Pocos días después de denunciar «prácticas coercitivas» de una destacada multinacional de la industria tabacalera, Tabacalera Sarandí SA ha intensificado su protesta con una acción legal que señala un supuesto entramado de maniobras y barreras administrativas que, de implementarse, beneficiarían a las corporaciones internacionales en perjuicio de las PyMEs locales del sector.
La acción legal detalla que las multinacionales Philip Morris (Massalin Particulares) y British American Tobacco (BAT) están impulsando una nueva regulación destinada a «monopolizar el control de la producción y comercialización de tabaco en la región».
En este escenario, la lucha por el dominio del mercado tabacalero presenta un panorama cada vez más complicado y tenso, que podría derivar en un conflicto sindical en el sector debido al alto número de empleos que están en juego.
En su presentación ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, Tabacalera Sarandí SA resaltó una propuesta de regulación que, si se implementa, resultaría en «una serie de barreras administrativas intransitables para las pymes tabacaleras argentinas, solo superables por las empresas extranjeras».
Según los demandantes, la propuesta normativa sería un punto de encuentro para los intereses de las multinacionales, supuestamente apoyadas por abogados y autoridades de la AFIP que intentan influir de manera «ilícita» en la dinámica del mercado para «eliminar completamente la industria tabacalera local».
Esta medida regulatoria obligaría a la AFIP a negar a las empresas argentinas las denominadas estampillas, (Instrumentos Fiscales de Control – IFC), esenciales para la fabricación, empaquetado y venta de cigarrillos, como se detalla en la documentación judicial.
Los denunciantes argumentan que la regulación ha sido diseñada para beneficiar a las grandes corporaciones tabacaleras, que contarían con respaldo político, con el fin de eliminar del mercado a las pequeñas y medianas empresas tabacaleras nacionales.
Los informantes indican que la AFIP establecería una serie de restricciones administrativas que serían prácticamente imposibles de cumplir para las pymes tabacaleras argentinas, pero no para las empresas extranjeras.
Dentro de la entidad fiscal, ya se habla de esta situación como el «mandato Massalin». Desde la Cámara Nacional de Tabacaleras PYME (UNTAPYA) alertan que, de implementarse este plan, las estampillas «los IFC, emitidos por la AFIP y cruciales para la regulación y comercialización del tabaco empaquetado, se convertirían en herramientas de extorsión fiscal.
Empresas locales advierten que, de implementarse la nueva normativa de la AFIP, las multinacionales Philip Morris (Massalin) y BAT podrían monopolizar completamente el mercado tabacalero en nuestro país.
Tabacalera Sarandí advierte sobre conflicto gremial en el sector
Fabricantes y distribuidores nacionales, junto al sector sindical, están profundamente preocupados por esta perturbadora posibilidad, la cual, de hacerse realidad, aniquilaría la pequeña y mediana industria tabacalera argentina, suprimiendo más de 3.000 empleos directos. Las fuentes sindicales ya se están movilizando para proteger sus trabajos frente a este potencial golpe a sus medios de vida.
Recientemente, bajo la dirección de Pablo Otero, la empresa solicitó la intervención del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, después de acusar a Massalin Particulares de llevar a cabo «prácticas coercitivas» para «eliminar a la competencia» local, con la supuesta ayuda de funcionarios de la AFIP y grupos mediáticos.
El pasado viernes, Otero, conocido como el «Señor del Tabaco», envió una carta al Ministerio de Economía denunciando que Massalin Particulares intenta «eliminar a la competencia» local con la ayuda de altos funcionarios de la AFIP y ejecutivos de Grupo Clarín y La Nación. Según Otero, estas acciones buscan desmantelar la industria tabacalera nacional, afectando gravemente a su empresa y a cientos de trabajadores.
La contienda entre Tabacalera Sarandí y Massalin también se ha hecho eco en el Congreso durante el debate de la recientemente aprobada Ley Bases, donde se acusa a Tabacalera Sarandí de intentar acaparar el mercado del tabaco, mientras que a Massalin se le reprocha el incumplimiento en el pago de impuestos como las demás empresas.
Esta petición de intervención gubernamental ocurrió un mes después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara una medida cautelar de 2021 que eximía a Tabacalera Sarandí del pago de impuestos internos mientras se resolvía un litigio con la AFIP. A esto se suma una reciente advertencia del ente recaudador, que amenazó con restringir el suministro de estampillas fiscales necesarias para la comercialización de cigarrillos.
Además, días antes, la empresa había presentado una denuncia contra dos diputados de la Coalición Cívica.
El conflicto surgió cuando los diputados Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, destacadas figuras de la CC, realizaron acusaciones públicas contra Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí. Los legisladores afirmaron que Otero estaba involucrado en prácticas corruptas y en la manipulación de influencias dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para favorecer a su empresa, lo cual no solo expuso supuestas irregularidades, sino que también generó un gran revuelo mediático y político.
La respuesta de Tabacalera Sarandí SA fue inmediata y contundente. La compañía acusó a López y Campagnoli de orquestar una “campaña de acoso y desprestigio” contra Otero y la empresa. De acuerdo con la documentación legal presentada por Tabacalera Sarandí, se sugiere que las acciones de los diputados podrían estar motivadas por intereses ocultos y estar coordinadas con competidores directos, incluyendo grandes multinacionales tabacaleras.
La demanda legal interpuesta por Sarandí incluye acusaciones serias como difamación y daño moral, exigiendo un procedimiento judicial detallado para esclarecer los hechos y restaurar la reputación de su presidente y sus operaciones.
Políticamente, el caso ha causado divisiones, con algunas facciones dentro de la propia Coalición Cívica solicitando cautela, mientras otras apoyan firmemente a los diputados involucrados. Este caso ha destacado la intrincada relación entre la política y los negocios en Argentina, un asunto que ha provocado intensos debates y críticas en varios sectores de la sociedad.
Periodista y apasionada del mundo asiático.
