El aumento de los mensajes de odio contra la comunidad rohinyá en Malasia comenzó a tener consecuencias directas sobre la vida de cientos de niños refugiados. En distintas regiones del país, escuelas creadas para ofrecer educación básica a menores desplazados suspendieron sus actividades después de que alumnos y docentes fueran objeto de amenazas, campañas de hostigamiento y denuncias difundidas en redes sociales. Organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que la situación está generando un profundo impacto psicológico en los menores y alimentando un clima de rechazo hacia una población que ya vive en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Entre quienes sufren esa realidad está Nur, una niña rohinyá de doce años que dejó de asistir a clases después de que dos hombres la interceptaran mientras caminaba hacia la escuela. Según relató, los desconocidos la amenazaron y le preguntaron por qué quería estudiar si, según ellos, pretendía quedarse con el país. Desde entonces permanece en su casa por temor a volver a salir.
Su caso no es aislado. Activistas de la comunidad y docentes aseguran que muchos niños sienten miedo incluso de abandonar sus hogares. Explican que el acoso constante no solo afecta su rutina diaria, sino que deja secuelas emocionales difíciles de superar. La activista Sharifah Shakirah sostuvo que el daño provocado por estas amenazas puede acompañar a los menores durante muchos años.
La tensión creció después de que en mayo comenzara a circular una nueva ola de publicaciones ofensivas en plataformas digitales. Los mensajes se difundieron principalmente en redes sociales administradas por Meta y TikTok, tras una polémica relacionada con prácticas de higiene durante un ritual religioso realizado por un grupo de refugiados rohinyás. Poco después apareció una petición en internet que reclamaba la expulsión de esta comunidad y reunió cientos de miles de adhesiones antes de ser retirada por sus responsables luego de las denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos.
El discurso hostil no quedó limitado a comentarios ofensivos. Algunas publicaciones promovían agresiones contra los refugiados e incluso alentaban a localizar sus viviendas para informar a las autoridades. También aparecieron mensajes dirigidos específicamente contra niños, lo que incrementó la preocupación entre las familias y quienes trabajan en los centros educativos.
Aunque Malasia es un país de mayoría musulmana que durante años mostró solidaridad con los rohinyás perseguidos en Myanmar, la percepción pública comenzó a cambiar durante la pandemia. Desde entonces crecieron las acusaciones de que los refugiados representaban una carga para el país, competían por empleos e incumplían normas culturales.
El gobierno malasio no reconoce oficialmente a los rohinyás como refugiados y los considera migrantes en situación irregular, aunque una parte importante de ellos está registrada ante la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Además, la legislación les impide trabajar legalmente y sus hijos no pueden acceder al sistema educativo público, por lo que dependen casi exclusivamente de escuelas administradas por organizaciones civiles o centros de enseñanza informales.
Las autoridades también intensificaron los controles sobre negocios y establecimientos vinculados con la comunidad rohinyá. Varias escuelas fueron clausuradas por carecer de los permisos exigidos, mientras que otras decidieron cerrar preventivamente tras recibir amenazas o convertirse en blanco de campañas en internet.
Los pocos centros que permanecen abiertos adoptaron medidas para proteger a sus estudiantes. Algunos suspendieron las actividades al aire libre y pidieron a los alumnos que dejaran de utilizar uniforme para evitar ser identificados.
Especialistas advierten que la interrupción de la educación tendrá efectos que irán mucho más allá del presente. Consideran que aumentará el riesgo de matrimonios infantiles, mendicidad y otras situaciones de vulnerabilidad entre los menores refugiados. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales cuestionan la capacidad de las plataformas digitales para frenar la difusión de discursos de odio, ya que, aunque parte del contenido denunciado fue eliminado, gran cantidad de publicaciones continúa disponible.
Mientras el debate sobre la responsabilidad de las redes sociales y las políticas del gobierno sigue abierto, cientos de niños permanecen lejos de las aulas. Para Nur, la situación resume el temor de toda una generación. Entre lágrimas, expresó que si no puede volver a estudiar nunca podrá aprender ni construir el futuro que imagina.
