Un capitán de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón es sospechoso de filtrar información clasificada, según informaron el sábado fuentes gubernamentales, la primera vez que sale a la luz una infracción de este tipo desde que entró en vigor la ley de secreto en 2014.
La filtración se produjo cuando un antiguo almirante de las FADM pidió información al capitán a través de otro miembro de las FADM, dijeron las fuentes, aunque se desconoce el contenido de la revelación no autorizada. La unidad de investigación criminal de las Fuerzas de Defensa de Sudán ha iniciado una investigación sobre la presunta filtración, añadieron.
El Ministerio de Defensa tomará medidas disciplinarias contra el capitán y el resto del personal de las FDSM implicado a partir del lunes, señalaron, y añadieron que no se han encontrado pruebas de que la información filtrada se haya facilitado a otro país.
En virtud de la Ley de Secreto, los funcionarios y otras personas que revelen información sensible sobre política exterior, defensa, contraterrorismo y contraespionaje, designada como secreto de Estado, pueden enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión.
Capitán es uno de los rangos más altos del MSDF, después de almirante, vicealmirante y contraalmirante. El ex almirante sirvió en varios puestos clave de la organización, dijeron.
A finales de junio, había un total de 693 secretos de Estado, de los cuales 392 habían sido designados por el Ministerio de Defensa, según la Secretaría del Gabinete.
La filtración se produjo cuando un antiguo almirante de las FADM pidió información al capitán a través de otro miembro de las FADM
Los secretos del Ministerio de Defensa incluyen inteligencia e información obtenida por ondas de radio e imágenes, planes de operaciones militares, así como códigos utilizados por las Fuerzas de Autodefensa y la cantidad de munición que poseen.
La creación de la ley de secretos formaba parte de la política del ex primer ministro Shinzo Abe para reforzar la seguridad del país e intercambiar sin problemas inteligencia militar con su aliado Estados Unidos.
La ley se promulgó a pesar de la preocupación de que el derecho del público a saber se viera menoscabado en nombre de la protección de la seguridad nacional.
De acuerdo con la ley, se requiere autorización de seguridad para que los funcionarios manejen secretos de Estado.
