La región del altiplano que integran Argentina, Bolivia y Chile, mundialmente conocida como el “triángulo del litio”, concentra las mayores reservas internacionales de este metal: el 55% de las reservas mundiales de litio y aproximadamente el 85% de los depósitos de salmuera. En los campos científico e industrial, son numerosas y variadas las voces que sostienen la relevancia del mineral de cara a objetivos de desarrollo sustentables y la renombrada transición energética.
En Argentina la explotación del litio es relativamente reciente, y data de finales de 1990 en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca en el Noroeste argentino. Estas tres provincias concentran actualmente 36 proyectos en exploración y fase de factibilidad avanzada y 2 minas en producción: a) Salar de Olaroz (Jujuy) operado por la empresa Sales de Jujuy perteneciente a la firma australiana Orocobre, la firma japonesa Toyota Tsusho y la empresa provincial JEMSE; b) Mina Fénix (Catamarca) operada por la empresa Minera del Altiplano perteneciente a la firma estadounidense Livent Corporation.
Cabe destacar que detrás de los proyectos en exploración se encuentran gigantes mineros como la china Ganfeng Lithium Co y la coreana Posco, entre otras.
Los inversores extranjeros que posaron miradas en los salares argentinos encontraron un marco legal ventajoso para su radicación. Siendo que las provincias no son actores diferenciales del Estado sino parte constitutiva de este, resulta necesario recordar que a nivel nacional la extracción del mineral está regida por el mismo conjunto de leyes que rige la minería convencional, no existiendo -a la fecha- ninguna política específica referida a la dimensión de la industrialización del recurso.
Asimismo, bajo la legislación nacional vigente la exploración, extracción y comercialización está casi absolutamente en manos de las firmas transnacionales. Ante lo cual, las provincias al igual que el Estado, han tenido un papel más bien receptivo de las propuestas de las firmas mineras y de los capitales extranjeros. A esto se suma el hecho de que las provincias ven en los capitales extranjeros -especialmente en los asiáticos- socios estratégicos que pueden financiar proyectos de impacto directo en su territorio y que no podrían financiar por sí mismas o a través del Estado Federal.
Los inversores extranjeros que posaron miradas en los salares argentinos encontraron un marco legal ventajoso para su radicación
Con este marco antecedente, la extracción del carbonato de litio es el primer paso del desafío mayor que tienen las provincias: su transformación y valor agregado. Hasta ahora, siguiendo las facultades establecidas por la Constitución Nacional, las provincias han gestionado los proyectos mineros en virtud del dominio originario que poseen sobre los recursos naturales en su territorio. Pero los intereses extranjeros encendieron las luces de alarma en el Estado Federal, y a fines de 2020, surgió un proyecto en el Congreso Nacional que busca coordinar las distintas voces al interior del país en torno al proceso de industrialización del mineral y los temas derivados, generando tensión y una marcada resistencia subnacional.
El proyecto en cuestión declara al litio “recurso estratégico”, habilitando la participación del Estado sobre el proceso de transformación del carbonato de litio. El proyecto incluye, además, la creación del “Instituto Nacional para el Aprovechamiento Integral del Litio”, para el desarrollo de investigaciones aplicadas a la industrialización del mineral, incorporación de tecnología, diseño de políticas de sustentabilidad (económica, social y ecológica), generación de patentes, recomendaciones para la creación de normativas, entre otras.
Como era de esperar, la reacción inmediata de la autoconvocada “Mesa Interprovincial del Litio” conformada por las tres provincias litieras, fue reafirmar “el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios” y manifestaron su temor por el futuro de los proyectos y las inversiones trabajadas durante los últimos años.
Lo cierto es que el litio plantea nuevas complejidades en vistas a su aprovechamiento que obligan a reflexionar sobre el federalismo argentino. Es evidente la necesidad de una coordinación multinivel (provincia-Estado Federal) hacia adentro, que genere una gestión articulada para la transformación del mineral y el desarrollo de las provincias con reservas litieras, y hacia afuera, construyendo una única voz de cara a la inversión extranjera y brindando la seguridad jurídica y la confianza necesarias para que los proyectos se lleven a cabo.
El rol articulador del Estado Federal aparece como un factor clave que asegure la transformación del litio en beneficio de las provincias, evitando que estas compitan entre sí por el financiamiento internacional y dejen al margen sus propios objetivos de desarrollo local. De concretarse el proyecto y convertirse en ley, el caso testigo será la iniciativa de la provincia de Jujuy que recientemente firmó con Ganfeng Lithium Corp para la creación de una fábrica de baterías en litio.
el litio plantea nuevas complejidades en vistas a su aprovechamiento que obligan a reflexionar sobre el federalismo argentino
La industrialización del mineral podría significar un puntapié inicial para empezar a pensar propositivamente en estrategias que contribuyan al cambio en la matriz de relación centro-periférica entre Argentina y China, particularmente cuando el ingreso del país sudamericano a la Belt and Road Initiative (BRI) es inminente.
Doctora en Relaciones Internacionales. Especialista en unidades subestatales y paradiplomacia. Investigadora. Docente
