El 22 de marzo, Sri Lanka publicó una nueva Ley Antiterrorista (ATA), que se presentará en el Parlamento el 25 de abril de 2023.
Sin embargo, en Sri Lanka crece la disconformidad contra esta propuesta legislativa, que pretende sustituir a la actual Ley de Prevención del Terrorismo (PTA) y al proyecto de ley que la acompaña.
Los expertos afirman que en la nueva ley, la definición de terrorismo no es precisa e incluye una amplia gama de delitos que ya están contemplados en las leyes penales vigentes. Además, la ley otorga a los organismos encargados de hacer cumplir la ley el poder ilimitado de detener a personas sin orden judicial y otorga amplios poderes al Presidente, la policía y el ejército para prohibir arbitrariamente reuniones y organizaciones sin una supervisión judicial adecuada.
Algunos grupos de derechos humanos afirman que la ley pretende frenar la disidencia y las protestas:
The timing of the introduction of the ATA is worrisome as the #government has been using physical force and misusing existing #antiterrorismlaws to #suppress political opposition and limit citizens’ #rightstoprotest and assemble. This is a serious concern for #humanrights. pic.twitter.com/7ev57TdtCl
— CPA Sri Lanka (@CPASL) April 7, 2023
Según Human Rights Watch, el proyecto de ley permite la violación sistemática de derechos, la represión de la disidencia pacífica y la persecución de grupos minoritarios.
Más draconiana que las leyes anteriores
La ley propuesta está llamada a sustituir a la Ley de Prevención del Terrorismo, promulgada en 1978 y ampliamente utilizada para detener y torturar a comunidades minoritarias, en particular tamiles y musulmanes. Los cingaleses, en su mayoría budistas, constituyen alrededor del 75% de la población del país. Existen leyes discriminatorias contra otras minorías, como los tamiles (alrededor del 15%) y los musulmanes (alrededor del 10%). La ley anterior también se utilizó como herramienta para reprimir la insurgencia tamil durante la guerra civil de Sri Lanka que tuvo lugar entre 1983 y 2009.
El abogado Gehan Gunatilleke publicó un hilo explicando cómo la ley propuesta podría facilitar el autoritarismo.
A thread on the new Anti-Terrorism Bill in #lka.
There are two forms of authoritarianism.
The first is the explicit, overt, aggressive form witnessed throughout SL’s post-independence history. This form of authoritarianism defined politics in the 1980s, 90s and 2000s.
1/— Gehan Gunatilleke (@GehanDG) April 4, 2023
La nueva ley se presentó por primera vez en 2018, cuando el actual presidente Ranil Wickremesinghe era el primer ministro, pero no se promulgó debido a la aprensión generalizada sobre su posible impacto en los derechos humanos y la democracia.
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La educadora Kalana Senaratne, del sitio de periodismo ciudadano Groundviews, afirma que ciertas cláusulas de la nueva ley categorizan las protestas y agitaciones políticas como terrorismo.
La activista de derechos humanos Ermiza Tegal, en su artículo para Groundviews, afirma que estas nuevas leyes podrían servir de formidable herramienta para ayudar al gobierno a reprimir la disidencia, las protestas ciudadanas y la oposición política, y permitir al Estado asignar respuestas masivas contra los actos de desobediencia civil.
En otro artículo de opinión publicado en el Daily FT, Ameer Ali advertía de que la ley propuesta podría sofocar protestas como la Aragalaya (Lucha), que fueron protestas masivas contra el gobierno de Sri Lanka entre marzo y agosto de 2022 que acabaron provocando la caída del régimen de Rajapaksa. Ali subraya además que cuando no se permiten vías pacíficas para el cambio, éste podría desembocar inevitablemente en violencia.
Según Human Rights Watch, el proyecto de ley permite la violación sistemática de derechos, la represión de la disidencia pacífica y la persecución de grupos minoritarios.
Ante las numerosas críticas recibidas, el ministro de Justicia, Wijeyadasa Rajapakshe, ha declarado que el gobierno se atendrá a las observaciones formuladas por el Tribunal Supremo en relación con la propuesta de Ley Antiterrorista (ATA, por sus siglas en inglés), aun cuando diversos grupos piden la derogación de la nueva ley.
El activista Thyagi Ruwanpathirana acudió a Twitter para destacar la protesta del partido de la oposición Sri Lankan Podujana Peramuna (SLPP):
We are firmly of the opinion that there should be some limitations when defining terrorism in this bill. If the act allows for any action to be interpreted as an act of terrorism, it would not be suitable for a democratic society – SLPP on the ATA https://t.co/tFFffuSqHF
— Thyagi Ruwanpathirana (@ThyagiR) April 13, 2023
El cardenal Malcolm Ranjith de Colombo ha expresado su preocupación, afirmando que la nueva ley antiterrorista pretende sofocar a los críticos y reprimir las protestas populares.
La abogada de derechos humanos Bhavani Fonseka tuiteó:
Increasing opposition to the #ATA with over 450 individuals/orgs call for the immediate withdrawal of the ATA
Anti-Terrorism Act, that is to replace the PTA, is an even more serious threat to democracy https://t.co/p0PT4lygAn #SriLanka @EmDeeS11
— Bhavani Fonseka (@bfonseka) April 11, 2023
Fonseka también comparte algunas de las caricaturas que representan la ley:
Cartoons best capture the reality of the #ATA #RepealPTA #NotoATA #SriLanka pic.twitter.com/epC7UuCjpS
— Bhavani Fonseka (@bfonseka) April 10, 2023
Artículo republicado de Global Voices en el marco de un acuerdo entre ambas partes para compartir contenido. Link al artículo original:https://globalvoices.org/2023/04/17/sri-lankas-proposed-anti-terrorism-law-aims-to-curb-civil-protests/
Editor regional para Asia del Sur en Global Voices.
