Corea del Norte ha aumentado el número de delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte, según un informe reciente publicado por el Instituto Surcoreano para la Unificación Nacional (también conocido como KINU, por sus siglas en inglés). El informe revela que entre 2022 y 2023, el régimen de Pyongyang ha enmendado su código penal en cuatro ocasiones y se ha incrementado de 11 a 16 los cargos que podrían llevar a una condena de pena capital.
Este drástico aumento es visto por la comunidad internacional como una clara estrategia del régimen norcoreano para fortalecer su control interno. A través de estas duras medidas, se intenta mantener la seguridad y permanencia del líder Kim Jong-un y su círculo cercano en el poder.
La última enmienda, realizada en diciembre del año pasado, añadió cinco nuevos delitos a la lista de aquellos que conllevan la pena de muerte. Esto significó un fuerte endurecimiento de las leyes penales en el país.
Según el KINU, las reformas al código penal se han llevado a cabo para consolidar la seguridad del régimen. Los cinco delitos recientemente incluidos están vinculados a actos que podrían amenazar la estabilidad del Estado, tales como «agitación y propaganda antiestatal», «producción ilegal de armas y municiones», «uso y transferencia ilegal de explosivos», y la «fabricación y almacenamiento ilegal de explosivos».
Estas adiciones reflejan la creciente preocupación de Pyongyang por posibles levantamientos o insurrecciones internas, así como por el manejo de municiones y explosivos en un contexto donde el país sigue avanzando en su proyecto quinquenal de desarrollo armamentístico.
El endurecimiento de las penas, según el informe, también busca proteger mejor a Kim Jong-un y a su familia, quienes ocupan un lugar central en la estructura de poder de Corea del Norte. El informe sugiere que el régimen está enfocando sus esfuerzos en evitar cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad del líder y el control absoluto que tiene sobre la nación.
Otro aspecto importante que ha aumentado la preocupación de la comunidad internacional y especialmente de Corea del Sue es la eliminación de las referencias a la unificación en el código penal norcoreano.
Este cambio se produjo antes de una reunión clave del partido, en diciembre de 2023, cuando Kim Jong-un describió las relaciones intercoreanas como aquellas entre «dos Estados hostiles entre sí».
Según el Instituto Surcoreano para la Unificación Nacional, esta eliminación marca un cambio en la narrativa oficial de Corea del Norte respecto a su relación con Corea del Sur, alejándose de la idea de reconciliación y unificación, y abrazando una postura más beligerante.
En aquella reunión, Kim hizo énfasis en que «no tiene sentido buscar la reconciliación y unificación» con el Sur, lo que llevó a la eliminación de las cláusulas relacionadas con este tema del código penal. Este cambio es una clara demostración de que el régimen está adoptando una postura más agresiva y confrontacional hacia su vecino del sur.
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Además de los nuevos cargos que conllevan la pena de muerte, el informe también menciona que se ha llevado a cabo un endurecimiento general en las penas para otros delitos considerados menores en otros países.
Se ha creado un nuevo cargo que castiga con hasta cinco años de trabajos forzados y reeducación el dañar una bandera o cualquier símbolo nacional. De esta forma se puede ver cómo el régimen intenta mantener su poder al exigir una la lealtad absoluta y el respeto a los símbolos del Estado.
Por otro lado, aquellos que inventen o propaguen rumores que puedan causar caos social ahora enfrentan una pena de hasta diez años de reeducación, un incremento significativo respecto a los tres años que contemplaba la ley anteriormente.
Este endurecimiento de las penas parece estar orientado a controlar cualquier disidencia o crítica hacia el régimen en un contexto donde la influencia de la información y cultura externas está cada vez más presente, a pesar de los esfuerzos del gobierno por aislar a la población.
El informe del KINU concluye que estas reformas son indicativas de un régimen que se siente vulnerable ante los posibles desafíos internos. Si bien las ejecuciones han sido una herramienta constante de control en Corea del Norte, el aumento de los delitos sujetos a la pena capital muestra que el régimen está reforzando su aparato represivo en respuesta a las crecientes tensiones sociales y políticas.












