Este jueves 12 de diciembre, el Tribunal Supremo de Corea del Sur ha ratificado una pena de dos años de prisión para Cho Kuk, líder del partido minoritario de la oposición Partido de Reconstrucción de Corea (RKP, según sus siglas en inglés), quien fue declarado culpable de fraude académico relacionado con sus hijos y de interferencia ilegal en una inspección gubernamental.
El máximo tribunal también ordenó el decomiso de 6 millones de wones (aproximadamente 4.184 dólares), tras hallarlo culpable de utilizar su influencia para obtener favores académicos, como admisiones universitarias para sus hijos y de intervenir en una inspección relacionada con un caso de corrupción mientras ocupaba el cargo de ayudante presidencial. Además, la sentencia implica que Cho perderá su escaño parlamentario y quedará inhabilitado para presentarse como candidato presidencial durante los próximos cinco años.
La Oficina de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl ha solicitado al acusado que comparezca voluntariamente ante la fiscalía este viernes 13 de diciembre para cumplir con la sentencia. En caso de que no acuda de manera voluntaria, las autoridades tomarán medidas coercitivas para asegurar su custodia.
Poco después de que se anunciara la sentencia, Cho Kuk emitió un comunicado público en el que declaró que “acepta humildemente” la decisión judicial.
Múltiples acusaciones de corrupción y abuso de poder
Cho, de 59 años, es un exprofesor de derecho en la prestigiosa Universidad Nacional de Seúl y un destacado aliado de la Administración Moon Jae-in. Durante el periodo de 2017 a 2019, ocupó el cargo de jefe secretario presidencial para asuntos civiles y, posteriormente, fue nombrado ministro de Justicia en septiembre de 2019. No obstante, su mandato como ministro fue extremadamente breve, ya que renunció un mes después debido al creciente escándalo público relacionado con las acusaciones en su contra.
Este caso ha sido objeto de un escrutinio público significativo desde diciembre de 2019, cuando fue imputado por una docena de cargos. Entre las acusaciones se incluye la falsificación de documentos para favorecer la admisión de sus hijos en universidades y escuelas de posgrado. También fue acusado de aceptar un soborno de 6 millones de wones bajo la forma de una beca para su hija, quien estudiaba en una facultad de medicina en la ciudad sudoriental de Busan.
El caso también abarca acusaciones de que Cho utilizó su posición como ayudante presidencial para interrumpir una inspección gubernamental sobre las denuncias de soborno relacionadas con el ex teniente de alcalde de Busan. Esta intervención fue interpretada por los fiscales como un abuso de poder destinado a proteger a un aliado político.
La decisión del Tribunal Supremo pone fin a un largo proceso judicial que ha polarizado a la opinión pública en Corea del Sur. Mientras algunos sectores critican a Cho y lo ven como un ejemplo de cómo las élites abusan de su poder, otros lo consideran una víctima de persecución política en el contexto de las intensas rivalidades entre los partidos.
Los analistas políticos también han destacado que la sentencia contra Cho Kuk podría tener repercusiones significativas en el panorama político del país. Su condena representa un golpe para el Partido de Reconstrucción de Corea, que perderá a uno de sus líderes más influyentes. Además, su inhabilitación para cargos electos podría debilitar las perspectivas electorales del partido en futuras elecciones presidenciales y parlamentarias.
Un reflejo de las desigualdades en el sistema educativo surcoreano
En cuanto a la hija de Cho, también enfrenta investigaciones relacionadas con las becas y admisiones que obtuvo de manera presuntamente irregular. Aunque no ha sido formalmente imputada, las autoridades han indicado que continúan reuniendo evidencias sobre su posible participación en los delitos académicos atribuidos a su padre.
En términos más amplios, el caso de Cho Kuk ha reavivado un debate nacional sobre las inequidades en el sistema educativo surcoreano, que frecuentemente es criticado por favorecer a las élites y perpetuar desigualdades sociales.












