Las fuerzas de seguridad de Australia y Tailandia hicieron público el manual operativo hallado en un complejo fraudulento en Camboya que incluía una réplica de la sede de la La Policía Federal Australiana (AFP), donde operadores entrenados se hacían pasar por agentes federales para obtener datos bancarios.
La AFP y sus pares tailandeses revelaron el contenido de un guion descubierto en un centro de estafas ubicado cerca de la frontera camboyano-tailandesa, en la provincia de Oddar Meanchey. El documento detalla con precisión las tácticas psicológicas empleadas para manipular a ciudadanos australianos y obtener su información bancaria mediante llamadas telefónicas fraudulentas.
El complejo, conocido como O’Smach, fue ocupado por el ejército tailandés durante un conflicto fronterizo con Camboya. Al abrirlo a los medios de comunicación, las autoridades expusieron el funcionamiento interno de una operación de fraude de escala industrial que incluía réplicas de oficinas policiales de al menos ocho países: Australia, China, Singapur, Brasil, India, Indonesia, Vietnam y Filipinas.
Un manual para suplantar a la AFP
El guion instruía a los estafadores a identificarse como agentes de la AFP e informar a sus víctimas que un sospechoso había abierto una cuenta bancaria usando su identidad en el marco de una investigación por lavado de dinero. La apertura del libreto comenzaba con una pregunta diseñada para generar alarma inmediata: si la víctima había sido notificada previamente de que su información aparecía vinculada a una tarjeta bancaria incautada por la policía federal.
A continuación, el protocolo indicaba tomar una declaración grabada mediante videollamada cifrada, presentar a un supuesto sospechoso para que la víctima lo identificara y exigirle la firma de un acuerdo de confidencialidad. La víctima quedaba así aislada de su entorno: no podía comentar la situación con familiares, amigos ni colegas.
Una vez establecido ese cerco, los estafadores solicitaban capturas de pantalla de cuentas bancarias y advertían que las cuentas no confirmadas podían ser bloqueadas o confiscadas. Para sostener la presión, el manual exigía actualizaciones de paradero cada cuatro horas, justificadas con la advertencia de que otras personas involucradas en casos similares habían recibido amenazas o les habían robado sus teléfonos.
Ingeniería social industrializada
Hai Luong, investigador de criminología de la Universidad de Griffith, señaló que el guion refleja un proceso de industrialización del fraude mediante la estandarización de roles, capacitación y narrativas ensayadas. Según el especialista, el documento combina escalada gradual, jerga legal y mecanismos de verificación de identidad para generar credibilidad, y permite que operadores poco calificados ejecuten engaños complejos de manera confiable a través de distintos países.
El superintendente interino de la AFP, Nuckhley Succar, calificó el material como «sofisticado, convincente y diseñado para explotar la confianza de las víctimas mediante ingeniería social». Advirtió además que la agencia jamás solicita datos bancarios ni dinero por teléfono o videollamada, y que ante cualquier llamado de ese tipo la recomendación es cortar de inmediato.
Operación Firestorm y el contexto regional
En febrero de este año, el Centro Nacional Antifraude de Australia envió mensajes de texto a 300 personas cuyos datos personales fueron encontrados en documentos del complejo de O’Smach. La AFP lanzó la Operación Firestorm en agosto de 2024 y desde entonces colaboró con organismos de cinco países en investigaciones que derivaron en 560 detenciones y el desmantelamiento de 15 centros de estafa en el sudeste asiático.
Según la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, los australianos perdieron 2.180 millones de dólares en estafas durante 2025. Succar subrayó que los ataques dirigidos a ciudadanos australianos se concentran principalmente en Camboya, Laos, Tailandia, Filipinas, Vietnam y Myanmar, y que los centros operan frecuentemente con el respaldo de redes delictivas organizadas de gran envergadura.
Las organizaciones de derechos humanos han documentado que muchos de los operadores que trabajan en estos complejos son extranjeros reclutados con falsas promesas de empleo legítimo, que luego son obligados a cometer ciberdelitos bajo amenaza de violencia.
Fanático de Asia, periodista part-time.
