Recursos como Sci-Hub y LibGen, e iniciativas que fomentan la ciencia ciudadana, contribuyen en gran medida a romper la barrera que separa el conocimiento. Una reciente orden del Tribunal Supremo de Delhi –que da luz verde a la protección del conocimiento por parte de editoriales comerciales globales y ordena el cierre de Sci-Hub y LibGen por ser “sitios web fraudulentos” o “bibliotecas fantasma”– plantea serias preguntas sobre el verdadero compromiso de la India con el espíritu científico.
La historia del temperamento científico
Todo ciudadano de la India tiene la obligación de «desarrollar el espíritu científico, el humanismo y el espíritu de investigación y reforma», como se establece en el Artículo 51A(h) de la Constitución. Esta obligación no se creó de la noche a la mañana. Fue recomendada por el Comité Swaran Singh (1976), creado durante el Estado de Emergencia para sugerir deberes fundamentales para los ciudadanos, reflejando un momento en que el Estado buscaba enfatizar la responsabilidad cívica junto con los derechos. Pero las raíces intelectuales del espíritu científico son más profundas.
Jawaharlal Nehru ya había articulado esta idea en sus escritos y en la Resolución de Política Científica de 1958, la primera política científica importante de la India, que situó la ciencia en el centro del desarrollo nacional. En el contexto de la educación, la Comisión Kothari (1964-1966) se hizo eco de esta visión, argumentando que la democracia y el desarrollo dependían del fomento de una actitud de indagación. Esta trayectoria se basó en políticas posteriores, como la Política de Ciencia y Tecnología (2003), la Declaración de Política Científica (1983) y la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013), que enfatizaron que el avance científico no solo implica trabajo de laboratorio, sino también aplicación social, inclusión y comunicación.
Visto en este contexto histórico, el deber constitucional del temperamento científico es a la vez una continuación del racionalismo nehruviano y una respuesta a las ansiedades de los años de Emergencia: un reconocimiento de que la democracia debe ser defendida no sólo a través de instituciones sino también a través de ciudadanos entrenados en la razón, el escepticismo y el espíritu reformista.
Del temperamento científico a la ciencia ciudadana
La práctica de la ciencia ciudadana ha cobrado nueva relevancia en las últimas décadas como resultado del deber constitucional de la ética científica. Desde la investigación en salud comunitaria hasta el mapeo de la biodiversidad, las iniciativas de ciencia ciudadana alientan al público a crear y validar conocimiento. Por ejemplo, el Conteo de Aves de Bihu en Assam , que involucra a más de mil voluntarios organizados por organizaciones regionales como el IIT Guwahati, combina la documentación ecológica con las costumbres culturales. Estas iniciativas expanden los límites de quién puede «hacer ciencia», cuestionando la exclusividad de los prestigiosos entornos académicos que con frecuencia están cerrados a los grupos subrepresentados. Respaldan la mentalidad lógica e inquisitiva prevista en la Constitución y democratizan el conocimiento, aunque no pueden abordar por sí solas injusticias sistémicas como las exclusiones basadas en castas.
La Iniciativa de Kerala sobre Análisis, Inteligencia Artificial y Ciencia Abierta para la Respuesta a Epidemias ( KAISER ) es un ejemplo de este tipo de iniciativa de ciencia ciudadana. Esta iniciativa se basa en contribuciones voluntarias de la comunidad para crear un modelo único de ciencia abierta en la respuesta a epidemias.
El control del conocimiento, los derechos de autor y los tribunales
Inevitablemente, las estructuras de control establecidas y la promesa de participación ciudadana en la creación de conocimiento entran en conflicto. La legislación sobre derechos de autor y el acceso al conocimiento están en conflicto, como lo demuestra la sentencia del Tribunal Superior de Delhi que limita el acceso a bibliotecas paralelas como Sci-Hub y LibGen.
Estas plataformas, que cubren las brechas causadas por las exorbitantes cuotas de suscripción, son un sustento, más que un lujo, para muchos investigadores y estudiantes indios. Pero desde una perspectiva constitucional, la pregunta es más profunda: ¿puede una sociedad dedicada a promover el espíritu científico justificar la limitación del acceso a los mismos recursos que fomentan el pensamiento crítico? Los editores argumentan que estas prohibiciones son necesarias para proteger la propiedad intelectual. Escribimos como académicos independientes que estudiamos la conexión entre la ciencia abierta, la economía y el derecho; no como observadores distantes, sino como personas directamente afectadas por estas limitaciones.
Vías políticas, uso justo y trayectorias jurisprudenciales
Este debate también ha alcanzado los ámbitos políticos. La propuesta de política «Una Nación, Una Suscripción» (ONOS) busca negociar el acceso a nivel nacional a los recursos académicos, lo que podría aliviar la carga tanto de estudiantes como de instituciones. Sin embargo, el arco más largo de esta lucha es legal: el desarrollo de la jurisprudencia sobre uso justo (o trato justo) bajo la Ley de Derechos de Autor de la India de 1957. El artículo 52 de la Ley ya reconoce excepciones para la investigación, la educación y el estudio privado, creando espacios donde el monopolio de los derechos de autor cede ante el interés público. La sentencia histórica del Tribunal Superior de Delhi en el caso de las fotocopias de DU (2016) confirmó la legitimidad de los paquetes de cursos bajo el trato justo, afirmando que el acceso de los estudiantes no podía verse limitado por las reclamaciones comerciales de las editoriales. En todo el mundo, un razonamiento similar impulsó el caso de Google Books (2015), donde los tribunales estadounidenses sostuvieron que la digitalización a gran escala de libros para la búsqueda y la investigación era transformadora y justa.
Desde esta perspectiva, la prohibición de las bibliotecas paralelas no solo contradice los deberes constitucionales, sino también el espíritu de las propias excepciones del derecho de autor. La jurisprudencia avanza gradualmente hacia el reconocimiento de que el acceso al conocimiento no es un robo, sino una condición necesaria para la educación, la innovación y la participación democrática. Hoy en día, esta conversación se complica aún más por los litigios en materia de inteligencia artificial, donde se solicita a los tribunales estadounidenses y a las peticiones ante el Tribunal Supremo de la India que decidan si el uso de material protegido por derechos de autor para entrenar modelos de aprendizaje automático se considera uso legítimo. El resultado de estos casos transformará los límites globales de la legislación sobre derechos de autor, y los propios tribunales de la India se verán presionados para aclarar cómo se relaciona el deber de desarrollar un carácter científico con la propiedad intelectual.
Si estuviera protegido por los tribunales constitucionales, el » derecho a acceder al conocimiento» sería una nueva forma para que investigadores como nosotros y el público en general caminemos hacia la visión constitucional de convertirnos en ciudadanos con temperamento científico.
Posicionando el debate
En la intersección de la legislación sobre derechos de autor, la ética constitucional y la industria editorial académica, el desafío no es simplemente técnico o económico. Es jurisprudencial: ¿cómo debemos equilibrar la propiedad intelectual con la rendición de cuentas democrática? La ciencia ciudadana, la ONOS y las reformas de la ciencia abierta representan puntos de contacto de un continuo —de base, nacional y global— mediante el cual la India puede recuperar la promesa constitucional de una esfera pública racional y participativa. El carácter científico, por lo tanto, no es mera retórica aspiracional. Es un imperativo constitucional y político que exige que reconsideremos cómo se posee, comparte y utiliza el conocimiento al servicio de la democracia.
Estos debates sirven como un claro recordatorio de que el acceso al conocimiento es un requisito constitucional, no una cuestión de caridad o conveniencia. Cuando el Artículo 51A(h) se refiere al fomento de un espíritu científico, exige que las leyes y políticas eliminen, en lugar de reforzar, los obstáculos a la investigación. Los debates en torno a ONOS, la promesa de la ciencia ciudadana y las bibliotecas paralelas no son conflictos aislados, sino manifestaciones de un conflicto más amplio sobre la propiedad intelectual y su difusión en la India.
Como autores que escriben desde la conexión entre la ciencia abierta, la economía y el derecho, sostenemos que India no puede permitirse que el conocimiento siga siendo exclusivo. La apertura, la inclusión y la rendición de cuentas democrática deben ser las piedras angulares del futuro. Para que el llamado constitucional a la vocación científica tenga un significado real, debe materializarse en instituciones que valoren la transparencia, políticas que faciliten el acceso y ciudadanos que exijan el derecho a la investigación. Cualquier otra medida podría socavar nuestro futuro científico y nuestra democracia.
Nota: esta es un artículo republicado del medio «The Wire» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.
Asesor jurídico de Open Science Press (OSP), Kozhikode, y tiene un LLM de la Universidad de Derecho NALSAR, Hyderabad.
Investigador asociado en OSP, Kozhikode, tiene una maestría de TISS & Sciences Po y una licenciatura de SRCC, Universidad de Delhi.
