El intento del presidente Donald Trump por revitalizar la manufactura estadounidense mediante la atracción de inversión extranjera chocó de lleno con su política de mano dura contra la inmigración. Apenas una semana después de que agentes federales allanaran una planta de baterías de Hyundai en Georgia y detuvieran a más de 300 trabajadores surcoreanos, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, advirtió que las empresas de su país podrían repensar su compromiso de invertir en Estados Unidos.
En una conferencia el jueves, Lee subrayó que, sin la capacidad de otorgar visas de forma rápida a técnicos y especialistas necesarios para poner en marcha las fábricas, instalar plantas en territorio estadounidense “se volverá muy difícil o implicará desventajas severas” para las compañías surcoreanas. El incidente, acompañado por imágenes de trabajadores encadenados, desató una crisis diplomática y dejó en evidencia la tensión entre los objetivos económicos y migratorios de la administración Trump.
El programa económico de Trump se apoya en aranceles elevados a las importaciones —incluido un 15% a los productos surcoreanos— con la promesa de que las empresas extranjeras que produzcan dentro de Estados Unidos podrán evitarlos. Corea del Sur ya es un inversionista clave y, en julio, se comprometió a inyectar 350 mil millones de dólares en la economía estadounidense como parte de un acuerdo comercial. Solo en 2022, superó a cualquier otro país en inversiones en nuevas construcciones fabriles en suelo estadounidense.
Sin embargo, la redada en Georgia amenaza con enfriar ese impulso. Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson defendió que el presidente busca hacer de Estados Unidos el mejor lugar para hacer negocios “mientras se aplican las leyes migratorias federales”. Trump, por su parte, pidió a las empresas extranjeras “traer legalmente a su gente más capacitada” y prometió facilitar el proceso.
Expertos en economía e inmigración calificaron la operación como innecesaria y hasta “performativa”. Ben Armstrong, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dijo que el operativo fue “difícil de entender”, pues la presencia de esos trabajadores era esperada. Dan Kowalski, exabogado migratorio, agregó que el despliegue con esposas y cadenas fue “cien por ciento para la foto”. Otros señalaron que el verdadero obstáculo está en un sistema de visas complejo y poco adaptado a las necesidades de la inversión extranjera.
Los casos de empresas japonesas y alemanas que enviaron técnicos para iniciar operaciones en el pasado muestran que este tipo de traslados temporales han sido comunes y aceptados durante décadas. Hoy, la escasez de categorías de visas adecuadas para trabajadores calificados genera fricciones y retrasa proyectos multimillonarios.
En un intento de contener el malestar, el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, anunció junto a su homólogo estadounidense que ambos países crearán un grupo de trabajo para explorar la creación de una nueva categoría de visado. Además, el subsecretario de Estado Christopher Landau viajará a Seúl este fin de semana.
Mientras tanto, los abogados de los detenidos aseguran que la mayoría contaba con permisos adecuados. Para especialistas en política migratoria como Julia Gelatt, el problema refleja una necesidad urgente de reforma: “Nuestro sistema de visas no contempla este tipo de escenarios”. El dilema para la administración Trump es evidente: la misma estrategia que busca atraer capital extranjero puede verse debilitada por la forma en que se ejecuta su política migratoria.
