En 2023, el presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó la Estrategia Nacional del Litio del país. El plan establece un rol protagónico del Estado en la explotación de este mineral tan demandado, con el objetivo de desarrollar una industria sustentable y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos nacionales.
Hasta 2021, Chile representaba aproximadamente el 44% de las reservas mundiales de litio, seguido por Australia (22%), Argentina (10%) y China (7%). Pero más allá del Salar de Atacama, ubicado en el norte, la mayoría de los salares chilenos aún no han sido explotados, a pesar de que el país ya ocupa el segundo lugar mundial en producción de litio, detrás de Australia.
Como parte de la estrategia chilena, el gobierno ha delimitado lotes en 26 salares que se abrirán a la explotación por parte de empresas nacionales e internacionales, mediante la adjudicación de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL).
En enero, el Ministerio de Minería de Chile inició el proceso de concesión de CEOL para seis de estos salares. Ya ha comenzado la consulta a las poblaciones indígenas que viven cerca de estas zonas, como en los salares de Ascotán y Ollagüe en la región de Antofagasta, y el salar de Coipasa en Tarapacá. Al mismo tiempo, los salares reservados para explotación estatal –como Maricunga, Salares Altoandinos y Atacama, donde se planea ampliar la producción– también avanzan con sus respectivas consultas en marcha.
Tanto el gobierno como el sector privado están haciendo progresos en los elementos de desarrollo sostenible de la estrategia: en marzo de 2024 se anunció una red de salares protegidos, y en enero de este año se inauguró el Instituto Nacional del Litio y Salares (Ilisa). Según el gobierno, el instituto “garantizará el desarrollo sustentable de los recursos de litio y salares de Chile”.
En paralelo, muchas de las empresas interesadas en explotar el litio (Eramet, Enami, la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), Albemarle y el Grupo Errázuriz) han manifestado su intención de utilizar tecnologías de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés). Estas tecnologías buscan reducir el impacto ambiental de la minería del litio, reemplazando el método tradicional de evaporación solar y, con ello, minimizando el consumo de agua. Sin embargo, tras consultar a diversos expertos y actores clave, Dialogue Earth ha registrado profundas reservas sobre la posibilidad de que el sector chileno del litio se desarrolle sin impactos ambientales significativos.
Los desafíos
Las únicas compañías mineras que actualmente operan en el Salar de Atacama son SQM (chilena) y Albemarle (estadounidense). Según se informa, sus operaciones requieren más de 63 mil millones de litros de salmuera al año (casi 2.000 litros por segundo) extraídos del subsuelo del desierto. La empresa estatal chilena Codelco se está preparando para ingresar al Salar de Atacama y aumentar su producción, en asociación con SQM, un acuerdo que ha enfrentado objeciones por parte de Tianqi Lithium, empresa china accionista significativa de SQM.
Jaime Aleé, ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile que lleva más de una década trabajando en temas relacionados con la industria del litio, compara esta actividad con la minería del cobre –principal exportación de Chile y producto del que es el mayor productor mundial– y señala a Dialogue Earth: “El impacto es más solapado”. El ingeniero alude a la falta de técnicas estridentes, como el uso de dinamita para abrir túneles o el transporte en camiones de 100 toneladas. “Todo ocurre en silencio y durante un largo período, como un cáncer en la sangre”.
Aunque el impacto de la industria del litio puede parecer menos drástico que el de la minería a cielo abierto, las empresas enfrentan grandes desafíos ambientales.
Los impactos negativos a largo plazo por la extracción intensiva de agua en los ecosistemas locales, ya documentados, así como los efectos sobre prácticas culturales y espirituales, han generado preocupación entre expertos y comunidades. “Nuestra cultura vive una agresión por la extracción de litio debido al tema de nuestras aguas, que para nosotros significan supervivencia”, dice Sonia Ramos, activista ambiental y líder comunitaria del Atacama.
En respuesta, el gobierno ha desarrollado diversas estrategias para mitigar los impactos. Una de las principales ha sido proponer el uso de la tecnología DLE.
Aunque aún no se ha utilizado a gran escala en Chile, varias empresas que ya aplican esta tecnología en otras partes del mundo están desarrollando proyectos en el país. Entre ellas, la china Sunresin. “En China, la empresa ha construido plantas con capacidades que van desde las 2.000 hasta las 20.000 toneladas por año”, explica Emilio Bunel, profesor de ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y consultor en DLE. Añade que, en total, los proyectos de Sunresin producen alrededor de “80.000 toneladas de carbonato de litio utilizando esta tecnología” cada año, principalmente en China. La empresa ya cuenta con una planta piloto en el norte de Chile.
Ingrid Garcés, investigadora de la Universidad de Antofagasta, se muestra preocupada por las tecnologías DLE. Si bien reconoce que prometen mayor eficiencia y menor daño ambiental, advierte: “La implementación de estas tecnologías debe ir acompañada de una rigurosa evaluación de sus impactos socioambientales, para no repetir errores del pasado”.
El gobierno ha destacado que el nuevo Instituto Nacional del Litio (Ilisa) jugará un papel clave en el desarrollo de tecnologías de extracción sustentable. Por ejemplo, Ilisa llevará a cabo investigaciones para caracterizar los salares implicados, lo que puede informar prácticas sostenibles. Asimismo, trabajará para mejorar la recuperación de materiales a lo largo de la cadena de valor del litio, como en el reciclaje de baterías.
Dialogue Earth consultó a Verónica Molina, experta en oceanografía y ecología microbiana de la Universidad de Playa Ancha, en la ciudad de Valparaíso, quien además forma parte del directorio de Ilisa. Molina afirma que se espera que el instituto responda muchas preguntas, pero es importante “transparentar que este organismo no dará respuesta a todos los desafíos de la industria”. Es optimista respecto de la posibilidad de impulsar esfuerzos interdisciplinarios para lograr una minería más sustentable, aunque reconoce que “desde el punto de vista científico, suena muy difícil”.
Molina describe la creación de Ilisa como “sin precedentes”. Sin embargo, mantiene la cautela: “Hasta ahora, solo existen ciertas directrices para su puesta en marcha, y estamos a la espera de la construcción del sitio en Antofagasta”.
Actualmente, el directorio de Ilisa está compuesto por seis miembros. El gobierno ha anunciado que se sumará un integrante más en representación de los pueblos originarios.
Habitantes ancestrales
A medida que la Estrategia Nacional del Litio contempla una mayor explotación de los salares del norte de Chile, varias consultas indígenas están en marcha. En estas zonas, muchas de las áreas destinadas a la extracción se ubican cerca o se superponen con tierras ancestrales de las comunidades.
En el caso de la expansión del Salar de Atacama, miembros de la comunidad atacameña local (que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias) confirmaron que hay varias consultas en curso. Entre ellas, una coordinada por Corfo, la agencia estatal encargada de promover el desarrollo económico.
Leydi Sandon, miembro de la comunidad indígena de Coyo –que vive cerca de la cuenca del salar de Atacama– asegura que participar en múltiples consultas al mismo tiempo ha sido extremadamente agotador. Cree firmemente que esta situación constituye una clara violación de derechos. Sandon sostiene que existe una necesidad urgente de “un árbitro o un observador independiente” que garantice la transparencia y la equidad de estos procesos.
Ercilia Araya lidera la comunidad indígena Colla Pai Ote, cuyas tierras se ubican cerca del salar de Maricunga. Ha sido crítica del proceso de consulta indígena llevado a cabo por Codelco. Acusa una “falta de transparencia” y el “incumplimiento de compromisos”. Araya afirma que su comunidad no puede apoyar el CEOL de Codelco si continúa amenazando fuentes de agua “vitales para nuestra existencia”, como la laguna Santa Rosa.
Un comunicado de prensa de Codelco de 2024 citó a la ministra de Minería, Aurora Williams, quien aseguró que las consultas en Maricunga se estaban llevando a cabo conforme a las disposiciones legales. Durante una visita anterior al salar, al comienzo de las consultas, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, se había comprometido a “generar confianza, fortalecer vínculos y mantener un canal de información fluido” con las comunidades.
Se prevé que durante el primer semestre de este año se anuncien más consultas indígenas. Estas cubrirán proyectos en los salares de Agua Amarga, Piedra Parada y Laguna Verde, todos en la región de Atacama.
Estabilizar el boom
En 2022, Chile vivió un boom del litio, cuando el precio del carbonato de litio alcanzó los 80.000 dólares por tonelada. Ese año, el litio se convirtió en la segunda exportación chilena después del cobre, generando 8.500 millones de dólares y convirtiéndose en un pilar clave de la economía. Entre 2012 y el tercer trimestre de 2023, Chile recaudó más de 7.300 millones de dólares en ingresos por arriendos de propiedades mineras (el 73% provenientes de SQM y el 27% de Albemarle). Actualmente, sin embargo, el precio del litio se encuentra por debajo de los 10.000 dólares por tonelada, aunque Bunel cree que se recuperará, acercándose nuevamente a los 20.000 dólares.
“Las empresas no volverán a generar ese nivel de ganancias”, afirma Bunel, refiriéndose a 2022. Él considera que el foco debe estar en optimizar las operaciones existentes, no en expandirse. Esto podría lograrse en los salares de Atacama y Maricunga mediante la aplicación de DLE, sostiene. Según él, esto permitiría “mejorar la eficiencia y duplicar la producción, sin necesidad de aumentar la extracción en múltiples proyectos pequeños, que en conjunto no igualarían la producción de Atacama”. Aconseja revisar la estrategia actual, especialmente ante las proyecciones de precios.
No obstante, la adjudicación de CEOL para los salares priorizados avanza. Las empresas seleccionadas para desarrollarlos serán anunciadas a fines de marzo. Raúl del Barrio, director ejecutivo de la minera chilena RJR Salar, dijo a Dialogue Earth que el Grupo Errázuriz, junto con la canadiense Lithium Chile, se adjudicarán el salar de Coipasa. En tanto, para el salar de Ascotán, informó que Codelco, Quiborax y Eramet han formado una alianza para la licitación.
Jaime Aleé sigue siendo crítico de la Estrategia Nacional del Litio. Sostiene que el enfoque inicial en minimizar los impactos ambientales ha derivado rápidamente en una lógica centrada en el beneficio económico. Como resultado, asegura, muchos impactos ambientales están siendo ignorados o negados. Está convencido de que el enfoque actual de Chile para la explotación del litio “continuará, sin cambios significativos”.
Nota: esta es un artículo republicado del medio «Dialogue Earth» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.
Barinia Montoya es una periodista freelance de Chile especializada en noticias ambientales. Escribe para El Desconcierto, Mongabay e Interferencia.
