El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, afirmó este jueves en un discurso televisado que la breve declaración de ley marcial realizada el pasado 3 de diciembre fue necesaria para «defender el orden constitucional» frente a lo que describió como una parálisis estatal provocada por el principal partido de oposición, el Partido Democrático (DP). Yoon negó categóricamente las acusaciones de incitar a una insurrección y aseguró estar dispuesto a enfrentar un juicio político o una investigación de manera justa.
Horas después de su declaración, el DP y otros cinco partidos opositores presentaron una nueva moción de destitución contra el mandatario, que será sometida a votación este sábado en la Asamblea Nacional. La primera moción, presentada la semana pasada, no prosperó debido a la falta de votos suficientes, luego de que la mayoría de los legisladores del partido oficialista, Poder del Pueblo (PPP), boicoteara la sesión.
Sin embargo, el panorama político ha cambiado significativamente. Han Dong Hoon, líder del PPP, expresó su respaldo a la destitución del presidente, sumándose a al menos siete legisladores de su partido que han manifestado posiciones similares, según reportes de Yonhap News Agency. Para que la moción tenga éxito, se requiere el apoyo de dos tercios de los 300 miembros de la Asamblea, lo que implica que al menos ocho votos del PPP serán necesarios.
Investigaciones y tensiones crecientes
Mientras continúa la investigación sobre la declaración de ley marcial, el Ministerio de Justicia impuso una prohibición de viaje a Yoon. Además, Oh Dong Woon, jefe de la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, indicó que su equipo buscará detener o arrestar al presidente si las pruebas reunidas lo justifican. Este anuncio coincide con intentos de la policía por allanar la oficina presidencial, que fueron rechazados bajo alegatos de «secreto oficial y militar.»
El exministro de Defensa Kim Yong Hyun, considerado una figura clave en la declaración de ley marcial, fue arrestado el martes por cargos de rebelión y abuso de poder. Según los fiscales, Kim ordenó el despliegue de personal militar en el edificio del parlamento y la Comisión Nacional Electoral durante las horas en que estuvo vigente la ley marcial. Además, se reportó que Kim intentó suicidarse en su lugar de detención, pero actualmente se encuentra en condición estable bajo medidas de protección.
La declaración de ley marcial, la primera desde la democratización del país en 1987, generó protestas masivas en todo Corea del Sur, con manifestantes exigiendo la renuncia inmediata de Yoon. La medida fue revocada por la Asamblea Nacional apenas seis horas después de su implementación, pero las consecuencias políticas y legales han continuado escalando.
La nueva moción de destitución, que será votada el sábado, representa un momento crítico para la presidencia de Yoon. Si se aprueba, el caso será remitido al Tribunal Constitucional, que decidirá si confirma o rechaza la destitución, un proceso que podría extenderse por meses. Mientras tanto, el gobierno enfrenta una creciente crisis de legitimidad en un país marcado por un profundo descontento público y divisiones políticas.
El desenlace de esta crisis no solo definirá el futuro de Yoon como presidente, sino también el equilibrio político de Corea del Sur en los próximos años, en un contexto de desafíos internos y tensiones regionales cada vez más complejas.
