Los informes sobre líderes empresariales chinos que se quitaron la vida han suscitado preocupación sobre cómo apoyar al asediado sector privado y proteger a sus empresarios. En materia de emprendimiento, los empresarios privados exitosos de China deberían figurar entre los más resilientes del mundo.
Para prosperar en un entorno en el que son tratados como ciudadanos de segunda clase en comparación con las empresas estatales, deben enfrentar desafíos importantes : acceso limitado a los mercados y al crédito bancario, políticas gubernamentales impredecibles, medidas regulatorias repentinas y severas, burócratas que explotan el poder para obtener ganancias personales, acoso frecuente de agencias administrativas como los departamentos de salud y seguridad contra incendios, y presiones sociales e ideológicas debido a su riqueza.
Sin embargo, incluso los más resilientes tienen sus límites. Desde abril, al menos cinco prominentes empresarios de 50 años en las provincias de Zhejiang, Hubei y Guangdong se han suicidado saltando. Esto ha generado preocupación y un profundo análisis en toda China sobre cómo apoyar al asediado sector privado y proteger a sus emprendedores.
Entre ellos, la muerte de Wang Linpeng, el multimillonario de 57 años, presidente de Easyhome, la empresa líder en muebles para el hogar de China, ha atraído mucha atención. Easyhome no solo es una marca conocida , sino que las circunstancias que rodean la muerte de Wang son particularmente desconcertantes.
Según anuncios de la empresa e informes de medios de comunicación de China continental, Wang se suicidó el 27 de julio, pocos días después de ser liberado por las autoridades de Hubei. El 17 de abril, Easyhome reveló que Wang había sido detenido por investigadores anticorrupción y que las acciones de su empresa habían sido congeladas. El 23 de julio, pocos días antes de su muerte, la empresa anunció el levantamiento de su detención y que había reincorporado a sus funciones.
Los motivos de la detención de Wang siguen sin esclarecerse. Sin embargo, estas tragedias han intensificado la preocupación de que las autoridades locales, lidiando con déficits presupuestarios, sigan atacando a empresas privadas mediante la aplicación de la ley con ánimo de lucro, convirtiendo las investigaciones en operaciones lucrativas.
Para agravar la tragedia, estas muertes se producen en un momento en que muchos creen que el peor período para el sector privado chino ya ha pasado. Las empresas privadas sufrieron un doble golpe: las estrictas políticas de cero COVID y las severas medidas regulatorias en sectores como la tecnología , los videojuegos y las clases particulares. Las autoridades criticaron al sector privado por los excesos percibidos y un crecimiento descontrolado.
Estos acontecimientos llevaron la confianza del sector privado a mínimos históricos, pero desde principios de este año han surgido indicios de mejora. En febrero, los principales líderes de China convocaron un simposio de alto perfil con influyentes magnates, prometiendo pleno apoyo al sector privado, la primera reunión de este tipo en siete años. En mayo, Pekín aprobó una ley para impulsar a las empresas privadas, reconociendo su papel crucial en el impulso del crecimiento económico y comprometiéndose a proteger sus derechos.
Mientras Pekín elabora su decimoquinto plan quinquenal y se espera que alcance una tasa de crecimiento anual del 5 % en los próximos cinco años, un sector privado dinámico es fundamental para alcanzar este objetivo. Las empresas privadas aportan el 60 % del producto interior bruto (PIB) de China y representan más del 80 % del empleo total. Además, el éxito de DeepSeek AI y el auge de las ventas de vehículos eléctricos chinos demuestran que las empresas privadas lideran ahora los esfuerzos de innovación en China, muy por delante de las empresas estatales.
A pesar de estos avances positivos, las muertes recientes ponen de relieve la brecha entre las promesas de Pekín y la realidad. La agresiva campaña anticorrupción de China , si bien necesaria, ha exacerbado inadvertidamente los desafíos.
En las dos primeras décadas de las reformas económicas de China, el sector privado surgió en un entorno poco regulado donde la corrupción era rampante. Muchas empresas privadas recurrieron a prácticas como la evasión fiscal , el contrabando o el soborno a funcionarios para obtener la aprobación o licencias de proyectos.
Históricamente, las iniciativas anticorrupción se centraban en los funcionarios corruptos, mientras que eximían a los empresarios que pagaban sobornos. Sin embargo, en los últimos años, la campaña se ha centrado en abordar la colusión entre funcionarios y empresarios, lo que ha provocado la detención prolongada de numerosos líderes empresariales privados , a menudo sin justificación.
Mientras tanto, también se han dado casos de empresarios privados a los que se les ha impedido salir de China, a pesar de no ser objeto de una investigación, sino estar vinculados a otros casos bajo investigación, una medida conocida como prohibición de salida . El impacto de estas detenciones o prohibiciones es profundo para las empresas privadas.
En las empresas estatales, es poco probable que la destitución de altos ejecutivos afecte las operaciones. Para las empresas privadas, la detención de un fundador o propietario puede ser catastrófica, ya que su reputación y finanzas suelen estar ligadas a él. Una empresa privada investigada por investigadores anticorrupción puede ver congeladas sus cuentas corporativas, lo que paraliza sus operaciones y podría provocar despidos y el colapso de la empresa.
Un avance particularmente preocupante es el uso extendido de la detención liuzhi , una medida originalmente diseñada para detener a funcionarios estatales o del partido hasta seis meses sin cargos formales, a menudo en instalaciones secretas. Esta práctica se ha extendido ahora a figuras del sector privado y del mundo empresarial extranjero.
El supuesto suicidio de Wang y sus repercusiones deberían servir de advertencia a las autoridades chinas. Si bien es esencial abordar la colusión entre funcionarios y empresarios, el gobierno debe actuar con moderación al atacar al sector privado, considerando el contexto histórico y el panorama general de la estabilidad social, dado que las empresas privadas son los principales empleadores del país.
Además, si bien el Partido Comunista puede tener sus razones para utilizar el liuzhi para combatir la corrupción interna, debería abstenerse de ampliar su uso para cubrir a dueños de empresas que no son miembros del partido o extranjeros, lo que contradice el compromiso de Beijing de defender el estado de derecho.
Incluso si las autoridades cuentan con las pruebas necesarias para presentar cargos contra empresarios, deben acatar estrictamente la ley y permitir que los acusados tengan acceso a abogados. Estas son medidas necesarias para restaurar la confianza de los empresarios privados, en quienes Pekín confía para impulsar el crecimiento económico.
Nota: esta es un artículo republicado del medio «South China Morning Post» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.
Ex editor en jefe del South China Morning Post (SCMP). Tiene una maestría en periodismo y una licenciatura en inglés. Durante 20 años se desempeñó en el China Daily y fue corresponsal de la BBC China. Ahora reside en Beijing como asesor editorial del SCMP.
