El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reavivado los debates geopolíticos, en gran parte debido al renovado impulso de su administración por adquirir territorios y adoptar una política exterior agresiva.
Desde expresar su deseo de adquirir Groenlandia hasta sugerir que Canadá se convierta en el estado número 51 de EE.UU., pasando por proponer que Estados Unidos tome el control de Gaza, estas declaraciones representan un preocupante alejamiento de las normas internacionales establecidas, desafiando los principios fundamentales de soberanía, autodeterminación y derecho internacional. También reflejan un enfoque transaccional de la gobernanza global, que prioriza las ganancias económicas y estratégicas por encima de las consideraciones legales y éticas.
A pesar de la reacción negativa de Dinamarca, a la que pertenece Groenlandia, y de la Unión Europea, la agenda geopolítica de Trump es clara: expandir la presencia estadounidense en el Ártico y asegurar una participación en los recursos naturales de la región. Luego, extender esta influencia a Canadá.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, rechazó la idea de inmediato, declarando: «Canadá nunca será el estado número 51. Eso nunca sucederá». También se dice que, en una reunión a puerta cerrada, comentó que la administración Trump está considerando absorber a Canadá debido a sus reservas de minerales críticos.
Los canadienses reaccionaron con una indignación generalizada, y los principales medios de comunicación condenaron la idea por considerarla una interpretación errónea de la historia y los valores nacionales de Canadá.
La naturaleza transaccional de la política exterior de EE.UU. quedó aún más expuesta cuando el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que si Ucrania firmaba un acuerdo sobre minerales con EE.UU., recibiría un «escudo de seguridad» contra Rusia. Este enfoque recuerda los patrones históricos del neocolonialismo, en los que las dependencias económicas y militares se utilizaban como herramientas para extraer recursos nacionales.
Esto también ha generado críticas por parte de los aliados europeos de Ucrania, en particular Francia y Alemania, que consideran que un apoyo condicionado de esta manera socava la capacidad de Ucrania para negociar desde una posición de fuerza.
Pero quizás la propuesta más controvertida es la sugerencia de que Estados Unidos debería «tomar el control» de Gaza, desplazando a su población y reurbanizándola bajo dominio estadounidense. Esta idea no solo ignora la soberanía palestina, sino que también viola el derecho internacional humanitario.
Se pueden trazar paralelismos históricos con las apropiaciones de tierras y desplazamientos forzados de la era colonial, como las políticas del mandato británico en Medio Oriente o las reubicaciones forzadas de poblaciones indígenas en América del Norte. La propuesta refleja una profunda incomprensión del conflicto israelí-palestino.
El rechazo abrumador de la comunidad internacional a esta idea reafirma que la soberanía y la integridad territorial no pueden ser anuladas unilateralmente por las ambiciones de un Estado poderoso. Según el secretario general de la ONU, António Guterres, los palestinos han soportado «más de medio siglo de ocupación y negación de su legítimo derecho a la autodeterminación». Estallaron protestas en múltiples países, desde Medio Oriente hasta Europa, ya que muchas personas vieron la propuesta como otro intento de impedir que los palestinos determinen su propio destino.
Subyacente a todas estas propuestas hay un precedente peligroso: el poder económico y militar envalentona a una nación para redibujar fronteras a su antojo. Esto desafía el principio central del sistema de Westfalia, que ha regido las relaciones internacionales desde 1648, estableciendo la soberanía como la unidad fundamental del orden global.
El sistema internacional contemporáneo no está diseñado para acomodar los caprichos de un solo líder estatal. Se basa en un marco multilateral en el que la legitimidad emana de acuerdos legales y reconocimiento mutuo. El enfoque de Trump socava este marco, tratando las relaciones internacionales como una transacción comercial en lugar de un sistema de compromisos diplomáticos estructurados.
La respuesta global a estas propuestas sirve como recordatorio de que el poder no equivale a derecho. La comunidad internacional no es responsable de mantener la dominación de Estados Unidos, ni debería permitir un orden mundial en el que la fuerza financiera dicte los derechos territoriales. Las naciones no son mercancías para ser intercambiadas, y la soberanía no está en venta.
Si EE.UU. busca seguir siendo un líder creíble en el escenario mundial, debe alinear sus políticas con los principios que han sustentado la estabilidad internacional durante mucho tiempo: respeto por la soberanía, adhesión al derecho internacional y compromiso diplomático basado en el beneficio mutuo en lugar de la coerción. En el siglo XXI, el liderazgo global no se mide por la cantidad de territorio que un país puede adquirir, sino por la efectividad con la que defiende las normas que previenen los conflictos y garantizan una paz duradera.
Nota: esta es un artículo republicado del medio «CGTN» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.
Jessica Durdu, comentarista especial sobre asuntos actuales para CGTN, es especialista en relaciones exteriores y candidata a doctorado en relaciones internacionales en la Universidad de Relaciones Exteriores de China.
