Las empresas tabacaleras nacionales, lideradas por Tabacalera Sarandí, han acusado a los grandes grupos internacionales, Massalin (Philip Morris) y British American Tobacco, de reducir sus precios de forma coordinada con el fin de monopolizar el mercado y eliminar la competencia, aprovechando la aprobación de la Ley Bases. Esta acusación señala prácticas similares a las que anteriormente se atribuían a quienes ahora son las víctimas.
En el contexto del debate sobre la Ley Bases, ha emergido esta feroz disputa, convirtiéndose en un tema central del debate público. El conflicto principal se centra en el régimen impositivo del mercado del tabaco. Según las empresas internacionales, el esquema anterior otorgaba un beneficio extraordinario a las tabacaleras locales, permitiéndoles ganar mercado al vender a menor costo.
Ahora, las tabacaleras locales acusan a sus competidores internacionales de un «engaño planeado» que involucra a la política y la justicia, promoviendo un esquema que permite la reducción sistemática de precios en detrimento de las arcas públicas. Encabezando este reclamo está Tabacalera Sarandí, una de las principales empresas nacionales, liderada por Pablo Otero, quien ha denunciado una «grave persecución».
La Unión Nacional de Tabacaleras Pyme (UNTAPYA) criticó a las empresas multinacionales, acusándolas de reducir los precios de todas sus marcas de manera coordinada con el objetivo de monopolizar el mercado y eliminar la competencia. La cámara que agrupa a las pequeñas y medianas empresas del sector afirma que estas prácticas de precios fueron facilitadas por los cambios en la política tributaria del sector, introducidos a través de la denominada Ley Bases.
Desde la UNTAPYA indicaron en un comunicado que las multinacionales tabacaleras que operan en el país «han respondido a la nueva legislación reduciendo drásticamente los precios de sus productos con el objetivo de quedarse con el mercado y eliminar toda competencia».
La cámara empresaria considera que esta estrategia fue posible gracias a la sanción de la Ley Bases y que resultará «en una caída significativa en la recaudación de impuestos, afectando negativamente las subvenciones a los productores tabacaleros, los fondos de la ANSES y los recursos del Ministerio de Salud». En ese sentido, cuestionan la posición del Gobierno, que afirmaba que la Ley Bases generaría una mejora en la recaudación.
Además, desde UNTAPYA advierten que las empresas tabacaleras nacionales «se ven obligadas a aumentar sus precios para hacer frente al incremento de impuestos y sobrevivir sin el respaldo de casas matrices que financien sus pérdidas operativas».
Críticos del capítulo sobre el tabaco en la Ley Bases afirman que los argumentos del nuevo marco regulatorio prometían reducir el consumo, aumentar la recaudación e incluso contribuir al sistema de salud, objetivos que no se cumplirían en la práctica. «Sin embargo, el informe publicado por la Consultora ABECEB, cuyo presidente es el exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, mentor junto al Ministro Federico Sturzenegger de la actual Ley Massalin 3, prometía un aumento recaudatorio extra de 315 millones de USD este año y de 1.400 millones de USD más entre los años 2025 y 2026″, explicaron.
Finalmente, añadieron que, en contraposición a la decisión de Philip Morris y BAT, se ven obligados a aumentar sus precios para enfrentar la subida del impuesto. «Estas medidas ponen en desventaja a las empresas nacionales frente a las multinacionales, perjudicando las arcas públicas y beneficiando a los intereses extranjeros», concluyeron.
En este contexto, el escenario actual para las PYMES tabacaleras es particularmente desafiante. Las grandes multinacionales, aprovechando sus recursos y presencia global, pueden ajustar sus estrategias de precios rápidamente para adaptarse a los cambios legislativos, mientras que las empresas locales enfrentan barreras significativas para mantener su competitividad.
Este desbalance en la competencia tiene implicaciones directas no solo en la economía sino también en la salud pública. Al hacer el tabaco más accesible mediante la reducción de precios, el consumo puede incrementarse, contradiciendo los objetivos de salud pública de reducir las enfermedades y muertes relacionadas con el tabaquismo.
Además, la disminución en la recaudación fiscal limita la capacidad del gobierno para financiar programas de prevención y tratamiento del tabaquismo, así como otras iniciativas de salud pública. Esto coloca una carga adicional sobre el sistema de salud, que ya se encuentra presionado por las consecuencias del tabaquismo en la población.
Ante esta situación, es fundamental que las políticas públicas y las regulaciones se diseñen cuidadosamente para asegurar un equilibrio justo que proteja tanto la salud pública como la viabilidad económica de las empresas locales como Tabacalera Sarandí y miles de PyMEs que generan puestos genuinos de trabajo. El diálogo entre el gobierno, las empresas y los representantes de los trabajadores será clave para alcanzar soluciones que beneficien a todos los sectores involucrados y que, sobre todo, promuevan un entorno más saludable y equitativo para todos los argentinos.
Para avanzar hacia una solución integral, es necesario que las autoridades reconsideren los enfoques actuales hacia la regulación del tabaco. Esto podría incluir la implementación de políticas que equilibren mejor las necesidades del mercado y los objetivos de salud pública, como establecer un piso de precios que impida que las grandes tabacaleras reduzcan precios de manera predatoria, o aumentar los recursos para campañas de concientización sobre los riesgos del tabaquismo.
La situación actual requiere una revisión cuidadosa y colaborativa de las políticas para asegurar que las medidas adoptadas no solo favorezcan la competencia justa, sino que también protejan la salud pública y fortalezcan el sistema de salud, garantizando así un futuro más sano y equitativo para todos.
Periodista y apasionada del mundo asiático.
