La transparencia, un desafío para el crecimiento de Asia

La corrupción es uno de los mayores obstáculos que tiene un país, a la hora de crecer y desarrollarse como tal. En consecuencia, las sociedades exigen que los gobiernos tomen las medidas necesarias para combatirla. Asia no es la excepción, mejorar la transparencia es una deuda pendiente.

A diferencia de años anteriores, el primer cuatrimestre mostró escasa actividad del Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos, los denominados “brazos ejecutores” de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, por sus siglas en inglés), en relación a sanciones por prácticas corruptas en el extranjero. El único acuerdo alcanzado por las autoridades norteamericanas fue con el Deutsche Bank, que acordó pagar una multa cercana a los 130 millones de dólares para resolver infracciones por potenciales conductas indebidas y pagos de sobornos en China, Italia, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Esta situación expone al año 2021 como el de comienzo más lento en la última década.

Cambio de paradigma en la Casa Blanca

Los efectos innegables del Covid-19 sumados al cambio de autoridades consecuencia de la reciente elección presidencial son posibles explicaciones al letargo sancionatorio. Sin embargo, las dudas fueron disipadas en un reciente comunicado proveniente de la Casa Blanca.

La administración Biden-Harris anunció su voluntad de abordar la corrupción como una prioridad económica y de seguridad nacional, comprometiéndose a liderar los esfuerzos internacionales para llevar transparencia al sistema financiero global.

Con tal fin, se requirió a las distintas agencias gubernamentales que realicen una exhaustiva revisión y emitan un informe con recomendaciones sobre cómo modernizar, coordinar y asignar recursos a la lucha contra la corrupción, impedir el financiamiento ilícito, responsabilizar a los actores corruptos, construir alianzas internacionales y mejorar la cooperación internacional.

En este marco, es muy probable que la tendencia se modifique y que los casos de FCPA aumenten en el segundo semestre y años por venir. Este posible escenario debe ser observado con mucho detenimiento por aquellas empresas que deseen extender sus negocios al continente asiático, o bien, afianzar una posición ya ganada.

La transparencia de Asia, en la mira

En enero de este año, Transparencia Internacional publicó el último Índice de Percepción de Corrupción, resultando para Asia Pacifico una media de 45 puntos (sobre 100). Por un lado, a priori, el balance puede considerarse como positivo, pero confiar en el número en frío puede llegar a ser engañoso, ya que el índice considera en esta región a Australia y Nueva Zelanda, países que junto a Singapur, Japón y Corea del Sur son considerados como desarrollados, poseedores de controles y mecanismos sofisticados para prevenir y combatir la corrupción.

Por otro lado, nos encontramos tal vez, con la verdadera realidad del continente, donde los índices de China, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, entre otros, encienden las alarmas.

El sitio especializado FCPA Blog realiza y actualiza periódicamente un top ten donde sitúa a las empresas que han pagado las cifras más altas en concepto de sanciones en la historia de aplicación de la FCPA. El listado más actualizado lo conforman Goldman Sachs, Airbus, Petrobras, Ericsson, Telia, MTS, Siemens, VimpelCom, Alstom y Société Générale. Entre los países donde estos supuestos casos de corrupción, actos indebidos o fallas en controles internos han sucedido, China e Indonesia figuran en tres casos distintos, Taiwán en otros dos y por último Malasia y Vietnam, y Bangladesh en uno.

Asia transparencia

La Universidad de Leyes de Stanford, en colaboración con la firma americana de abogados Sullivan & Cromwell LLP, realiza también un reporte periódico donde agrupa las distintas sanciones en diferentes categorías. Cuando analizamos las sanciones geográficamente teniendo en cuenta el país donde supuestamente se han pagado los sobornos, vemos que, de 304 casos analizados, China lidera con 68, Indonesia tiene 22, India 21, Tailandia 12, Vietnam y Corea del Sur 11, y Malasia 5, entre otros.

Cabe destacar, que cuando hablamos del pago de un soborno, no hablamos únicamente de la entrega de una suma de dinero oculta en un sobre, sino que hablamos también de objetos o cosas intangibles.

Un soborno puede ser disfrazado bajo un regalo empresarial, un favor, una lapicera de marca o un reloj, un pasaje de avión, una promesa de empleo, criptomonedas, etc.

El abanico es realmente amplio.

Los números indican que las autoridades norteamericanas tienen muy presente al continente asiático a la hora de realizar sus investigaciones y derivar recursos. Los distintos índices y estudios especializados muestran que esta región del mundo tiene un problema inherente de corrupción que va desde las altas esferas de los gobiernos, incluyendo funcionarios encargados de otorgar permisos o licencias, hasta empresarios que conocen cuales son las debilidades estructurales en los distintos países a la hora de considerar el ofrecimiento de un pago ilegítimo con el objetivo de obtener un beneficio.

Sin embargo, la corrupción, no es solo un virus que afecta a las distintas empresas dispuestas a pagar sumar millonarias en sobornos para obtener o retener un negocio, ya que de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción, un estudio publicado por Transparencia Internacional en noviembre 2020, 1 de cada 5 encuestados (sobre 20.000) que dijeron haber utilizado servicios públicos esenciales en los últimos 12 meses, como salud o educación, han tenido que pagar sobornos para garantizar su acceso. Esta cifra es equivalente a 836 millones de personas en toda la región.

El estudio entonces sugiere que las personas deben pagar sobornos para acceder a servicios esenciales o acelerar trámites burocráticos, dejando a aquellas personas con escasos recursos en el último lugar. De los encuestados, el 74% considera que la corrupción gubernamental es un problema grave en su país.

La importancia de las políticas de compliance

En un mundo donde, conforme a datos del Banco Mundial, se pagan 1 trillón de dólares en concepto de sobornos al año y 2.6 trillones son desviados mediante actos corruptos, es una buena noticia que los gobiernos establezcan a la lucha contra la corrupción como una prioridad. Se espera que en los meses por venir haya un incremento considerable de sanciones bajo FCPA, acompañado de un aumento significativo en la cooperación jurisdiccional/internacional.

De acuerdo a lo expuesto, la gran mayoría de los países asiáticos son considerados como de alto riesgo.

Toda empresa con intenciones de extender sus negocios por esas regiones deberá extremar cuidados, y revisar sus controles y políticas de compliance para prevenir y mitigar cualquier potencial riesgo y daño que pudiera existir.

Para finalizar, es bueno destacar, que si bien, a grandes rasgos, las naciones asiáticas no han mostrado avances significativos y real compromiso a la hora de combatir estos males, han existido excepciones.

Por nombrar un ejemplo ilustrativo, durante la presidencia de Xi Jinping en China, más de 1.5 millones de funcionarios han sido disciplinados por violaciones a las conocidas Eight Rules, entre las que se incluyen sobornos, corrupción, abuso de poder, malversación, etc. (la persecución política a disidentes del gobierno mediante estas herramientas es harina de otro costal). Estas medidas del gobierno chino devinieron, entre otros factores, en una mejora de 4 puntos en el Índice de Percepción de Corrupción, citado anteriormente.

Es este sin duda es el camino a recorrer y el gran desafío que la región tiene por delante.

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Patricio Manzano

Es Abogado egresado de la Universidad Católica Argentina. Es certificado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance como “Especialista Internacional en Ética y Compliance” y por la International Federation of Compliance Associations como “Profesional de Compliance”. Ha trabajado en compañías multinacionales de primer nivel, principalmente en la implementación de programas de compliance y brindando capacitaciones en materia anticorrupción en Argentina, Brasil, Italia, Kazajistán, México, Nigeria, Rumania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Uruguay. Actualmente se encuentra especializándose en Ciberdelincuencia y Tecnologías Aplicadas a la Investigación en la Universidad Austral (Argentina) y la Universitat Abat Oliba CEU (España).