¿Quién tiene derecho a pensar en la India?

El arresto del profesor de la Universidad Ashoka, Ali Khan Mahmudabad, por una publicación cuidadosamente redactada en Facebook no tiene que ver con la seguridad nacional de la India, sino con silenciar la intelectualidad musulmana.

En una democracia, el derecho a expresarse libremente es fundamental. Pero en la India actual, ese derecho está cada vez más filtrado por la identidad religiosa. La reciente detención de Ali Khan Mahmudabad —historiador, autor y profesor— revela una verdad inquietante: para los musulmanes indios, el simple acto de hablar se ha convertido en un riesgo.

El supuesto delito de Mahmudabad no fue sedición, discurso de odio ni incitación a la violencia; fue una publicación en Facebook —cuidadosamente redactada, moderada en su análisis, casi con tono académico—. En ella, comentaba el cambio en la doctrina militar de la India respecto a Pakistán, criticaba la política de guerra y reflexionaba sobre cómo los gestos simbólicos —como la inclusión de mujeres musulmanas en conferencias de prensa militares— no pueden sustituir a la justicia estructural. Lamentaba el costo del conflicto, especialmente para los sectores más pobres. Pedía rendición de cuentas política, no una revuelta.

No hubo nada incendiario ni irresponsable. Y aun así, fue arrestado por ello.

Este episodio es emblemático de una crisis más amplia. En la India actual, un intelectual público musulmán no necesita ser radical para ser castigado: basta con ser visible.

Lo que escribió Mahmudabad sería, en cualquier democracia funcional, parte legítima del debate público. Pero la reacción a sus palabras nos revela algo mucho más peligroso: que a los musulmanes no se les permite pensar en voz alta, ni siquiera dentro de los límites más seguros de una crítica razonada. Esto no tiene que ver con la seguridad nacional. Tiene que ver con la política de la identidad y con el estrechamiento del espacio democrático.

Como observó el teórico político Mahmood Mamdani tras los atentados del 11 de septiembre, los estados liberales suelen distinguir entre el “musulmán bueno” y el “musulmán malo”. El musulmán bueno es callado, obediente y leal sin hacer preguntas. El musulmán malo es el que pregunta, lamenta, recuerda o analiza, y por eso se convierte en una amenaza.

En la India de hoy, Mahmudabad se convierte en un “musulmán malo” no por lo que dijo, sino porque se negó a guardar silencio en un momento de creciente fervor nacionalista.

El proyecto nacionalista hindú que hoy domina la política india exige un tipo específico de musulmán: uno agradecido e invisible, que alabe al Estado, que borre su solidaridad con el sufrimiento global de los musulmanes y que aplauda la violencia militar como única prueba de lealtad. Incluso eso, muchas veces, no es suficiente.

Esta es la historia más profunda detrás de la detención de Mahmudabad: la criminalización no dicha del pensamiento político musulmán. El Estado no quiere solo que los musulmanes cumplan con la ley; quiere que renuncien a su capacidad de pensar, reflexionar y hablar desde su historia. El musulmán que cita a Gandhi, que habla en urdu o que recuerda a Palestina es visto como potencialmente subversivo. El profesor musulmán es tan sospechoso como el manifestante musulmán.

En este espacio cada vez más estrecho, los críticos hindúes liberales todavía conservan cierto margen de disenso tolerado. Pueden lanzar advertencias, escribir columnas de opinión, participar en paneles. Son vigilados, sí, pero no criminalizados simplemente por reflexionar. Para los musulmanes, en cambio, cada palabra se convierte en una prueba, y cada silencio en una estrategia.

Este doble estándar no es incidental: es estructural. Es, en términos del pensador Ghassan Hage, la “fantasía de la nación blanca” trasladada a un Estado de mayoría marrón. En su libro White Nation, Hage explora cómo los grupos dominantes construyen fantasías de pertenencia nacional que excluyen a otros, incluso cuando afirman incluirlos. La India actual representa una inclusión simbólica mediante la presencia militar, la diversidad tokenizada y espectáculos cuidadosamente curados, mientras en los hechos retira derechos y protecciones a esas mismas comunidades tras bambalinas.

Tomemos el caso de la coronel Sofiya Qureshi, una de las dos mujeres presentadas en la conferencia de prensa militar que comentó Mahmudabad. Fue elogiada un día y vilipendiada al siguiente. Un ministro del partido gobernante comunalizó su apellido, insinuando traición por defecto. Esto no es solo fanatismo: es un recordatorio claro de que los musulmanes pueden ser exhibidos como símbolos, pero nunca se les permite la dignidad de ciudadanos.

Lo que estamos presenciando es una diversidad escenificada sin derechos; representación sin inclusión. La académica Zoya Hasan, en su trabajo sobre secularismo y representación política, ha argumentado que el secularismo indio se ha convertido en un pacto condicionado: las minorías son reconocidas simbólicamente, pero despojadas de poder en lo sustantivo. Los musulmanes son exhibidos, pero no defendidos. Celebrados, pero no seguros.

Y como bien dijo Arundhati Roy: “No existen los sin voz. Solo existen los silenciados deliberadamente, o los preferiblemente no escuchados.” Hoy, los musulmanes son ambas cosas. Son silenciados por el miedo, e ignorados incluso cuando hablan. Esto no se trata solo del derecho a expresarse: se trata de la negación sistemática de la subjetividad.

Este clima de miedo ha producido una crisis no solo política, sino también de memoria. A los musulmanes se les exige olvidar: olvidar Gujarat, olvidar los linchamientos, olvidar Babri, olvidar Palestina. Cualquier memoria que los conecte con las historias musulmanas, locales o globales, es retratada como extranjera o desleal. En ese contexto, recordar es resistir.

La ironía es que la publicación de Mahmudabad no era un llamado a la resistencia. Era un llamado a la cautela, a la responsabilidad, a la paz. Condenaba la violencia, señalaba la hipocresía y advertía sobre el costo del conflicto. Pero incluso eso —tal vez especialmente eso— resulta amenazante para un régimen que se alimenta del conflicto, el miedo y el espectáculo.

La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿Quién tiene derecho a pensar en la India de hoy?

Si los académicos musulmanes pueden ser detenidos por una publicación en Facebook, si los soldados musulmanes pueden ser difamados por ministros, si las familias musulmanas pueden ser desalojadas sin juicio, entonces esto no es solo islamofobia: es el colapso de la ciudadanía constitucional. Es un régimen de sospecha, donde la identidad es evidencia y el silencio, supervivencia.

Y, sin embargo, como escribió el propio Mahmudabad, la conferencia de prensa que inspiró su reflexión también reveló un atisbo de otra India: una India donde la diferencia aún existe, donde la dignidad aún titila, donde la Constitución aún no ha muerto. Esa India está golpeada, herida, asediada, pero no está muerta.

Es por esa India que ahora debemos luchar —no solo con consignas y discursos, sino con conocimiento, solidaridad y firmeza. Debemos proteger el derecho a hablar, y especialmente el derecho de quienes el Estado más desea silenciar. No porque no tengan voz, sino porque sus voces nos recuerdan lo que realmente significa la democracia.

Las palabras de Mahmudabad no eran peligrosas. Pero la idea de que los musulmanes aún puedan pensar críticamente y expresarse públicamente en este país —esa idea sí aterra al Estado. Y por eso, más que por cualquier otra cosa, su detención importa.

Nota: esta es un artículo republicado del medio «The Wire» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.