El máximo tribunal de India suspendió la orden que obligaba a la policía de Delhi a entregarle videos y chats a la acusada en la causa por la «conspiración mayor» detrás de los disturbios de 2020. Seis años después, el juicio todavía no tiene cargos formulados.
La Corte Suprema de India suspendió este lunes la orden del Tribunal Superior de Delhi que obligaba a la policía a entregarle a Devangana Kalita, una de las acusadas más visibles del caso por los disturbios de Delhi de 2020, copias de la evidencia electrónica que su defensa reclama desde hace años. La decisión, adoptada por los jueces Aravind Kumar y Vipul M. Pancholi a pedido del gobierno de Delhi, reabre un debate central del derecho procesal indio: qué material tiene derecho a conocer un acusado antes de que se formulen los cargos en su contra.
Una causa que lleva seis años sin juicio
Kalita, cofundadora del colectivo feminista Pinjra Tod, fue detenida en 2020 en el marco de la causa conocida como la «conspiración mayor», la investigación que atribuye a un grupo de activistas y estudiantes la planificación de los disturbios que sacudieron el noreste de Delhi en febrero de ese año, durante las protestas contra la ley de enmienda de ciudadanía. Los enfrentamientos dejaron más de cincuenta muertos, en su mayoría musulmanes, y constituyen el episodio de violencia comunitaria más grave en la capital india en décadas.
La acusación se sustenta en la UAPA, la ley antiterrorista india que permite prisiones preventivas prolongadas y estándares probatorios flexibilizados, y que organismos internacionales de derechos humanos vienen cuestionando por su uso contra activistas, periodistas y opositores. Kalita obtuvo la libertad bajo fianza en junio de 2021, junto a Natasha Narwal y Asif Iqbal Tanha, en un fallo del Tribunal Superior de Delhi que la Corte Suprema dejó firme en 2023 al rechazar la apelación policial. Pero la libertad provisional no resolvió el problema de fondo: seis años después de los hechos, el proceso sigue empantanado en la etapa previa a la formulación de cargos.
El video que la defensa quiere y la fiscalía retiene
El corazón de la disputa actual es un conjunto de material electrónico que está en poder de la policía pero que la fiscalía no incorporó a su acusación: videos de las protestas y transcripciones de chats de WhatsApp. Según la defensa de Kalita, ese material incluye registros fílmicos que la muestran protestando pacíficamente, sin participación alguna en los hechos de violencia que se le imputan. El planteo de su abogado ante la Corte fue directo: si existe un video que demuestra que no arrojaba piedras, correspondería directamente su sobreseimiento, sin necesidad de atravesar un juicio completo.
El juez Kumar no descartó el argumento, pero lo desplazó en el tiempo con una frase que resume el fallo: una muy buena defensa, pero no en esta etapa. Para el tribunal, el mérito de la prueba se discute en el juicio, no antes.
El argumento de la fiscalía
El gobierno de Delhi, representado por el procurador general adjunto S.V. Raju, sostuvo que un acusado no tiene derecho a reclamar documentos más allá de aquellos en los que la fiscalía se apoya, al menos hasta que se formulen los cargos. Según esta posición, la garantía del juicio justo que invocó el Tribunal Superior ni siquiera resulta aplicable en esta instancia, porque el juicio propiamente dicho recién comienza con la formulación de cargos. Para la fiscalía, el pedido de inspección de material adicional es, lisa y llanamente, una maniobra dilatoria.
La defensa respondió con el precedente Sarla Gupta, el mismo que invocó la fiscalía pero leído en sentido inverso: aunque no corresponda entregar copias del material no utilizado antes de los cargos, el acusado sí tiene derecho a conocer al menos la lista de esos documentos al momento de la formulación.
La paradoja de la demora
El intercambio en la audiencia dejó expuesta una tensión que atraviesa todo el expediente. El tribunal reprochó a las partes la lentitud del proceso y advirtió que los alegatos podrían extenderse una década, para luego quejarse de la demora del juicio. Pero la ironía es evidente: la causa lleva seis años sin cargos formulados, con decenas de acusados en un limbo procesal, varios de ellos todavía detenidos sin condena. Y el material que Kalita reclama es, precisamente, el que según su defensa podría evitar el juicio entero.
El caso condensa así las críticas que el sistema judicial indio acumula en las causas bajo la UAPA: procesos que se extienden indefinidamente, donde la prisión preventiva o el limbo procesal funcionan en la práctica como castigo anticipado, y donde el acceso del acusado a material potencialmente exculpatorio queda subordinado a formalismos de etapa. La orden del Tribunal Superior queda ahora congelada y el expediente volverá a audiencia en dos semanas, cuando la Corte Suprema retome un debate que excede largamente a Kalita: cuánta información debe el Estado a quien acusa, y desde cuándo.
Colaboradora en ReporteAsia.
