En una inusual admisión de culpa, el gobierno de la Alianza Democrática Nacional, liderado por Narendra Modi, reconoció durante una reunión multipartidaria que hubo una “falla” que permitió el ataque en Pahalgam, en Jammu y Cachemira. Tal vez el aparato de seguridad se vio tan sacudido por el inesperado asesinato de 26 civiles —todos salvo uno eran turistas— que no tuvo más opción que reconocer el error.
Las masacres perpetradas por grupos terroristas con base en Pakistán, dirigidas contra peregrinos de Amarnath, comunidades minoritarias y turistas —tras identificar su religión— no son nuevas en Jammu y Cachemira. Sin embargo, este es el mayor ataque contra turistas desde el inicio de la insurgencia en 1990.
El mayor bochorno para el partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) es el fracaso de su narrativa de que el terrorismo en J&K había sido erradicado tras la derogación de los artículos 370 y 35A de la constitución en agosto de 2019. Se hicieron afirmaciones similares durante la desmonetización, aunque esas ya fueron cómodamente olvidadas. Entre sus errores políticos de cálculo, el BJP probablemente subestimó el potencial de desestabilización de Pakistán y sobreestimó el apoyo sostenido de EE.UU. para controlar a su vecino hostil.
Quienes siguen de cerca la situación en Cachemira saben desde hace tiempo que, aunque Pakistán puede tardar en reactivar el flujo de infiltración, conserva la capacidad para reactivar su infraestructura terrorista. Además, los grupos armados cuentan con un suministro prácticamente ilimitado de combatientes, que pueden ser desplegados cuando sea necesario. Por eso la infiltración desde Pakistán continuó de manera intermitente, tanto en el Valle como en la región de Jammu, incluso cuando reinaba una aparente calma.
El ministro de la Unión, Kiren Rijiju, no dio detalles sobre qué significaba la “falla”, pero su declaración plantea varias preguntas. ¿No había inteligencia procesable sobre el movimiento de terroristas en la zona? ¿Hubo una mala lectura de la situación en el terreno o de las intenciones de Pakistán? ¿O peor aún, se ignoró que la paz relativa celebrada en Delhi era frágil y engañosa, dada la continua infiltración, aunque fuera a menor escala?
Quizás la respuesta a todas esas preguntas sea afirmativa. De lo contrario, ¿por qué Delhi no se alarmó cuando, el 14 de marzo, el portavoz del ejército paquistaní, el teniente general Ahmed Sharif, amenazó no solo a separatistas baluches por el secuestro del tren Jaffar Express en Baluchistán, sino también a sus “patrocinadores” (el gobierno talibán interino en Afganistán) y “facilitadores” (India)? India calificó la acusación de infundada y no fue más allá.
Incluso sin inteligencia específica sobre un ataque planeado, una alerta general y un despliegue adecuado de tropas podrían haber disuadido los movimientos de grupos armados en zonas frecuentadas por turistas.
Lo que hace particularmente singular el ataque en Pahalgam —y que posiblemente lo vincula a la violencia separatista en Pakistán— es que, a diferencia de incidentes anteriores, los terroristas perdonaron a mujeres y niños. Esto genera sospechas de que el ataque fue una represalia por el secuestro del Jaffar Express, en el que los separatistas baluches también liberaron a mujeres y niños.
La única forma de represalia posible para Pakistán fue a través de sus grupos terroristas en Cachemira. De ahí el despliegue de militantes del grupo Lashkar-e-Taiba, que posiblemente se habían infiltrado previamente y fueron movilizados fácilmente. De hecho, la violencia dirigida contra fuerzas de seguridad por parte de grupos armados ha continuado en la región de Jammu desde 2023.
La amenaza del portavoz del ejército fue seguida por declaraciones del jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, quien aseguró que la institución no había abandonado su apoyo al pueblo de Jammu y Cachemira y reiteró que la región sigue siendo la “vena yugular” de Pakistán.
Nada nuevo ni inesperado. El problema del aparato de seguridad de India es no reconocer que Pakistán nunca aceptó los cambios realizados por India en Jammu y Cachemira el 5 de agosto de 2019. Pakistán aún se considera parte del conflicto y busca reanudar el diálogo.
El enojo de Pakistán, sin embargo, no se limita a esos cambios. A medida que aumentan los ataques de separatistas baluches y del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) dentro de su territorio, Islamabad culpa tanto a India como al gobierno afgano por apoyarlos. También acusa a India de llevar a cabo asesinatos “extrajudiciales y extraterritoriales” de ciudadanos paquistaníes —una acusación que Nueva Delhi niega.
Sin embargo, un informe de The Guardian del 4 de abril de 2024 respaldó parcialmente las afirmaciones de Pakistán, señalando que unos 20 individuos —conocidos terroristas buscados por India— fueron asesinados por desconocidos en Pakistán desde 2020.
Para Munir, aumentar la tensión con India pudo haber sido la única vía para contener el creciente descontento interno, tanto contra él como contra el ejército, acusado de respaldar un régimen ilegítimo y de encarcelar al líder más popular del país, Imran Khan.
Los soldados paquistaníes están bajo creciente amenaza en Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, donde ni siquiera es seguro viajar de civil, como lo demuestran los asesinatos selectivos ocurridos a bordo del Jaffar Express.
Además, los separatistas baluches y los militantes del TTP ahora cuentan con armamento más avanzado, como rifles M4 de fabricación estadounidense con miras térmicas, ideales para emboscadas nocturnas. Estas armas, que usan munición perforante, fueron abandonadas tras la retirada estadounidense de Afganistán en 2021.
Según The Washington Post (14 de abril de 2024), miles de millones de dólares en equipo militar fueron abandonados, y gran parte terminó en manos de insurgentes. La BBC (18 de abril) también informó que “medio millón” de armas estadounidenses se han perdido, vendido o contrabandeado hacia grupos militantes.
En Jammu y Cachemira también se han recuperado rifles M4 de manos de terroristas abatidos. En los últimos dos años, algunos de los ataques más letales contra fuerzas de seguridad en Jammu se perpetraron con estas armas. Hace apenas un mes, cinco militantes paquistaníes recién infiltrados mataron a cuatro policías en Hiranagar (distrito de Kathua) con rifles similares. Es muy probable que el ejército paquistaní haya almacenado estas armas para abastecer a grupos armados que operan contra India.
La relativa calma en la frontera y la Línea de Control desde febrero de 2021 fue una oportunidad para que Delhi tendiera puentes con el pueblo de J&K y consolidara una base de apoyo a la paz. Pero en su lugar, se desperdició la oportunidad al priorizar el control del Territorio de la Unión —primero retrasando elecciones, y ahora debilitando el rol del jefe de gobierno al subordinarlo al gobernador designado.
Cuando fracasó el sueño del BJP de imponer a su propio jefe de gobierno, retrocedió en su promesa de restaurar la condición de estado. Medidas como debilitar a líderes como Omar Abdullah envían el mensaje de que el gobierno central no respeta el mandato del pueblo. Si no se revierte esta situación, solo aumentará la alienación y el enojo en el Valle, con graves consecuencias.
Además, Delhi suele convertir el apoyo espontáneo del pueblo cachemir en resentimiento. Tras el ataque en Pahalgam, los residentes ayudaron a evacuar heridos, ofrecieron sus hogares a turistas, realizaron marchas por la paz —incluso en Sopore, antiguo bastión separatista— y convocaron a un paro. Estos gestos reflejaron el deseo de paz y el rechazo al terrorismo.
Pero el gobierno respondió demoliendo las casas de sospechosos, dejando a familias sin hogar, y arrestando a unos 2.000 cachemires solo por sospecha. Esto ha provocado, una vez más, ataques a estudiantes cachemires en otras partes de India sin provocación alguna. Acciones como estas solo resultan contraproducentes, socavando la cooperación ciudadana necesaria para obtener inteligencia.
Si Delhi reconoce que hubo fallos en Cachemira, ¿cómo espera que sus fuerzas y agencias obtengan información útil si sus propias acciones profundizan la brecha con la población?
El ataque en Pahalgam ha ensombrecido las perspectivas de paz y estabilidad, avivando el riesgo de conflicto entre dos potencias nucleares. Desde su salida de la “lista gris” del GAFI en octubre de 2022, Pakistán ha tenido menos presión internacional y ha accedido a nuevos fondos del FMI.
También está utilizando sus recursos minerales para ganar el favor de EE.UU. El 4 de abril, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio discutió con el viceprimer ministro pakistaní Ishaq Dar sobre posibles colaboraciones en minerales estratégicos, lo que sugiere nuevas oportunidades comerciales. Este acercamiento podría haber envalentonado a Pakistán para escalar tensiones con India.
Una represalia impulsiva en este momento podría sumir a la región en el caos. India debe liderar una estrategia diplomática internacional contra el terrorismo patrocinado por Pakistán, aprovechando plataformas como el GAFI y el FMI. La economía paquistaní sigue dependiendo del favor de EE.UU. y Europa. Ese debe ser el punto de presión.
Es momento de que la diplomacia —no la reacción militar— lidere el camino, asegurando que las preocupaciones de India sean abordadas con firmeza y eficacia.
El presente artículo fue traducido de su versión original con permiso del medio The Wire. Link al artículo original.
Avinash Mohananey fue miembro del Buró de Inteligencia y se especializó en Jammu y Cachemira.
