Una enfermera de 64 años ha acusado públicamente a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Japón de ignorar sus denuncias de abuso sexual. Tokie Tanaka, quien en 2023 presentó una demanda civil contra la Sociedad del Verbo Divino en Japón, afirma que fue víctima de violación reiterada por parte de un sacerdote chileno durante más de cuatro años. En una conferencia de prensa en Tokio, Tanaka apuntó directamente contra el arzobispo Tarcisio Isao Kikuchi, líder de la arquidiócesis de Tokio y una de las figuras clave del catolicismo en Asia.
La denuncia, que se suma a una creciente ola de acusaciones contra clérigos católicos en todo el mundo, pone en tela de juicio el manejo de casos de abuso sexual dentro de la Iglesia japonesa. Tanaka asegura que el sacerdote, Osvaldo Javier Vargas Flos, abusó de su confianza tras haberse enterado de que ella había sido víctima de abuso sexual en su infancia. Según su relato, el sacerdote usó la excusa de «guía espiritual» para coaccionarla sexualmente y filmarla sin su consentimiento.
El sacerdote fue suspendido en 2019, un año después de que Tanaka informara a la congregación. Sin embargo, no fue procesado penalmente ni enfrentó sanciones más severas, ya que regresó a su país de origen, Chile. Tanaka sostiene que el sacerdote recibió un millón de yenes de la Iglesia al partir, suma que ella interpreta como una posible «compensación» o pago encubierto. Además, afirma que el arzobispo Kikuchi nunca respondió a sus múltiples intentos de comunicarse para exigir justicia.
La falta de respuesta institucional ha sido uno de los ejes centrales de la crítica. La abogada de Tanaka, Kazue Akita, señaló que Kikuchi tenía una doble responsabilidad, ya que no solo encabezaba la arquidiócesis de Tokio, sino que también formaba parte de la misma congregación religiosa que el sacerdote acusado. A pesar de ello, nunca habría tomado medidas concretas para sancionar o investigar a fondo el caso.
Otro elemento perturbador del testimonio es la forma en que se produjo el abuso. Tanaka explicó que el sacerdote grabó numerosos videos de carácter sexual y la amenazó con hacerlos públicos si se negaba a continuar con los encuentros. No fue sino hasta que recibió tratamiento psicológico en 2017 que comenzó a comprender la naturaleza coercitiva de la relación.
En su demanda civil, Tanaka reclama una indemnización de 30 millones de yenes. Sin embargo, la defensa legal de la Iglesia ha argumentado que no puede hacerse responsable de las acciones «privadas» de sus sacerdotes. Esta posición fue formalizada en un escrito judicial presentado en marzo, donde se indica que los sacerdotes, aunque llevan una vida consagrada, tienen tiempo personal en el que pueden realizar actividades como leer o hacer deporte. Según esa lógica, la institución no es responsable de lo que hagan fuera del ejercicio formal de sus funciones sacerdotales.
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Este argumento ha sido ampliamente criticado por organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, que consideran que las estructuras religiosas no pueden desligarse de la conducta de sus miembros, especialmente cuando la posición de poder y autoridad espiritual ha sido un factor determinante en la dinámica de abuso.
La denuncia de Tanaka cobra aún mayor relevancia por su contexto temporal. En abril, falleció el Papa Francisco y el arzobispo Kikuchi es uno de los 130 cardenales que participarán en el cónclave para elegir a su sucesor. La posibilidad de que una figura cuestionada por su inacción ante un caso de abuso sexual tenga voto en una decisión de tamaña magnitud genera tensiones tanto dentro como fuera de la comunidad católica.
El caso también pone de relieve las dificultades para llevar a la justicia a religiosos extranjeros que cometen delitos en territorio japonés. La policía informó a Tanaka que no podía hacer nada una vez que el sacerdote había salido del país. La falta de mecanismos internacionales eficaces para perseguir estos crímenes deja a muchas víctimas sin posibilidad de reparación legal.
En 2024, Tanaka decidió revelar su identidad y contar su historia públicamente, inspirada por el caso de Rina Gonoi, una exintegrante de las Fuerzas de Autodefensa de Japón que logró una victoria legal en un caso de abuso sexual dentro del ejército. Ambas mujeres se han convertido en referentes para otras sobrevivientes que aún temen denunciar.
Por el momento, el Vaticano no ha emitido comentarios sobre el caso, a pesar de que la abogada de Tanaka envió una carta directamente al Papa antes de su fallecimiento. Esta falta de respuesta refuerza la percepción de opacidad y desinterés que muchas víctimas denuncian cuando buscan justicia dentro de la Iglesia Católica.
El caso de Tokie Tanaka no es un hecho aislado. En años recientes, varios países han documentado abusos sistemáticos por parte de miembros del clero y encubrimientos institucionales. La experiencia de Japón muestra que, aunque los mecanismos formales están comenzando a desarrollarse, la voluntad política y eclesiástica para usarlos de forma eficaz aún es limitada.
La demanda civil sigue en curso y podría sentar un precedente importante sobre la responsabilidad institucional de las congregaciones religiosas. Mientras tanto, Tanaka sigue luchando por que su historia no sea ignorada ni minimizada. Su testimonio es, según afirma, parte de un esfuerzo mayor por romper el silencio que durante años ha protegido a agresores bajo el amparo de la fe.
La historia de esta mujer japonesa se suma a una lista cada vez más extensa de sobrevivientes que exigen verdad, justicia y transformaciones profundas en una institución que ha tardado demasiado en enfrentar sus propios pecados y donde Kikuchi no es el único encubridor.
Colaboradora en ReporteAsia.
