El Comité Presidencial sobre la Neutralidad de Carbono y Crecimiento Verde de Corea del Sur aprobó este lunes una nueva meta nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 53 y 61 por ciento para 2035, tomando como referencia los niveles de 2018. El objetivo supera levemente la propuesta inicial del Gobierno, que planteaba una reducción de entre el 50 y el 60 por ciento.
El Gobierno prevé ratificar el nuevo compromiso este martes en una reunión del Gabinete y presentarlo oficialmente durante la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebra en Belém, Brasil, entre el 11 y el 21 de noviembre.
El anuncio forma parte del cumplimiento del Acuerdo de París, que obliga a los países firmantes a presentar y actualizar cada cinco años sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), en las que se detallan los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Corea del Sur había establecido previamente su meta para 2030 en 2021, comprometiéndose entonces a una reducción del 40 por ciento respecto a los niveles de 2018.
El nuevo objetivo, más exigente, busca acelerar la transición energética del país, aunque no está exento de polémica. Sectores industriales clave, como el petroquímico, siderúrgico y automotriz, han expresado preocupación ante el posible impacto que las nuevas metas podrían tener sobre la competitividad y los costos de producción, especialmente en industrias de alto consumo energético.
En respuesta a esas inquietudes, el Gobierno señaló que el plan para alcanzar la meta incluye una expansión significativa del uso de energías renovables, en particular solar y eólica, junto con el desarrollo de una red eléctrica de próxima generación que permitirá optimizar la distribución y el almacenamiento de energía limpia en todo el país.
Con esta decisión, Corea del Sur busca equilibrar su compromiso con la descarbonización y la necesidad de mantener el crecimiento económico en un contexto global de transición energética. El reto, según analistas, será asegurar que las nuevas políticas climáticas vayan acompañadas de medidas de apoyo para las industrias más afectadas y de inversiones que garanticen la estabilidad energética del país.
