Un grupo de accionistas de Samsung Electronics llevó el conflicto laboral a un nuevo nivel al advertir que iniciará acciones legales contra los miembros del sindicato si la huelga planificada para el 21 de mayo daña los activos críticos de la compañía. La Korea Shareholder Action Headquarters montó una protesta desde las 8 de la mañana frente al Museo Leeum de Arte en el distrito de Yongsan, en Seúl, desplegando pancartas que condensaban con precisión el estado de la opinión pública sobre el conflicto: «El resultado de una huelga ruinosa en el sindicato de Samsung es claro. La opinión pública ya se volvió en su contra.»
La irrupción de los accionistas minoristas en el conflicto laboral de Samsung no tiene precedentes en la historia reciente del conglomerado y agrega una dimensión legal al enfrentamiento que hasta ahora se libraba exclusivamente entre el Sindicato de Trabajadores de Samsung Electronics (SELU) y la dirección de la empresa. El grupo accionario advirtió que buscará daños y perjuicios contra todos los miembros del sindicato si una huelga ilegal causa daño a los activos clave de Samsung Electronics, y que también podría presentar una demanda derivada bajo el Código Comercial si la dirección acepta lo que describió como un «acuerdo impropio de bonos de desempeño» para evitar la presión sindical de corto plazo.
102 millones de dólares en pérdidas: la huelga salarial que paraliza a Samsung Biologics
Las líneas de producción como infraestructura nacional
El argumento central del grupo accionario va más allá de la defensa de sus intereses financieros directos. En su declaración pública del martes, la Korea Shareholder Action Headquarters describió las líneas de producción de semiconductores de Samsung como «instalaciones de ultra-precisión que deben operar las 24 horas, los 365 días del año», señalando que «incluso una sola interrupción podría forzar la destrucción de decenas de miles de obleas y resultar en enormes costos de recuperación».
Una pancarta fue especialmente directa en su provocación: «Una huelga que afecte los procesos clave de semiconductores sería más grave que una huelga del ejército o la policía», argumentando que los legisladores deberían prohibir los paros que tomen como rehén a la economía nacional. La comparación con los servicios esenciales del Estado —cuyas huelgas están prohibidas o severamente restringidas en la mayoría de los sistemas legales— señala una dirección política concreta: el grupo accionario está pidiendo implícitamente que el gobierno intervenga para limitar el derecho de huelga en sectores considerados estratégicos para la economía nacional.
La amenaza de demanda por daños a todos los miembros del sindicato —no solo a sus líderes— es jurídicamente audaz y tácticamente calculada. En Corea del Sur, la responsabilidad individual de los trabajadores por los daños causados por una huelga es un terreno legal complejo que los tribunales han interpretado de manera restrictiva en el pasado. Pero la sola amenaza de una demanda colectiva contra 74.000 afiliados tiene un efecto disuasorio que trasciende su viabilidad jurídica concreta.
El doble frente de la amenaza legal
El grupo accionario apuntó también hacia la dirección de Samsung, no solo hacia el sindicato. En su comunicado advirtió que podría presentar una demanda derivada —una acción legal en nombre de la empresa contra sus propios directivos— si la dirección acepta las demandas del sindicato para evitar la huelga. La lógica es que ceder al 15% del beneficio operativo como fondo de bonos constituiría un incumplimiento del deber fiduciario de los ejecutivos hacia los accionistas, al privilegiar la paz laboral de corto plazo sobre la sostenibilidad financiera de largo plazo.
Lee Jae Myung, el presidente laborista que busca frenar la huelga de Samsung
Esa doble amenaza —contra el sindicato si va a la huelga y contra la dirección si cede— coloca a Samsung en una posición sin salida aparente que refleja la parálisis institucional en que el conflicto ha derivado. Cualquier resolución que no implique un acuerdo genuinamente negociado y mutuamente aceptado quedará expuesta a impugnación legal desde alguno de los dos flancos.
La matemática que explica la indignación accionaria
Los accionistas minoristas de Samsung son un universo amplio: más de 4 millones de personas en Corea del Sur tienen acciones de la empresa, y el Fondo Nacional de Pensiones —que gestiona los ahorros jubilatorios de prácticamente toda la población activa del país— tiene el 7,8% del capital. Para ese universo de accionistas, la demanda sindical del 15% del beneficio operativo tiene una traducción directa: 45 billones de won que no irían a dividendos ni a reinversión sino al fondo de bonos, en un año en que Samsung proyecta beneficios operativos que podrían superar los 300 billones de won.
El año pasado, Samsung distribuyó 11 billones de won en dividendos a sus accionistas. La demanda sindical equivale a más de cuatro veces ese monto. Para un accionista minorista jubilado que depende parcialmente de los dividendos de Samsung, o para el Fondo Nacional de Pensiones que gestiona el ahorro de millones de trabajadores coreanos, la perspectiva de que una porción de esa magnitud del beneficio operativo se destine a bonos de empleados que ya están entre los mejor pagados del país genera una reacción comprensible.
El sindicato responde: la huelga en Samsung parece inminente
El SELU rechazó las amenazas del grupo accionario en un comunicado que calificó la postura de los inversores como un intento de criminalizar la acción sindical legítima. El sindicato argumentó que la huelga fue autorizada mediante un proceso legal riguroso —con el 93,1% de respaldo en la votación de marzo— y que las demandas de bonos proporcionales a los beneficios son una reivindicación que cualquier trabajador en cualquier empresa del mundo podría hacer en circunstancias similares.
La pregunta que el SELU no responde directamente es si está dispuesto a asumir el costo reputacional de una huelga que ha perdido el apoyo de la opinión pública, del gobierno, de los medios progresistas y ahora de los accionistas minoristas. Quedan quince días para el 21 de mayo.
Colaboradora en ReporteAsia.
