El final de septiembre de 2025 marcó un período de intensificación en la política de controles de exportación por parte de países occidentales dirigidos a empresas chinas. En el marco de una rivalidad estratégica continua, tanto Estados Unidos como Japón implementaron acciones que amplían las restricciones sobre el acceso de ciertas empresas chinas a tecnologías y bienes clave, desencadenando una respuesta inmediata de Beijing.
Mientras el Departamento de Comercio de Estados Unidos (Commerce Department) anunciaba una nueva norma para cerrar una vía de acceso a la tecnología estadounidense a través de subsidiarias, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón actualizaba su propia lista de control de usuarios finales. Ambos movimientos se producen en un contexto de discusiones comerciales, sugiriendo que la competencia tecnológica y la seguridad nacional son prioridades no negociables en la formulación de políticas.
El 29 de septiembre, el Departamento de Comercio de EE. UU., a través de su Oficina de Industria y Seguridad (BIS), presentó una norma destinada a impedir que empresas chinas previamente incluidas en listas negras obtengan tecnologías estadounidenses a través de sus afiliadas.
La nueva regla establece que cualquier entidad que sea propiedad del 50% o más de una o más empresas ya incluidas en la «Lista de Entidades» (Entity List) o en la «Lista de Usuarios Finales Militares» (Military End-User – MEU List) estará automáticamente sujeta a las mismas restricciones aplicables a la matriz.
Según el BIS, estas listas identifican a las partes que se considera que representan un riesgo para la seguridad nacional o los intereses de política exterior de Estados Unidos. Las entidades incluidas requieren una licencia del gobierno de EE. UU. para la exportación, reexportación o transferencia de tecnologías estadounidenses.
Jeffrey Kessler, Subsecretario de Comercio para la Industria y la Seguridad, señaló que la medida busca corregir una vulnerabilidad: «Durante demasiado tiempo, las lagunas han permitido exportaciones que socavan la seguridad nacional y los intereses de política exterior estadounidenses. Bajo esta administración, el BIS está cerrando las lagunas y asegurando que los controles de exportación funcionen según lo previsto».
Además de la regla del 50%, la normativa indica que una participación minoritaria «significativa» por parte de una empresa de la Lista de Entidades o de la MEU constituye una «señal de alerta» (red flag) que requiere diligencia debida adicional por parte de los exportadores. La normativa entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal.
La reacción de Beijing
La expansión automática de la Lista de Entidades y la Lista MEU a las subsidiarias es una medida que, según analistas, generará una disrupción en las cadenas de suministro. El cambio aumenta la carga de los exportadores, quienes ahora deben determinar la estructura de propiedad de sus clientes o proveedores antes de proceder con las transacciones. Aunque se prevé un período de gracia de 60 días para ciertas transacciones, la dificultad de determinar la propiedad subyacente añade complejidad operativa.
Un análisis realizado por Kharon, una firma de datos y análisis con sede en Los Ángeles, anticipó que la regla podría arrastrar a miles de subsidiarias previamente ocultas en casi 100 destinos alrededor del mundo hacia el ámbito de los controles de exportación. Kharon señaló que, aunque China y Rusia representan la mayoría de las subsidiarias vinculadas a entidades ya listadas, cientos más se encuentran en centros de comercio y finanzas clave, incluidos la Unión Europea, el Reino Unido, Singapur, Suiza, Japón, Canadá, Australia y la India.
Empresas chinas como el gigante tecnológico Huawei, la compañía de videovigilancia Hikvision y el fabricante de drones DJI son citadas por expertos como ejemplos de empresas que podrían verse afectadas por la medida. Aunque muchas subsidiarias de Huawei ya están en la lista, la nueva regla automatizará el proceso para las restantes y para las nuevas afiliadas que cumplan el criterio de propiedad.
La respuesta oficial de China al anuncio de Estados Unidos fue de fuerte desaprobación. El Ministerio de Comercio de China emitió un comunicado criticando la regla. «Esta medida de EE. UU. es de naturaleza extremadamente atroz», declaró el ministerio. «Infringe gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas afectadas, perturba gravemente el orden económico y comercial internacional y socava seriamente la seguridad y estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales».
El Departamento de Comercio de EE. UU., por su parte, defendió la medida como un cierre necesario de una «laguna significativa», argumentando que el enfoque anterior permitía «esquemas de desvío» o la creación de nuevas empresas extranjeras para evadir las restricciones.
Coincidiendo con la acción de Estados Unidos, Japón también revisó sus políticas de control de exportación. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón añadió varias empresas chinas a su «lista de usuarios finales» actualizada, al mismo tiempo que eliminó a dos.
El Ministerio de Comercio de China criticó la decisión de Japón, argumentando que la inclusión de nuevas empresas carece de una base fáctica. Un portavoz del ministerio emitió una declaración señalando que la medida es perjudicial para los intereses de las empresas de ambos países.
Sin embargo, el portavoz chino también acogió con satisfacción la decisión de Japón de eliminar a dos empresas de la lista, calificando el movimiento como consistente con los intereses compartidos. China expresó su disposición a mejorar la comunicación con Japón para facilitar la exclusión de más empresas chinas en el futuro. Este doble mensaje subraya el intento de China de mantener abiertos los canales de diálogo mientras protesta por las restricciones.
La continuidad de la rivalidad tecnológica
La acción coordinada, aunque posiblemente independiente en su formulación, de Estados Unidos y Japón en el mismo período de tiempo subraya una tendencia. A pesar de los esfuerzos por mantener conversaciones de alto nivel, la política de seguridad nacional y el control del flujo de tecnología hacia China se mantienen como elementos centrales de las relaciones internacionales.
La nueva regla estadounidense, similar a la «regla del 50%» utilizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en materia de sanciones financieras, marca un precedente en el ámbito de los controles de exportación. Los expertos señalan que, si bien la medida tiene como objetivo inmediato a las empresas de semiconductores de tecnología avanzada, también podría afectar a fábricas de chips menos sofisticados y a otros sectores, incluyendo equipos médicos y aeronáuticos.
Sin embargo, como señaló el abogado comercial Dan Fisher-Owens, la nueva regla no es una solución definitiva. Las empresas incluidas en la lista pueden buscar reestructuraciones para eludir las restricciones, al igual que los objetivos de OFAC han hecho históricamente. «El juego del ‘golpea al topo’ continuará», concluyó el abogado, sugiriendo que la batalla por el control tecnológico se ha convertido en un ciclo constante de regulación y adaptación empresarial.
La expansión de las listas de control de exportación por parte de Japón y la adopción de la regla de afiliadas por parte de EE. UU. envían un mensaje claro sobre la creciente dificultad del comercio tecnológico internacional. En un momento donde la geopolítica y el sector tecnológico están intrínsecamente ligados, las empresas de todo el mundo, especialmente aquellas con vínculos en China o que operan en cadenas de suministro complejas, deberán asumir una mayor carga de diligencia para asegurar el cumplimiento normativo.
Colaboradora en ReporteAsia.
