La reciente aprobación de la Ley del Tabaco, que incrementó el impuesto al cigarrillo del 70% al 73%, ha desencadenado una serie de repercusiones negativas para la economía y la salud pública en Argentina en beneficio de compañías tabacaleras multinacionales, según informan fuentes de las pymes nacionales del sector.
En respuesta a la nueva legislación, las grandes tabacaleras multinacionales, Massalin (Philip Morris) y British American Tobacco (BAT), han bajado drásticamente los precios de sus productos con la intención de acaparar el mercado y desplazar a la competencia. Esta táctica provocará una notable disminución en la recaudación de impuestos, impactando negativamente en las subvenciones destinadas a los productores tabacaleros, en los fondos de la ANSES y en los recursos del Ministerio de Salud, que ahora debe gestionar un aumento en los gastos debido al crecimiento en el consumo de tabaco.
Esta situación ha causado gran malestar en el poder ejecutivo, que percibe esta maniobra como una manipulación y está considerando la posibilidad de incrementar el impuesto al cigarrillo hasta un 75%. Desde la Cámara de Tabacaleras PYME (UNTAPYA), se ve esta situación como un engaño premeditado, donde las provincias tabacaleras, el congreso, la justicia y diversos actores políticos y económicos han colaborado con las grandes tabacaleras para abolir el impuesto mínimo y favorecer intereses propios.
Durante los seis meses de debate sobre la Ley del Tabaco, se sostuvo que derogar la legislación anterior era crucial para aumentar la recaudación, equilibrar el mercado, reducir el consumo y aportar más al sistema de salud, que registra más de 45,000 muertes anuales por enfermedades asociadas al tabaquismo. No obstante, el informe de la Consultora ABECEB, liderado por el exministro de Producción y Trabajo Dante Sica, que proyectaba un incremento recaudatorio de 315 millones de USD para este año y de 1,400 millones de USD entre 2025 y 2026, ha resultado ser contraproducente según UNTAPYA, llegando a calificar la situación como ridícula, en el mejor de los casos.
La reducción de precios por parte de Massalin y BAT ha dejado al descubierto los verdaderos intereses detrás de la derogación del impuesto mínimo, resultando en una menor recaudación por parte de la AFIP, reducción de ayudas al sector agrícola y una desfinanciación del sistema de salud pública. Las pymes tabacaleras nacionales se han visto forzadas a elevar sus precios para afrontar el aumento de impuestos y sobrevivir sin el apoyo financiero de casas matrices que cubran sus pérdidas operativas. En un mercado donde está prohibido el marketing y la publicidad, y la calidad entre las marcas premium y las económicas es similar; estas medidas han puesto a las empresas nacionales en desventaja frente a las multinacionales, perjudicando las finanzas públicas y favoreciendo a intereses extranjeros.
En este contexto, el escenario actual para las PYMES tabacaleras es particularmente desafiante. Las grandes multinacionales, aprovechando sus recursos y presencia global, pueden ajustar sus estrategias de precios para adaptarse rápidamente a los cambios legislativos, mientras que las empresas locales enfrentan barreras significativas para mantener su competitividad.
Este desbalance en la competencia tiene implicaciones directas no solo en la economía sino también en la salud pública. Al hacer el tabaco más accesible mediante la reducción de precios, el consumo puede incrementarse, contradiciendo los objetivos de salud pública de reducir las enfermedades y muertes relacionadas con el tabaquismo.
Además, la disminución en la recaudación fiscal limita la capacidad del gobierno para financiar programas de prevención y tratamiento del tabaquismo, así como otras iniciativas de salud pública. Esto coloca una carga adicional sobre el sistema de salud, que ya se encuentra presionado por las consecuencias del tabaquismo en la población.
Ante esta situación, es fundamental que las políticas públicas y las regulaciones se diseñen cuidadosamente para asegurar un equilibrio justo que proteja tanto la salud pública como la viabilidad económica de las empresas locales. El diálogo entre el gobierno, las empresas y los representantes de los trabajadores será clave para alcanzar soluciones que beneficien a todos los sectores involucrados y que, sobre todo, promuevan un entorno más saludable y equitativo para todos los argentinos.
Para avanzar hacia una solución integral, es necesario que las autoridades reconsideren los enfoques actuales hacia la regulación del tabaco. Esto podría incluir la implementación de políticas que equilibren mejor las necesidades del mercado y los objetivos de salud pública, como establecer un piso de precios que impida que las grandes tabacaleras reduzcan precios de manera predatoria, o aumentar los recursos para campañas de concientización sobre los riesgos del tabaquismo.
Otra medida podría ser fortalecer el apoyo a las PYMES tabacaleras a través de incentivos fiscales o subvenciones que les permitan competir de manera más efectiva sin tener que comprometer su estructura de costos. Adicionalmente, promover la investigación y el desarrollo de alternativas menos dañinas al tabaco tradicional puede abrir nuevas oportunidades de mercado para estas empresas, mientras se alinea con los objetivos de reducción del consumo de tabaco.
Es vital también mejorar la transparencia y la aplicación de las leyes para asegurar que todas las empresas, sin importar su tamaño, operen en un campo de juego nivelado. Esto incluye un control más estricto de las prácticas de mercado y la implementación de medidas que aseguren que los impuestos y las regulaciones se apliquen equitativamente a todos los actores de la industria.
Finalmente, la cooperación internacional puede ser clave, considerando que el tabaco es un problema global. Trabajar en conjunto con organizaciones internacionales de salud y comercio puede ayudar a Argentina a adoptar las mejores prácticas y estándares internacionales, lo que podría mejorar la regulación y el control del tabaco en el país.
En suma, una política tabacalera bien pensada y equilibrada no solo apoyará la economía local y a las pequeñas empresas, sino que también contribuirá a la salud pública, ayudando a mitigar los impactos del tabaco en la sociedad argentina.
Periodista y apasionada del mundo asiático.
