tabacalera Sarandí. Otero detalla un «coordinado plan sistemático de hostigamiento, presión judicial y manipulación mediática» por parte de Massalin y sus colaboradores mediáticos, con el objetivo de forzar a la AFIP a cobrar supuestas deudas fiscales que ascienden a mil millones de dólares.
Otero argumenta que estas maniobras buscan eliminar la competencia, afectando no solo a su empresa sino a toda la industria tabacalera nacional. Revela además que, según fuentes del sector, la AFIP podría estar planificando nuevas maniobras ilícitas para influir en el mercado del tabaco, algo que, de confirmarse, constituiría delitos graves como incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Ante esta situación, Otero ha solicitado la intervención inmediata del Ministerio de Economía para detener cualquier acto que busque el «aniquilamiento de la industria nacional tabacalera». También ha pedido una mesa de diálogo urgente que incluya a todas las PYMEs del sector para buscar soluciones a los daños causados por las acciones de las multinacionales.
Los críticos de Otero señalan que su empresa se benefició de evadir el impuesto mínimo a los cigarrillos, acaparando una gran parte del mercado con productos a mitad de precio en comparación con la competencia. Mientras tanto, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha denunciado el daño multimillonario a las arcas del estado provocado por las maniobras de Sarandí, particularmente porque el tributo en cuestión beneficia al Fondo Nacional del Tabaco y es compartido con las provincias.
El escenario legal sigue siendo complejo y está lejos de resolverse, con Tabacalera Sarandí enfrentando un futuro incierto en un mercado altamente competitivo y regulado.
A su vez, días precios, la empresa había denunciado a dos diputados de la Coalición Cívica.
El conflicto se desató cuando los diputados Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, reconocidas figuras de la CC, lanzaron acusaciones públicas contra Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí. Los legisladores alegaron que Otero estaba implicado en prácticas corruptas y en la manipulación de influencias dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para beneficiar a su empresa, acusaciones que no solo sacaron a la luz supuestas malas prácticas sino que también provocaron un vendaval mediático y político.
La reacción de Tabacalera Sarandí fue rápida y firme. La empresa acusó a López y Campagnoli de liderar una “campaña de acoso y desprestigio” en contra de Otero y de la compañía. Según los documentos judiciales presentados por la empresa, se sugiere que las acciones de los diputados podrían estar motivadas por intereses ocultos y coordinadas con competidores directos, incluyendo grandes multinacionales tabacaleras.
La acción legal de Sarandí incluye acusaciones graves como difamación y daño moral, solicitando un proceso judicial meticuloso para clarificar los hechos y restituir la reputación de su presidente y sus operaciones.
En el terreno político, el caso ha provocado divisiones, con algunas voces dentro de la propia Coalición Cívica pidiendo prudencia y otras respaldando decididamente a los diputados implicados. Este caso ha puesto de relieve la compleja interacción entre política y negocios en Argentina, un tema que ha sido objeto de intensos debates y críticas en diversos sectores de la sociedad.
Periodista y apasionada del mundo asiático.
