El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció ayer jueves restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric, a quienes acusa de haber comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionado la seguridad regional del hemisferio occidental.
Según fuentes diplomáticas consultadas por medios chilenos, los afectados serían el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y un tercer funcionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.
En su comunicado, Rubio señaló que estas personas «dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones», por lo que tanto ellos como sus familiares directos quedan inhabilitados para ingresar a territorio estadounidense y sus visas vigentes han sido revocadas.
El trasfondo de las sanciones es el proyecto Chile-China Express (CCE), una iniciativa impulsada por el gobierno de Boric que busca conectar mediante un cable submarino de fibra óptica la ciudad de Valparaíso con Hong Kong. Washington ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por los riesgos de seguridad que implicaría que China controle nodos estratégicos de transmisión de datos en América del Sur.
El pasado 12 de febrero, el embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd, se reunió con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y fue enfático al respecto: «Conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con el cable Humboldt. Los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales», escribió Judd tras el encuentro.
La preocupación no es exclusivamente bilateral. Analistas y legisladores chilenos han advertido que países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Ecuador también podrían ver parte de su tráfico de datos enrutado a través del CCE, convirtiendo el proyecto en un asunto de seguridad regional. La legislación china de ciberseguridad e inteligencia nacional obliga a empresas que operan infraestructura en el país a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado, lo que alimenta los temores de que Pekín pudiera acceder a información sensible de millones de latinoamericanos.
En su comunicado, Rubio también aprovechó para enviar un mensaje político: «Al finalizar su mandato, el legado del gobierno del Presidente Boric quedará aún más empañado por acciones que, en última instancia, socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno», afirmó, y expresó su expectativa de avanzar en «prioridades compartidas» con la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast.
Ni el Ministerio de Transportes ni la Subtel respondieron a las consultas de los medios al cierre de esta edición.
Co-fundador de ReporteAsia.
