Corea del Sur desmantela su principal agencia de contrainteligencia militar tras 49 años

El Ministerio de Defensa anunció la disolución del Comando de Contrainteligencia de Defensa y la transferencia de sus funciones a tres nuevos organismos, en respuesta a la crisis política abierta por la declaración ilegal de ley marcial del 3 de diciembre.

El gobierno surcoreano dio el miércoles un paso histórico en la reforma de sus estructuras de inteligencia militar: el Ministerio de Defensa Nacional anunció el desmantelamiento del Comando de Contrainteligencia de Defensa (CCD) y la redistribución de sus funciones entre tres organismos de nueva creación.

El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, presentó el plan ante la prensa en la sede del ministerio en Yongsan, Seúl, y lo describió como «un punto de inflexión histórico» para garantizar que las agencias de inteligencia militar no vuelvan a intervenir en la política del país. «No se trata de una mera reestructuración organizacional, sino de la construcción de un verdadero ejército del pueblo», afirmó.

Una institución con historia de intervenciones políticas

El organismo que se disuelve tiene sus raíces en el Comando de Seguridad del Ejército, creado en 1977, y fue sucedido con el tiempo por el Comando de Seguridad de Defensa y, finalmente, por el Comando de Contrainteligencia de Defensa. A lo largo de sus 49 años de existencia, acumuló un historial de intervenciones en la política interna que derivó en sucesivos cuestionamientos sobre su rol institucional.

La decisión se enmarca directamente en las consecuencias de la declaración ilegal de ley marcial del 3 de diciembre —conocida como el «12·3″—, episodio que desencadenó una profunda crisis política en el país y que puso nuevamente en el centro del debate el papel de los organismos de inteligencia castrense.

Tres nuevas estructuras para reemplazar al CCD

Según el plan ministerial, las tres funciones centrales del Comando serán distribuidas de la siguiente manera:

La función de inteligencia de contrainteligencia pasará a la nueva Sede de Contrainteligencia de Defensa, bajo dependencia directa del Ministerio. Esta nueva estructura operará con una dotación de personal significativamente menor que la del comando actual y representará, en la práctica, una degradación institucional del organismo.

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Las tareas de auditoría de seguridad —que incluyen inspecciones en unidades de nivel cuerpo de ejército y superiores— serán asumidas por el nuevo Grupo de Apoyo a la Seguridad de Defensa. Las funciones de ciberdefensa, en cambio, quedarán bajo la órbita de la Sede de Contrainteligencia.

Las investigaciones de seguridad y la autoridad de investigación conjunta en situaciones de ley marcial serán transferidas a la ya existente Sede de Investigaciones del Ministerio de Defensa, que hasta ahora se ocupaba principalmente de casos de muertes en el ámbito militar y corrupción en contrataciones de defensa.

Eliminación de funciones de control político

El ministerio anunció además la supresión de las competencias que habían convertido al CCD en un instrumento de poder político: la vigilancia de tendencias ideológicas, la recopilación de inteligencia sobre el personal, el monitoreo de la opinión pública y la recolección de información considerada inapropiada o ajena a las funciones propias de una agencia de inteligencia.

En materia de supervisión, se fortalecerán los mecanismos de auditoría interna y el control democrático por parte de la Asamblea Nacional. Se designará un alto funcionario externo para encabezar la división de auditoría de la nueva Sede de Contrainteligencia, y se creará un Comité de Cumplimiento Legal y Supervisión integrado por expertos civiles, con dependencia directa del ministro.

La reforma también contempla una depuración del personal: quedarán excluidos quienes hayan participado en los eventos del 12·3 o registren antecedentes de conducta indebida. El sistema cerrado de gestión de recursos humanos del CCD será integrado al sistema general de las fuerzas armadas.

Según el ministerio, la creación de los nuevos organismos quedará completada a fines de julio, una vez que se aprueben las regulaciones correspondientes.

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Periodista con sede en Brasil, experto en Relaciones Internacionales.