En los meses previos a que China Southern Power Grid International (CSGI) finalizara la compra de las operaciones de distribución de la empresa italiana Enel en Perú, en junio de 2024, comenzaron a circular en Lima debates sobre la creciente presencia de empresas estatales chinas en el sector eléctrico local.
Con una adquisición por USD 3.100 millones aprobada por la autoridad de competencia de Perú tras diez meses de deliberación, la empresa China CSGI, a través de su filial North Lima Power Grid, elevó su participación en el mercado de distribución de Lima al 54%. El 46% restante está en manos de China Three Gorges Corporation, otra empresa estatal china del rubro energético.
Este panorama generó inquietud en distintos sectores, desatando preocupaciones sobre el papel de la propiedad extranjera en la distribución de electricidad, la concentración de operadores bajo control chino y el riesgo de competencia desleal. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), una reconocida entidad empresarial, expresó reiteradamente su alarma, asegurando que esta situación “representa una concentración del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de la República Popular China”. Organizaciones de la sociedad civil también manifestaron temores de que este “monopolio”, como lo han calificado algunos analistas, pueda incidir en la fijación de tarifas y provocar aumentos en los precios para los consumidores.
El medio Dialogue Earth consultó a figuras destacadas del sector sobre este debate y recogió opiniones que indican que, aunque la normativa podría mitigar algunas preocupaciones, aún existen aspectos que requieren vigilancia constante.
Preocupaciones por monopolio en Lima
El sistema eléctrico peruano está conformado por más de 80 empresas generadoras, 21 de transmisión y 23 distribuidoras. Entre estas últimas —encargadas de construir, operar y mantener redes de media y baja tensión— destacan Pluz Energía (nombre que adoptó la filial de CSGI tras la compra a Enel) y Luz del Sur, propiedad de China Three Gorges. Ambas compañías concentran activos en Lima y provincias cercanas, y prestan servicio a casi tres millones de usuarios, lo que equivale a un tercio del mercado nacional.
La participación extranjera en la distribución eléctrica del país no es una novedad. La propia Enel adquirió activos en Perú en 2014, cuando compró la compañía española Endesa, presente en el país desde 1994. Sin embargo, el anuncio de la venta de Enel a CSGI despertó reacciones centradas en el rol creciente de empresas estatales provenientes de un único país.
Especialistas consultados por Dialogue Earth señalaron que la concentración empresarial está prohibida en Perú y que las reglas bajo las cuales se permite la participación extranjera están debidamente reguladas.
Luis Espinoza, experto en el sector y exviceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas (Minem), explicó que si bien la normativa no distingue entre empresas nacionales y extranjeras, el organismo público encargado de la competencia, Indecopi, “ha impuesto reglas de conducta que deben ser supervisadas”.
Indecopi finalmente autorizó la compra de CSGI en febrero de 2024, afirmando que la operación cumplía con las condiciones establecidas por la legislación antimonopolio peruana. Además, también se había ajustado a las regulaciones del gobierno chino en materia de inversión extranjera directa.
La autorización de Indecopi exigió que CSGI obtuviera su suministro energético a través de licitaciones reguladas o procesos transparentes y competitivos, en lugar de favorecer a las empresas generadoras previamente afiliadas a Enel Distribución, parte de la adquisición. En una declaración brindada a Dialogue Earth, Indecopi señaló: “Si no se hubieran impuesto estas condiciones, Enel, para abastecer de energía a sus usuarios regulados, podría haber favorecido la contratación directa con sus propias empresas generadoras, bajo precios y condiciones que no necesariamente serían las más competitivas”.
La posibilidad de aumentos tarifarios para los usuarios es una de las preocupaciones más relevantes en torno a la venta de Enel, según advirtió la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). La red de distribución adquirida por CSGI presta servicio a 1,6 millones de usuarios, abarcando zonas del norte de Lima Metropolitana y de las provincias de Callao, Huaura, Huaral, Barranca y Oyón.
Espinoza explica que en Perú, los usuarios más pequeños —aquellos cuya demanda anual es inferior a 200 kilovatios y que representan un tercio del mercado— están limitados por la legislación nacional a comprar energía a través de distribuidoras como Pluz Energía o Luz del Sur, en lugar de hacerlo directamente a generadoras. “Pero en esa circunstancia está el regulador”, aclara, para garantizar un control sobre los precios.
Según los especialistas, esta regulación estricta sobre todas las compañías distribuidoras hace poco probable un aumento de tarifas en el corto plazo, aunque advierten que Perú debe mantener firme su capacidad regulatoria en el futuro. César Gamboa, director ejecutivo de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), declaró a Dialogue Earth: “La empresa distribuidora debe acatar las normas vigentes del país. Perú no puede perder su capacidad de regular y supervisar el sistema eléctrico”.
Por su parte, Indecopi sostiene que cualquier cambio potencial en los precios será evaluado y regulado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), ente encargado de fiscalizar a las empresas eléctricas del país. Además, remarcó que su objetivo es asegurar la competencia entre las empresas generadoras de electricidad para abastecer a los usuarios y evitar aumentos tarifarios a futuro.
Cabe señalar también que Pluz Energía no podrá modificar sus acuerdos de abastecimiento eléctrico de forma que pueda implicar aumentos tarifarios hasta el año 2030, de acuerdo con las condiciones impuestas en la operación. A partir de entonces, se podrá evaluar si corresponde realizar ajustes.
Los expertos consultados por Dialogue Earth señalaron que, si bien existe un marco regulatorio, este no es infalible, y que Osinergmin podría no mantener siempre el mismo nivel de eficiencia y rigor. Por ello, subrayan la necesidad de continuar monitoreando de cerca la situación, asegurando que los enfoques regulatorios respecto a la concentración en la distribución eléctrica sigan siendo adecuados en el futuro.
China en las redes eléctricas de América Latina
Los críticos más escépticos han advertido que el control ejercido por empresas estatales chinas sobre “el interruptor de la luz” representa un riesgo geopolítico para Perú. En 2023, autores del think tank estadounidense Atlantic Council escribieron que “la posibilidad de que Pekín utilice su monopolio en los mercados eléctricos para obtener concesiones geopolíticas” de países como Perú, donde tiene una fuerte presencia en la infraestructura energética, era “preocupante”, aunque hasta la fecha no hay evidencia concreta de que inversiones en el sector eléctrico hayan sido utilizadas con ese fin.
En los medios chinos, en cambio, la compra por parte de CSGI fue presentada como una oportunidad comercial sólida, y se destacó a la infraestructura energética de América del Sur como un mercado en expansión —particularmente en Perú y en la vecina Chile, donde State Grid de China controla la mayor empresa eléctrica del país, la Compañía General de Electricidad (CGE). Debates similares sobre la capacidad del Estado chino para influir en las operaciones internacionales de sus empresas surgieron tras ese acuerdo en 2021. En aquel momento, expertos dijeron a Dialogue Earth que las empresas estatales chinas no reciben órdenes directas del gobierno central, aunque reconocieron que corresponde discutir los límites a la inversión extranjera en sectores estratégicos.
State Grid también posee una presencia significativa en el sector eléctrico de Brasil, donde ha adquirido alrededor de 20 concesiones desde su llegada en 2010, incluyendo una licitación ganada en 2024 que se convirtió en la mayor subasta de transmisión eléctrica en la historia del país. A través de ella, invertirá USD 3.600 millones para construir más de 1.500 kilómetros de líneas de transmisión.
Al igual que en Chile, los expertos consultados en Perú señalaron que el aumento de inversiones extranjeras en el sector eléctrico pone sobre la mesa desafíos pendientes en términos de gobernanza, como la participación pública y la transparencia. Todo esto en un contexto de tensiones tanto internas como geopolíticas más amplias, así como de cambios estructurales en el sistema energético nacional, los cuales —advierten— deben seguir siendo cuidadosamente regulados por los gobiernos.
Nota: esta es un artículo republicado del medio «Dialogue Earth» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.
Leslie Moreno Custodio es una periodista peruana especializada en medio ambiente.
