El gobierno japonés finalizará este viernes un masivo paquete económico valuado en aproximadamente 21,3 billones de yenes (135.000 millones de dólares) para combatir el aumento del costo de vida, mientras la primera ministra Sanae Takaichi prioriza el gasto fiscal como motor del crecimiento económico.
Este primer paquete de estímulo bajo el mandato de Takaichi —quien asumió el cargo el mes pasado— alcanzará probablemente los 42,8 billones de yenes al combinarse con el gasto de gobiernos locales y el sector privado, según fuentes cercanas al asunto. La cifra supera ampliamente los 39 billones de yenes del paquete del año anterior.
Las medidas, que serán aprobadas por el gabinete durante la jornada, buscan apuntalar la cuarta economía mundial ante la preocupación de que aranceles estadounidenses más elevados perjudiquen tanto a empresas como a hogares comunes.
Además de medidas de alivio inflacionario de corto plazo, el gobierno planea impulsar inversiones en sectores considerados vitales para la gestión de crisis y la seguridad nacional, como la construcción naval y la inteligencia artificial. Takaichi espera que estas inversiones estratégicas también eleven el crecimiento económico de largo plazo del país.
Para financiar el paquete, el gobierno elaborará un presupuesto suplementario de 17,7 billones de yenes para el año fiscal que termina en marzo, con el objetivo de promulgarlo antes de que concluya el actual período de sesiones de la Dieta en diciembre. La suma superaría los 13,9 billones de yenes del presupuesto suplementario del ejercicio anterior, reflejando el impulso de Takaichi hacia un gasto fiscal agresivo.
La perspectiva de un paquete de estímulo de gran escala ha provocado en días recientes una venta masiva del yen y de bonos del gobierno japonés, alimentada por preocupaciones del mercado sobre el deterioro de la salud fiscal del país —ya la peor entre las economías avanzadas, con una deuda superior al doble del tamaño de la economía.
Entre las medidas específicas figuran pagos en efectivo de 20.000 yenes por hijo, lo que requerirá que el gobierno asigne alrededor de 400.000 millones de yenes. También se distribuirán vales de arroz por valor de 3.000 yenes por persona a través de gobiernos locales, según la fuente consultada.
El gobierno incorporará además al paquete los efectos de eliminar un impuesto provisional a la gasolina y elevar el umbral de ingresos libre de impuestos, como parte de los esfuerzos por reducir la carga financiera sobre los hogares.
Los presupuestos suplementarios de Japón han superado los 10 billones de yenes en años recientes, muy por encima de los varios billones de yenes típicos antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, algunos economistas cuestionan la eficacia de tales paquetes, advirtiendo que estimular la demanda en una fase inflacionaria podría elevar aún más los precios y apretar el bolsillo de las familias.
Para enfrentar el aumento de precios de alimentos, el gobierno central destinará 2 billones de yenes en subsidios a gobiernos locales para que implementen sus propias medidas, incluyendo los vales de arroz mencionados.
El paquete también asignará 500.000 millones de yenes en subsidios para facturas de electricidad y gas durante los primeros tres meses del próximo año, reduciendo los costos energéticos de los hogares en aproximadamente 7.000 yenes en promedio durante ese período.
La apuesta fiscal de Takaichi representa una clara señal de prioridades políticas: crecimiento por sobre consolidación presupuestaria, estimulación sobre austeridad. Pero con los mercados financieros reaccionando nerviosamente ante la creciente deuda pública, queda por verse si la estrategia expansiva logrará impulsar la economía sin desestabilizar la confianza en las finanzas japonesas.
