China introdujo el miércoles un hito en su gobernanza económica con la ley de promoción del sector privado, que entrará en vigor el 20 de mayo. Se trata de la primera ley del país dedicada a promover y proteger integralmente a las empresas privadas. Llega en un momento clave en el que China busca revitalizar el crecimiento económico, abordar las persistentes preocupaciones de los inversores y fortalecer el papel del sector privado como motor del desarrollo.
Para los observadores experimentados de la evolución de la política china, esta ley representa algo más que un gesto simbólico; constituye un compromiso institucional importante para proporcionar certeza jurídica y apoyo estructural al sector privado. Sin embargo, la verdadera prueba será su implementación efectiva en las diversas regiones e industrias del país.
Las empresas privadas han sido durante mucho tiempo esenciales para la economía china, aportando más del 60 % del PBI, el 70 % de las innovaciones tecnológicas y el 80 % del empleo urbano. No obstante, a pesar de su papel indispensable, estas empresas han tenido que desenvolverse en un entorno marcado por la ambigüedad normativa, la aplicación inconsistente de las políticas y un trato desigual en comparación con las empresas estatales (SOEs).
La nueva ley está diseñada para abordar estos desafíos reforzando la protección de los derechos de propiedad, garantizando el acceso equitativo al mercado y mejorando los mecanismos de apoyo financiero.
Específicamente, establece la protección de los activos legales de las empresas privadas, prohibiendo la intervención gubernamental no autorizada, la expropiación o las sanciones arbitrarias. Este compromiso es crucial para restaurar la confianza entre los empresarios privados que, en los últimos años, se han enfrentado a una creciente incertidumbre regulatoria.
En cuanto al acceso al mercado, la ley establece que las empresas privadas deben recibir el mismo trato que las estatales en ámbitos como la entrada al mercado, licencias y contrataciones públicas. Este principio de «neutralidad competitiva» busca eliminar las barreras históricas que han limitado la participación del sector privado en sectores clave como la energía, las telecomunicaciones y las finanzas.
En lo relativo al financiamiento, uno de los desafíos más persistentes del sector privado, la ley insta a las instituciones financieras a mejorar los servicios dirigidos a estas empresas. Se promueve una mayor diversificación de los canales de financiamiento, desde préstamos bancarios y garantías crediticias hasta instrumentos del mercado de capitales, con especial atención a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
El éxito de esta ley dependerá de su implementación a nivel local, donde se producen gran parte de las fricciones entre las empresas privadas y los reguladores.
Debe priorizarse la simplificación administrativa. Racionalizar los procedimientos de licencias, registro y cumplimiento, especialmente para las PyMEs, reducirá la carga burocrática y fomentará un entorno más favorable para los negocios.
Además, es fundamental reforzar los mecanismos de aplicación legal. Esto significa garantizar que las empresas privadas tengan acceso a procesos judiciales justos y transparentes, tanto para resolver disputas comerciales como para proteger la propiedad intelectual.
Para concretar la promesa de competencia leal de la ley, deben aplicarse con vigor las regulaciones antimonopolio y contra la competencia desleal. El proteccionismo local y los subsidios encubiertos a las empresas estatales siguen siendo obstáculos que distorsionan la dinámica del mercado. Establecer organismos de supervisión independientes y realizar auditorías periódicas sobre la equidad del mercado puede ayudar a generar una confianza genuina en el sistema.
Es importante que la evaluación del desempeño de los funcionarios locales incluya métricas claras relacionadas con la vitalidad del sector privado, como las mejoras en el acceso al mercado, el número de nuevas empresas privadas creadas y el crecimiento de las PyMEs, junto con indicadores tradicionales como el PBI.
Actualmente, las principales preocupaciones del sector privado son la previsibilidad y el acceso al financiamiento. Los cambios regulatorios en sectores como la tecnología y la educación en los últimos años han generado inquietud, lo que subraya la necesidad de una mayor coherencia en las políticas.
En materia de financiamiento, se necesitan soluciones innovadoras. Se deben fomentar las evaluaciones crediticias basadas en tecnologías financieras (fintech) que utilicen datos de registros fiscales, transacciones de comercio electrónico y cadenas de suministro para brindar evaluaciones de crédito más precisas. Esto puede ayudar a cerrar la brecha de financiamiento para las PyMEs, que a menudo tienen dificultades con los préstamos tradicionales basados en garantías.
También es fundamental expandir los programas gubernamentales de garantías de préstamos, especialmente en regiones donde el capital privado es escaso. Establecer plataformas regionales de mejora crediticia puede mitigar los riesgos de los bancos al otorgar créditos y estimular la inversión en industrias emergentes.
Además, hacer cumplir los pagos a tiempo a proveedores del sector privado, especialmente por parte de empresas estatales y entidades del sector público, puede mejorar significativamente el flujo de caja de las PyMEs, un punto de dolor histórico que afecta la sostenibilidad de muchos negocios.
Para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas privadas, debe existir un diálogo más institucionalizado entre el gobierno y el sector empresarial. Establecer mecanismos formales de consulta, como consejos industriales o mesas redondas periódicas sobre políticas, puede garantizar que las voces de los empresarios privados sean escuchadas y tenidas en cuenta en la elaboración de políticas.
Se pueden realizar experimentos en zonas piloto para innovaciones regulatorias, permitiendo que los gobiernos locales prueben políticas flexibles en materia tributaria, administración digital y gestión laboral. Los proyectos exitosos pueden escalarse a nivel nacional, creando un ecosistema dinámico para la reforma empresarial.
Más allá de las políticas, también es importante cultivar una cultura de emprendimiento. Reconocer las contribuciones de las empresas privadas mediante distinciones públicas, campañas en los medios e iniciativas educativas puede fortalecer el apoyo social al espíritu emprendedor y la innovación.
La ley de promoción del sector privado es un hito en el camino de China hacia una economía más equilibrada y dinámica. Al consagrar protecciones legales para las empresas privadas, ofrece tranquilidad a empresarios e inversores al demostrar que el sector privado no solo es reconocido, sino activamente respaldado como motor central de la modernización del país.
Nota: este es un artículo republicado del medio «CGTN» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.
Matteo Giovannini es un profesional financiero en el Banco Industrial y Comercial de China y miembro de Diálogo Global de Jóvenes Líderes.
