En materia de emprendimiento, los empresarios privados exitosos de China deberían figurar entre los más resilientes del mundo. Para prosperar en un entorno donde se les trata como ciudadanos de segunda clase en comparación con las empresas estatales, deben afrontar importantes desafíos: acceso limitado a los mercados y al crédito bancario, políticas gubernamentales impredecibles, medidas regulatorias drásticas y repentinas, burócratas que explotan su poder para beneficio propio, acoso frecuente por parte de organismos administrativos como los departamentos de salud y seguridad contra incendios, y presiones sociales e ideológicas debido a su riqueza.
Sin embargo, incluso los más resilientes tienen sus límites. Desde abril, al menos cinco prominentes líderes empresariales de 50 años en las provincias de Zhejiang, Hubei y Guangdong se han suicidado saltando. Esto ha generado preocupación y un profundo análisis en toda China sobre cómo apoyar al asediado sector privado y proteger a sus emprendedores.
Entre ellos, la muerte de Wang Linpeng, el multimillonario de 57 años, presidente de Easyhome, la empresa líder en muebles para el hogar de China, ha atraído mucha atención. Easyhome no solo es un nombre muy conocido, sino que las circunstancias que rodean la muerte de Wang son particularmente desconcertantes.
Según anuncios de la empresa e informes de medios de comunicación de China continental, Wang se suicidó el 27 de julio, pocos días después de ser liberado por las autoridades de Hubei. El 17 de abril, Easyhome reveló que Wang había sido detenido por investigadores anticorrupción y que las acciones de su empresa habían sido congeladas. El 23 de julio, pocos días antes de su muerte, la empresa anunció el levantamiento de su detención y que había reanudado sus funciones.
Los motivos de la detención de Wang siguen sin estar claros. Sin embargo, estas tragedias han intensificado la preocupación de que las autoridades locales, lidiando con déficits presupuestarios, sigan atacando a las empresas privadas mediante la aplicación de la ley con fines de lucro, convirtiendo las investigaciones en operaciones lucrativas.
Para agravar la tragedia, estas muertes se producen en un momento en que muchos creen que el peor período para el sector privado chino ya ha pasado. Las empresas privadas sufrieron un doble golpe: las estrictas políticas de cero COVID y las duras medidas regulatorias en sectores como la tecnología, los videojuegos y las clases particulares. Las autoridades criticaron al sector privado por los excesos percibidos y un «crecimiento descontrolado».
Estos acontecimientos llevaron la confianza del sector privado a mínimos históricos, pero desde principios de este año han surgido indicios de mejora. En febrero, los principales líderes de China convocaron un simposio de alto perfil con influyentes magnates, prometiendo pleno apoyo al sector privado, la primera reunión de este tipo en siete años. En mayo, Pekín aprobó una ley para impulsar las empresas privadas, reconociendo su papel fundamental en el impulso del crecimiento económico y comprometiéndose a proteger sus derechos.
Mientras Pekín elabora el decimoquinto plan quinquenal y se espera que alcance una tasa de crecimiento anual del 5 % en los próximos cinco años, un sector privado dinámico es fundamental para lograr el objetivo. Las empresas privadas contribuyen con el 60 % del producto interior bruto de China y representan más del 80 % del empleo total. Es más, el éxito de DeepSeek AI y las crecientes ventas de vehículos eléctricos de China muestran que las empresas privadas ahora lideran los esfuerzos de innovación de China, muy por delante de las empresas estatales.
A pesar de estos avances positivos, las recientes muertes ponen de relieve la brecha entre las promesas de Pekín y la realidad. La agresiva campaña anticorrupción de China, si bien necesaria, ha exacerbado inadvertidamente los desafíos.
En las dos primeras décadas de las reformas económicas chinas, el sector privado surgió en un entorno poco regulado donde la corrupción era rampante. Muchas empresas privadas recurrieron a prácticas como la evasión fiscal, el contrabando o el soborno a funcionarios para obtener aprobaciones o licencias de proyectos.
Históricamente, las iniciativas anticorrupción se centraban en los funcionarios corruptos, mientras que eximían a los empresarios que pagaban sobornos. Sin embargo, en los últimos años, la campaña se ha centrado en abordar la colusión entre funcionarios y empresarios, lo que ha provocado la detención prolongada de numerosos líderes empresariales privados, a menudo sin justificación alguna.
Mientras tanto, también se han dado casos de empresarios privados a los que se les ha impedido salir de China, a pesar de no ser objeto de una investigación, sino estar vinculados a otros casos bajo investigación, una medida conocida como prohibición de salida. El impacto de estas detenciones o prohibiciones es profundo para las empresas privadas.
En las empresas estatales, es poco probable que la destitución de altos ejecutivos afecte las operaciones. Para las empresas privadas, la detención de un fundador o propietario puede ser catastrófica, ya que su reputación y finanzas suelen estar vinculadas a él. Una empresa privada en la mira de los investigadores anticorrupción puede ver congeladas sus cuentas corporativas, lo que paraliza sus operaciones y puede provocar despidos y el colapso de la empresa.
Un hecho particularmente preocupante es el uso extendido de la detención liuzhi, una medida originalmente diseñada para detener a funcionarios estatales o del partido hasta seis meses sin cargos formales, a menudo en instalaciones secretas. Esta práctica se ha extendido ahora a figuras del sector privado y del extranjero.
El supuesto suicidio de Wang y sus repercusiones deberían servir como una llamada de atención para las autoridades chinas. Si bien es esencial abordar la colusión entre funcionarios y empresarios, el gobierno debe actuar con moderación al atacar al sector privado, teniendo en cuenta el contexto histórico y el panorama general de la estabilidad social, dado que las empresas privadas son los principales empleadores del país.
Además, si bien el Partido Comunista podría tener sus razones para usar el liuzhi para combatir la corrupción interna, debería abstenerse de extender su uso a empresarios no afiliados al partido o extranjeros, lo cual contradice el compromiso de Pekín de defender el Estado de derecho.
Incluso si las autoridades cuentan con las pruebas necesarias para presentar cargos contra empresarios, deberían acatar estrictamente la ley y permitir que los acusados tengan acceso a abogados. Estas son medidas necesarias para restaurar la confianza de los empresarios privados, en quienes Pekín confía para impulsar el crecimiento económico.
Nota: este es un artículo republicado con autorización expresa de su autor. Link al artículo original.
Ex editor en jefe del South China Morning Post (SCMP). Tiene una maestría en periodismo y una licenciatura en inglés. Durante 20 años se desempeñó en el China Daily y fue corresponsal de la BBC China. Ahora reside en Beijing como asesor editorial del SCMP.
