El consorcio empresarial conformado por Cosco Shipping Ports Chancay y su socio local Volcan Compañía Minera continúa avanzando con las obras para iniciar operaciones en el presente año en el megapuerto de Chancay, a pesar de las controversias legales surgidas con el Estado peruano respecto de la exclusividad de las instalaciones.
La empresa ha reiterado su compromiso de contribuir al cierre de brechas de infraestructura y a la optimización de los costos logísticos en beneficio del crecimiento económico y desarrollo de Perú. El nuevo terminal portuario multipropósito, ubicado en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, a 80 kilómetros de Lima Metropolitana, es un proyecto de inversión cuyos accionistas son la empresa de capitales chinos Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) con una participación del 60 % y la peruana Volcan Compañía Minera con 40 %.
A pesar de las controversias, en el 2021 se obtuvieron las autorizaciones finales requeridas por la legislación peruana para el diseño actual del puerto. Esto ha permitido avanzar en el proceso de construcción y tomar decisiones sobre la magnitud del proyecto, la tecnología a emplearse y el monto de la inversión, que asciende a 1,300 millones de dólares en su primera etapa.
Cosco busca diálogo con autoridades de Perú para resolver controversia sobre el Puerto de Chancay
El objetivo del proyecto no solo es implementar instalaciones portuarias modernas, sino también contribuir a la creación de un hub logístico, industrial y tecnológico en la zona central de Perú, con impacto en el ámbito regional.
Sin embargo, el proyecto se ha visto afectado por un cambio en el esquema normativo y por interpretaciones que pretenden imponer condiciones regulatorias aplicables a puertos de titularidad pública. Ante esta situación, la empresa ha iniciado acciones legales para defender su derecho a prestar los servicios portuarios en sus terminales, bajo los términos acordados al inicio de la inversión.
Cosco Shipping Ports Chancay Perú ha instado a las autoridades del Poder Ejecutivo a implementar un canal institucional de diálogo para solucionar la controversia generada, enfatizando la importancia de garantizar condiciones de estabilidad jurídica y predictibilidad para las inversiones privadas en infraestructura portuaria, que son fundamentales para el desarrollo económico del país.
