La cifra de muertos por el incendio que arrasó un complejo de viviendas en Tai Po, en el norte de Hong Kong, subió a ciento cincuenta y uno. Aún quedan alrededor de treinta personas sin localizar mientras los equipos de emergencia continúan revisando los restos de los edificios calcinados. Las autoridades informaron que ya inspeccionaron cinco de las siete torres afectadas y que varios cuerpos fueron encontrados en pasillos y escaleras, donde muchos vecinos quedaron atrapados al intentar escapar.
El fuego devastó siete de los ocho bloques de Wang Fuk Court y dejó daños tan profundos que, según la policía, algunos restos quedaron reducidos a cenizas. Esto podría impedir la recuperación completa de todas las personas desaparecidas. Treinta y nueve cuerpos siguen sin identificar y es posible que aparezcan más a medida que avance la búsqueda en la torre donde se habría iniciado el incendio.
Aún no está claro qué lo provocó, pero las primeras investigaciones señalan a una reforma en marcha dentro del complejo. El jefe secretario Eric Chan explicó que parte de la malla utilizada en los trabajos no cumplía con los estándares de resistencia al fuego. De veinte muestras analizadas, siete no pasaron las pruebas de laboratorio, lo que sugiere que el contratista mezcló material adecuado con otro deficiente.
La investigación penal avanza con catorce detenidos, entre ellos ejecutivos de la empresa encargada de la renovación y miembros de la firma consultora contratada para supervisarla. La policía analiza posibles cargos por homicidio por negligencia grave y la Comisión Independiente contra la Corrupción investiga presuntas irregularidades en el proyecto, valorado en trescientos treinta millones de dólares hongkoneses.
El caso tomó un giro político cuando las unidades de seguridad nacional detuvieron a tres personas, incluida una que criticó públicamente al gobierno. Los comentarios de Beijing sobre supuestos intentos de “aprovechar la tragedia para generar caos” avivaron el recuerdo de las protestas de dos mil diecinueve.
El incendio es el peor registrado en Hong Kong desde mil novecientos cuarenta y ocho, cuando un siniestro en un almacén dejó ciento setenta y seis muertos. El jefe ejecutivo John Lee prometió alojamiento temporal y ayuda económica para las familias afectadas, aunque no todos saben si podrán acceder a ese apoyo. La situación de los trabajadores migrantes revela una dimensión adicional del drama. Más de doscientos de ellos vivían en el complejo y al menos diez figuran entre las víctimas, mientras otros siete siguen desaparecidos.
Relatos de quienes sobrevivieron muestran la magnitud humana del desastre. Ngatmi, una trabajadora indonesia de cuarenta y siete años, perdió a una amiga que murió tras poner a salvo al bebé de su empleador. Otra trabajadora teme que su hermana haya quedado atrapada y ruega por su seguridad pensando en los hijos que dejó en su país. Estrella Uanang Bosas, una empleada filipina de cincuenta y siete años, lamenta que se quedó sin empleo y duda si podrá recibir apoyo oficial, dado el estatus frágil de muchos migrantes en la ciudad.
Hong Kong enfrenta ahora la tarea de esclarecer responsabilidades y, al mismo tiempo, sostener a una comunidad golpeada por una tragedia que expuso fallas en la seguridad de las obras públicas, tensiones políticas persistentes y la vulnerabilidad de quienes sostienen la vida doméstica en la ciudad.
