Pocos días después de denunciar «prácticas coercitivas» por parte de una reconocida multinacional de la industria tabacalera, las autoridades de Tabacalera Sarandí SA intensificaron su protesta con una demanda judicial que destaca un presunto entramado de maniobras y obstáculos administrativos que, de ser implementados, favorecerían a las corporaciones internacionales en detrimento de las pymes locales del sector.
La demanda especifica que las multinacionales Philip Morris (Massalin Particulares) y British American Tobacco (BAT) estarían promoviendo una nueva regulación con el objetivo de «monopolizar el control de la producción y comercialización de tabaco en la región».
En este contexto, la disputa por el control del mercado tabacalero dibuja un panorama cada vez más complejo y tenso, que podría desembocar en un conflicto gremial dentro del sector, dada la gran cantidad de empleos que están en riesgo.
En la presentación realizada por Tabacalera Sarandí SA ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, la empresa destacó una propuesta de nueva regulación que, de ser implementada, resultaría en «una serie de obstáculos administrativos imposibles de superar para las PYMES tabacaleras argentinas, alcanzables solo para las empresas extranjeras».
Según los denunciantes, esta normativa representa un punto de convergencia de los intereses de los grupos multinacionales, supuestamente respaldados por abogados y autoridades de la AFIP que buscan influenciar de manera «ilícita» la dinámica del mercado para «exterminar de manera definitiva la industria tabacalera local».
Esta trampa regulatoria forzaría a la AFIP a denegar a las empresas argentinas las llamadas estampillas, (instrumentos fiscales de control -IFC-), indispensables para la fabricación, empaquetado y venta de cigarrillos, explicaron en la documentación judicial.
Alegan que la reglamentación ha sido diseñada a favor de las grandes corporaciones tabacaleras, las cuales contarían con apoyo político, con el objetivo de desplazar del mercado a las pequeñas y medianas empresas tabacaleras nacionales.
Según los informantes, la AFIP impondría una serie de restricciones administrativas prácticamente imposibles de cumplir para las pymes tabacaleras argentinas, restricciones que sólo las empresas extranjeras podrían superar.
Internamente, en la entidad fiscal, ya se refieren a esta situación como el «mandato Massalin». Desde la Cámara Nacional de Tabacaleras PYME (UNTAPYA) advierten que si este plan se convierte en realidad, las estampillas «los IFC, que son emitidos por la AFIP y son esenciales para regular y luego comercializar el tabaco empaquetado, se transformarían en herramientas fiscales de extorsión.
Tabacalera Sarandí contra la Coalición Cívica, Clarín, La Nación y Massalin
Sería inaceptable que el poder ejecutivo cediera de esta forma a los monopolios extranjeros y marcara el fin de la industria nacional» – declararon desde la cámara.
Las empresas locales alertan que, si se implementa esta nueva normativa de la AFIP, las multinacionales Philip Morris (Massalin) y BAT disfrutarían de un monopolio del 100% del mercado tabacalero en nuestro país.
Fabricantes y distribuidores nacionales, junto con el sector sindical, expresan su profunda preocupación por esta noticia alarmante, que de materializarse, devastaría a toda la pequeña y mediana industria tabacalera argentina, eliminando más de 3.000 puestos de trabajo directos. Fuentes sindicales de los trabajadores están preparándose para defender sus empleos con todas las medidas necesarias, ante este ataque directo a su fuente de ingresos y sustento familiar.
Recientemente, la compañía liderada por Pablo Otero solicitó la intervención del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, tras acusar a Massalin Particulares de ejecutar «prácticas coercitivas» destinadas a «eliminar a la competencia» de la industria local, con la presunta colaboración de funcionarios de la AFIP y grupos mediáticos.
El pasado viernes, el presidente de Tabacalera Sarandí, conocido en los medios como el «Señor del Tabaco», envió una carta al Ministerio de Economía denunciando que Massalin Particulares (filial de Phillip Morris International en el país) está tratando de «eliminar a la competencia» local con la supuesta complicidad de altos funcionarios de la AFIP y ejecutivos de Grupo Clarín y La Nación. Otero argumenta que estas maniobras pretenden desmantelar la industria tabacalera nacional, incluyendo su empresa, lo cual representaría un grave daño para cientos de trabajadores.
La disputa entre Sarandí y Massalin también ha resonado en el Congreso durante el debate de la recientemente aprobada Ley Bases, donde a Sarandí se le acusa de intentar monopolizar el mercado del tabaco, mientras que a Massalin se le critica por no cumplir con los pagos de impuestos como las demás empresas.
La solicitud de intervención al gobierno nacional se produjo un mes después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara una medida cautelar de 2021 que liberaba a Tabacalera Sarandí del pago de impuestos internos durante un litigio con la AFIP. A esto se añade una reciente advertencia del ente recaudador, que amenazó con limitar el suministro de las estampillas fiscales necesarias para la comercialización de cigarrillos.
Periodista y apasionada del mundo asiático.
