Para el observador desprevenido, la Revolución de Mayo de 1810 puede parecer un acontecimiento local, una disputa en la plaza de Mayo y el cabildo circunscripto a las calles de barro de la remota Buenos Aires. Sin embargo, comprendemos que lo ocurrido en la semana de mayo fue el desembarco definitivo en el Río de la Plata de una crisis sistémica de alcance mundial.
Para rastrear las verdaderas raíces de 1810, debemos trasladar la mirada a tres grandes nodos globales. El primero de ellos se ubica en el año 1776 con la emancipación de las colonias inglesas en América del Norte y la posterior sanción de su Constitución en 1787. Este hito materializó las teorías de Rousseau y Montesquieu, demostrando que el gobierno representativo, republicano y la división de poderes no eran meras utopías filosóficas, sino estructuras estatales viables. El segundo nodo se encendió en 1789 con la Revolución Francesa, cuyo eco difundió los derechos del hombre y del ciudadano, desafiando la legitimidad del absolutismo monárquico.
Consciente del peligro, la Corona española implementó un estricto blindaje ideológico para controlar el ingreso de estos textos sediciosos a las Indias. Sin embargo, las redes del contrabando y las logias intelectuales donde se formaron hombres como Belgrano, Castelli y Rodríguez Peña; funcionaron como canales clandestinos que irrigaron el pensamiento ilustrado en los claustros universitarios americanos.
El quiebre de la matriz de seguridad imperial se produjo en el mar. En 1805, la Batalla de Trafalgar a cargo del Vicealmirante Nelson quien lideraba la Royal Navy, sepultó las aspiraciones navales de Madrid. La destrucción de la armada española a manos de la flota británica provocó una parálisis sistémica. España quedó aislada de sus posesiones y el Imperio británico consolidó el dominio absoluto de las rutas marítimas. Este cambio en el equilibrio del poder naval se manifestó directamente en nuestro territorio mediante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, acontecimientos que obligaron a la población local a militarizarse de forma autónoma ante la inoperancia de la metrópoli.
La reforma borbónica y la militarización
A nivel interno, la crisis del régimen colonial se vio acelerada por la centralización del poder impuesta por las Reformas Borbónicas. En su intento por recuperar el control de los flujos económicos americanos y maximizar la recaudación, la Corona desplazó sistemáticamente a las élites locales, limitó la autonomía de los cabildos e impuso una férrea burocracia verticalista.
Una de las decisiones estratégicas más disruptivas de este proceso fue la expulsión de la Compañía de Jesús (los jesuitas) en 1767. Al desmantelar la densa red educativa, económica y social que los jesuitas gestionaban en el interior del continente particularmente en las misiones guaraníticas la monarquía generó un vacío institucional que intentó llenar mediante un severo proceso de militarización de la burocracia.
Es precisamente en este punto de inflexión histórico donde se entroncan las trayectorias de dos figuras centrales de nuestra historia. La Corona comenzó a nombrar oficiales militares en puestos de administración civil y de frontera para asegurar el orden por la fuerza del mando castrense. Dentro de esta lógica se encuadra la designación del Capitán Juan de San Martín (padre del Libertador) como administrador de las antiguas misiones jesuíticas en Yapeyú. El Estado indiano ya no se sostenía sobre el consenso religioso o la tradición jesuita, sino sobre oficiales de carrera encargados de disciplinar el territorio periférico.
Esta militarización de los cargos públicos, destinada originalmente a blindar el control peninsular, terminó creando el instrumento de la emancipación criolla. Cuando las invasiones inglesas forzaron la creación de milicias urbanas en Buenos Aires, la legitimidad burocrática se desplazó hacia las armas locales. Así se explica la centralidad de Cornelio Saavedra en 1810: como jefe del Regimiento de Patricios, Saavedra no representaba a la vieja burocracia cortesana española, sino al poder militar efectivo y arraigado en el suelo americano.
El detonante: el colapso de la Metrópoli y la trampa de Bayona
El golpe de gracia al Imperio provino de su propio aliado. En 1808, bajo el pretexto de atravesar territorio español para invadir Portugal, Napoleón Bonaparte introdujo sus ejércitos en la península ibérica, transformando el tránsito en una invasión encubierta. La crisis dinástica estalló en el Motín de Aranjuez, donde Carlos IV abdicó en favor de su hijo Fernando VII. Aprovechando la fractura familiar, Napoleón actuó como árbitro en la célebre Farsa de Bayona: mediante presiones y manipulación jurídica, logró que Carlos IV declarara nula su abdicación y que Fernando VII renunciara a sus derechos, cediendo de este modo el trono de España e Indias a su hermano José Bonaparte.
Frente a la usurpación francesa, el pueblo español se levantó en armas y constituyó Juntas Supremas en cada provincia, unificando luego la conducción en la Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias establecida en Aranjuez. Esta Junta fue reconocida provisionalmente en América, y bajo su autoridad se nombró a Baltasar Hidalgo de Cisneros como Virrey del Río de la Plata.
Sin embargo, a principios de 1810, el avance de las tropas francesas provocó la disolución de la Junta Central, creándose en su lugar un debilitado Consejo de Regencia acorralado en la ciudad de Cádiz. Cuando esta noticia sobre el colapso total de la metrópoli llegó a Buenos Aires, el andamiaje jurídico del virreinato se desmoronó de inmediato.
El choque de dos mundos en el Cabildo del 22 de mayo
La tensión latente entre el viejo orden borbónico y las corrientes de la Ilustración estalló formalmente en el célebre Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, un debate que puede sintetizarse como un duelo doctrinario de alta política.
Por un lado, los Letrados Criollos hicieron uso de una impecable argumentación procesal para legitimar la destitución del Virrey. Su postura se fundó en la teoría de la retroversión de la soberanía y el pacto de sujeción. Argumentaban que el poder político emanaba originalmente del pueblo, quien lo había delegado en el Monarca bajo el compromiso de la protección y el bien común; al encontrarse el Rey Fernando VII cautivo y disuelta la Junta Central que había nombrado a Cisneros, el lazo de sujeción se había roto. La soberanía, por lo tanto, no se perdía en el vacío ni pertenecía al Consejo de Regencia de Cádiz, sino que «revertía» legalmente a sus depositarios originales los pueblos americanos para que estos formaran un gobierno propio en resguardo de sus derechos legítimos.
Por el otro lado, los Peninsulares Conservadores refractaron con vehemencia estas teorías contractualistas, calificándolas de sediciosas y delirantes. Su defensa del Virrey Cisneros se ancló sólidamente en el derecho de conquista y en las históricas Bulas de Donación Papal. Desde la óptica peninsular, las Indias no eran socias de un contrato social, sino bienes inalienables e indivisibles incorporados a la Corona de Castilla de forma perpetua. Sostenían que el poder fluía de manera vertical desde Dios hacia el Rey, y de este a sus magistrados designados. Por ende, cuestionar la autoridad del Virrey implicaba traicionar la herencia del Imperio y quebrar la unidad de la hispanidad ganada con la sangre de sus antepasados.
Conclusión: Mayo como escudo de autonomía
La victoria de la postura criolla dio nacimiento a la Primera Junta el 25 de mayo de 1810, bajo la presidencia del militar Cornelio Saavedra. Al analizar este proceso en toda su complejidad multidimensional, se constata que la Revolución de Mayo no nació de una simple rebeldía local, sino de la necesidad imperativa de una comunidad organizada de recuperar su soberanía ante el colapso del poder central metropolitano.
Aquél mayo rioplatense nos lega una lección estratégica imperecedera frente a las tensiones entre grandes bloques globales como las que hoy protagonizan Estados Unidos y China y ante las persistentes presiones externas, la autonomía y supervivencia de los pueblos medianos dependen de su capacidad para transformar su geografía en un escudo soberano, consolidando el control de sus instituciones, de sus recursos vitales , minerales críticos para los poderes hegemónicos, mientras que para nosotros son vitales para nuestro desarrollo, cuyo valor estratégico resulta cada vez más decisivo en la disputas por el poder.
“La autonomía de una Nación no se proclama únicamente en sus discursos: se construye con instituciones fuertes, control de sus recursos estratégicos, voluntad política y, una política de defensa clara para decidir su propio destino.”
GB (R) PhD Oscar Armanelli
Ciencia Política UB
Defensa Nacional UNDEF
Profesor Universitario UA
Mg. Historia, Estrategia, Geopolítica, Ciencias Militares y Operaciones de Paz ACAGÜE Chile
